Un proyecto de ley que lleva casi un año dando vueltas por el Parlamento busca encontrar una solución para la difícil situación que atraviesa la industria de la vestimenta, uno de los sectores más afectados por la crisis financiera internacional, pero que ya venía golpeado desde antes.

Para ello, la iniciativa prevé subvencionar con 27 millones de dólares al rubro durante los próximos tres años, con el propósito de mejorar su modelo productivo, promoviendo el mantenimiento del empleo calificado; disminuir la informalidad mediante un sistema de trazabilidad y bajar el empleo precario, regularizando la situación del trabajador a domicilio.

En diciembre, la Comisión de Industria de Diputados aprobó el proyecto, que ahora aguarda por el pleno de la Cámara para su tratamiento y aprobación. Cuando ello ocurra, se creará una comisión asesora integrada por los ministerios de Industria, Trabajo y Economía, que será la encargada de liberar el subsidio, siempre que la industria cumpla con los objetivos de producción, contratación de mano de obra y reconversión de la maquinaria utilizada.

Del monto previsto de nueve millones de dólares anuales, 66% se utilizará para pagar hasta un máximo de 20% de la participación de la masa salarial de cada empresa, y 33% se asignará a proyectos para el desarrollo de sus capacidades productivas: inversión en actualización tecnológica, ampliación de capacidad instalada, capacitación, diseño, innovación y mejoras en la gestión comercial e industrial.

Asimismo, se prevé la instalación de un sistema de trazabilidad que logre disminuir la comercialización de la vestimenta que ingresa al país de contrabando. Para ello se creará el Registro de Empresas de la Vestimenta, que permitirá diferenciar la producción nacional de aquellas que es ingresada ilegalmente al territorio y que se comercializa como “industria uruguaya”.

Fuscaldo criticó duramente “la subfacturación que hay en Aduanas de la vestimenta que se importa”. Detalló que, a Uruguay, “muchas veces [la ropa] llega a la mitad del precio que se paga en Argentina o Brasil”, lo que además “representa una pérdida fiscal importante” para el país. Y opinó sobre por qué sucede: “O porque somos muy inteligentes y conseguimos muy buenos precios o porque los importadores están subfacturando”.

En esa línea, interpretó que la trazabilidad permitirá atender la situación, pero criticó que la obligatoriedad del Registro recién comenzará a regir a dos años de la aprobación legislativa.

Milonga del mucho palo

Para Fuscaldo, el proyecto aún no fue aprobado porque “una parte del Ejecutivo” está poniendo “palos en la rueda” para evitar que salga. Sin dar nombres, pero dejando claro que hablaba de la conducción económica que tiene el país desde 2005, evaluó que “es notorio que en el Ejecutivo hay más de una visión económica”, y que quien traba la aprobación del proyecto es “el que no está de acuerdo con la política sectorial y está más con el neoliberalismo de los [años] 90”.

Sin embargo, entiende que el proyecto será aprobado de todas formas: en primer lugar porque “el presidente [José Mujica] ya dio un mensaje para sacar los palos”, y porque “en el Poder Ejecutivo ninguno tiene los huevos para trancarlo”.

Pese a ello, adelantó que “van a tratar de ponerle todas las modificaciones para que sea un saludo a la bandera”, orientación que provendría de la pasada administración.

Explicó que las trabas comenzaron a aplicarse antes de que se presentara el proyecto porque éste planteaba “cambios estructurales” que “a Uruguay le cuesta mucho realizar”. “En el fondo tenían una solución que podía ser repetida en otros sectores”, por lo que “temían que se contagiaran”. “La estructura de la recaudación fiscal está centrada en el BPS y en el consumo: recaudar por esa vía es socialmente injusto en un momento en que vuelan [los precios de] las materias primas”, sostuvo Fuscaldo, enfatizando que Uruguay está “perdiendo valor agregado de forma sistémica por la carga tributaria social”. De ahí que se proponía “cambiar los tributos de la mano de obra por un Cofis a la vestimenta, lo que compensaba la subfacturación en Aduanas y alivianaba la carga para el productor local”. Sin embargo, esa iniciativa fue quitada del proyecto pese a que “tenía la aprobación de trabajadores, empresarios y de los ministerios de Trabajo e Industria”. Opinó que “eso va contra toda la teoría mercantilista, neoliberal: por eso no les gustaba”, valoró, y prosiguió: “Se sustituyó por un subsidio, respecto del que nosotros estamos conceptualmente en contra. No queremos subsidios porque es una limosna [...]. El resto de la sociedad le paga a la vestimenta para que siga, cuando lo bueno es hacer reformas para que la vestimenta contribuya a la sociedad”, argumentó.

Otro de los cambios -introducido cuando ya estaba a estudio de la Comisión de Industria- fue la reducción del tiempo a tres años, cuando en principio iba a ser por siete, otorgando cinco millones de dólares en los primeros tres, 3.750.000 en los dos siguientes y 2.500.000 dólares en los últimos dos.

Tarde piaste

Respecto de la situación actual del rubro, señaló que hay mercados que están mostrando recuperación y poco a poco comienza a mejorar la situación de las empresas. No obstante, aseguró que en el fondo hay un “problema de costos”. “Si esta ley hubiese salido hace un año y medio habría sido otra cosa, porque la empresa que cerró, cerró”.

Según datos de la Cámara a los que accedió la diaria, de balances de comercio exterior superavitarios registrados por esa industria se pasó a un importante déficit. En 2000 el balance era favorable en 101% a Uruguay, cayendo en 2001 a 37%. Con la crisis de 2002 se produce una leve mejoría en el saldo, pero marcado por una fuerte caída de las importaciones, ya que las ventas al exterior seguían en tendencia descendente.

En 2003 se registró el primer déficit comercial, de 14%, que creció hasta 31% en 2004. En 2005 -también a raíz de menores compras al exterior- vuelve a haber un superávit de 38% que se reduce a 8% en 2006. A partir de entonces se ha registrado una tendencia creciente en el déficit, que alcanzó 24% en 2007, 48% en 2008 y 71% en 2009.

En el acumulado enero-noviembre de 2010 se llevan exportados 37.423.000 dólares (-5,5% contra 2009), mientras que se importó por 146.215.000 dólares (+32%), lo que arroja un déficit de 109%.