Mixto
Una de las interrogantes que surgen ante propuestas que buscan la asociatividad entre el sector público y los actores privados es el lugar que queda para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Consultado el director nacional del área del Ministerio de Industria y Energía, Pablo Villar, aclaró que la administración pasada y ésta ya llevaron a la práctica proyectos con esta impronta, principalmente en energías renovables y cuando grandes inversiones demandan proveedores externos. “A veces no es fácil y debe hacerse inversiones, pero es un camino promisorio por su efecto multiplicador”, sostuvo en conversación con la diaria, y destacó que la respuesta del sector ha sido interesante en esas ocasiones, “más allá de los riesgos que en la actividad empresarial siempre existen”.
Las asociaciones de actores privados con el sector público es una modalidad que ya se desarrolla en nuestro país pero siempre bajo normativas jurídicas complejas. Asimismo, Uruguay tiene una restricción fiscal que le impide destinar fondos suficientes para infraestructura, según lo señaló días atrás el subsecretario de Economía y Finanzas, Pedro Buonomo, quien concluyó que “es necesario e imprescindible crear mecanismos que permitan complementar a la inversión pública”.
Con este panorama, Buonomo explicó que la iniciativa busca darles seguridades al Estado y a los privados por igual, sin plantear grandes innovaciones: se trata de articular y diseñar en un solo marco legal los procedimientos que hoy ya existen, publicó el portal de Presidencia. La institución que desempeñaría un rol decisivo como contrapartida estatal será la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), cuyo director por la oposición, Rodrigo Goñi (Partido Nacional), apoyó fuertemente el proyecto y abogó para que sus correligionarios lo acompañen en el Parlamento (ver la diaria del 6/9/2010).
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Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Industrias, Diego Balestra, calificó la idea de “razonable”. “Es una buena manera de avanzar en inversiones imprescindibles que el país necesita y que siguen rezagadas”, sostuvo, aunque aclaró no conocer todavía el proyecto oficial. Para el empresario, uno de los puntos fuertes es el papel de la CND, que, si bien es pública, como se rige bajo la lógica de un privado, logra “una modalidad de trabajo asociado y no de dependencia”, destacó en diálogo con la diaria.
Similar visión manifestó el presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui, quien resumió la iniciativa como “un punto de arranque importante. Es lo que el país necesita: sumar a los esfuerzos propios del Estado la capacidad de privados”. Sin embargo, deslizó que parte del éxito para una propuesta radica en acelerar los tiempos de la cosa pública: “Hay que profundizar en la agilización de los trámites porque el proyecto no incluye plazos en los procesos de evaluación, estudio y aprobación, los cuales se pueden eternizar”. Otegui depositó su esperanza en que la posterior reglamentación de la ley contemple estos aspectos.
Por otra parte, la iniciativa abre puertas a las administradoras de fondos de ahorro previsional para expandir el campo de sus inversiones. En entrevista con este medio, el presidente de República AFAP, Luis Costa, expresó gran optimismo: “La [iniciativa] recibimos con muy buena expectativa y mucho interés por varios motivos. Por un lado porque la experiencia que tenemos con obras de infraestructura que ya se han financiado es muy buena, pero principalmente porque nos permite diversificar el portafolio de inversiones con una rentabilidad mejor”.
Además, Costa puso énfasis en que la reciente ley de mejora de las inversiones de las AFAP reduce el límite para invertir en papeles del Estado y aumenta el que incluye obras de infraestructura y desarrollo productivo. Con este nuevo marco jurídico van a verse obligados a disminuir los anteriores tipos de inversiones en favor de los nuevos y “esto nos lleva a buscar otros lugares en los cuales invertir, ¿y qué mejor que esto para motivarnos en la necesidad de canalizar el ahorro por nuevas vías?”, se preguntó.
Olímpico
Puede resultar un poco llamativo que sea el Frente Amplio el que impulse desde el gobierno las inversiones mixtas, aspecto al que los tres entrevistados restaron trascendencia. Y en tren de hacer gestos alentadores, Balestra apuntó que se dejan atrás los aspectos negativos de trabajar con el Estado: “Es otra figura. No es el Estado el contratante o el que paga, sino el que concesiona, situado como socio y con una empresa que tiene su retorno por vender servicios”, explicó.
Siga el baile
Ante tanta expectativa surge la interrogante de por qué la nueva situación sería mejor. Los intereses son comunes y distintos al mismo tiempo. Para Balestra, a los industriales les resulta atractivo porque “resultan inversiones con retorno a mediano plazo, se generan más fuentes de trabajo, las compañías se desarrollan y crecen, logrando utilidades justas junto a un Estado que es partícipe y beneficiario de los cánones que pagan las empresas”.
Desde República AFAP se destaca que este tipo de asociaciones seguramente tendrá mayor rentabilidad que los bonos del Estado porque usualmente demandan tasas más altas, aunque el principal beneficio “viene por el lado de que nunca es bueno estar tan concentrado como lo estamos ahora. Estas asociaciones público-privadas, al abarcar muchas y distintas áreas, dan posibilidades muy diversificadas. Se trata de una situación que obviamente nos va a permitir ampliar la cartera”, remató Costa.
La salud del portafolio
En sus declaraciones, Buonomo hizo hincapié en algunos subsectores, como la infraestructura pública (hospitales y cárceles), transporte (mantenimiento vial, dragado portuario, rediseño del ferrocarril), desarrollo productivo (generación de energías renovables) y turismo (instalación de predios feriales). Consultados sobre dónde piensan que habrá más interés, ninguno de los tres entrevistados quiso aventurarse. Para Otegui, naturalmente se priorizará aquellos rubros en los que “haya oportunidades de hacer negocios. Encuentro que es una ley estructurada para que entren casi todos los sectores”. Asimismo, Balestra mencionó las experiencias similares en otros países para enumerar que el interés se centraría en energía, infraestructura vial y cárceles. Aun sin ver detalles, Costa afirmó que “todas las posibilidades nos interesan mucho. Se trata de diversificar, de tener el abanico lo más amplio posible”. Y apoyándose nuevamente en las ventajas de la amplitud a la hora de invertir, subrayó: “Buscamos que den seguridad y una buena rentabilidad para el trabajador, lo cual genera además nuevos puestos de trabajo y por ende más gente afiliada al sistema. Es un círculo virtuoso”, sintetizó.
Finalmente, el número dos de Economía y Finanzas también se refirió a la asignación de fondos con estos fines: la meta es lograr inversiones anuales, el equivalente a un punto del PIB, que, calculado a su reciente evolución, sería de alrededor de 400 millones de dólares. Sobre el último aspecto, el titular de Construcción cree que se trata de un objetivo “muy importante” y que genera buenas expectativas, aunque advirtió que se debe esperar a ver “qué escenario real tenemos cuando la ley esté operativa”, lo que podría ocurrir a fines de este año o inicios de 2011.