La parte y el todo

-¿Cuáles son las principales vías para mejorar el sistema tributario vigente desde 2007? -La principal vía está en el equilibrio que debe tener el sistema, que incluye la equidad, la eficiencia, la compatibilidad administrativa, el estímulo a la inversión. Las trayectorias que han seguido las reformas son las correctas: la disminución del IVA y la mejora en el sistema de deducciones en el IRPF son las mejores medidas en términos de mejorar el sistema.

-¿Debería estudiarse algún impuesto para gravar a aquellos sectores que más se están beneficiando del contexto internacional como proponen algunos sectores del Frente Amplio? -Ésa es una estrategia errónea, particularmente cuando refiere a los impuestos a las empresas. Las empresas desarrollan su actividad, realizan y ejecutan sus proyectos, sobre la base de un escenario previsible de mediano plazo. Entonces una alteración en ese tipo de tributación modifica la rentabilidad de los proyectos y altera decisiones futuras en materia de inversiones adicionales. Por eso hay que ser muy cauteloso con ese tipo de medidas, porque modifican reglas de juego sustanciales.

-Uno de los objetivos de reducir los dos puntos de IVA es compensar la menor recaudación bajando la tasa de evasión del impuesto. ¿Hasta qué punto puede reducirse la evasión? -No hay un piso. Uruguay ha tenido una evolución muy buena en términos de reducción de la evasión, pocas veces visto a nivel internacional. Obviamente, la reducción de puntos adicionales es cada vez más compleja porque hay un rendimiento marginal decreciente en función de los esfuerzos que aplica la administración y, por lo tanto, no le va a resultar sencillo. Pero la administración ha realizado cambios notables de gestión. Eso se puede traducir en una mejora permanente.

-En su disertación se refirió a la importancia del gasto público como elemento redistributivo. ¿Se debe apuntar a mejorar los mecanismos de transferencia como las asignaciones familiares? -Las transferencias a los sectores más desprotegidos son un elemento sustancial en materia de distribución del ingreso, pero también dependen de la realidad socioeconómica de cada país, y así como tiene aspectos positivos tiene aspectos negativos. Uno de los más notorios entre estos últimos es que si no se exigen contrapartidas, pueden generar una sociedad parasitaria.

-¿Entonces dónde debe ponerse el acento? -Uruguay debe apostar a la mejora de las destrezas de sus habitantes para que puedan tener igualdad de oportunidades y puedan desempeñarse correctamente en el mercado laboral. El gasto público más importante es el de la educación. Allí es donde tenemos -y podemos constatar- falencias enormes.

Además de su cargo en la Asesoría Tributaria entre 2002 y 2009, Eibe integró el Comité de Expertos que diseñó la Reforma Tributaria, y en su carrera asesoró a “siete ministros de Economía” entre 1992 y 2009.

Como preludio de su conferencia “Los cambios en el sistema tributario”, organizada por la empresa de servicios financieros Indumex en el comienzo de su ciclo de charlas 2011, Eibe se refirió a la “discusión pública que vincula el rol de los tributos con la distribución del ingreso”, señalando que si bien “es legítimo que las fuerzas políticas hagan sus análisis”, los cuestionamientos a la política económica “están mostrando cierto grado de inmadurez del sistema”. “Por supuesto que la redistribución del ingreso es un objetivo loable en la medida en que aporta a la cohesión social [...], y por supuesto que la política fiscal tiene un rol en esa distribución, pero está absolutamente demostrado que es el gasto público el instrumento más idóneo para promover la distribución del ingreso”, valoró el experto.

Detalló que en Uruguay la presión fiscal se ubica en torno al 18% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que implica un nivel “algo inferior” al de otros países de la región, pero que “su calidad dista de ser compatible con esa presión fiscal”. “Tenemos un problema de calidad-precio en nuestro gasto público”, añadió (ver entrevista).

Al igual que se señala desde el actual equipo económico de gobierno, Eibe dijo que el “sistema tributario tiene que ser visto justamente como un sistema, en el que conviven objetivos de equidad, de eficiencia, de simplicidad, de estímulo a la inversión”. Agregó que eso “plantea dilemas”, porque “cuando mejore la equidad probablemente desmejore la simplicidad, la capacidad recaudadora o la neutralidad”.

Por ese motivo “no se puede plantear una visión hemipléjica, porque los sistemas tributarios tienen que tener estabilidad. No quiere decir que estén escritos en piedra, pero tienen que tener líneas estratégicas que deben permanecer más allá de los gobiernos”, subrayó.

Hay cambio

Eibe detalló que “la reforma de la reforma” que se realizó implica únicamente dos cambios: comienza a tributar IRPF el capital mobiliario en el exterior de los residentes en el país, y se flexibiliza el acceso de la administración tributaria a la información amparada por el secreto bancario.

Respecto del primer punto, detalló que desde el 1º de enero se modificó “exclusivamente el IRPF que grava a las rentas por rendimientos del capital mobiliario en el exterior obtenidas por personas físicas residentes”, como los intereses por bonos y depósitos u otros dividendos provenientes del exterior.

En estos casos se aplica una tasa de 12% sobre el monto bruto de la renta y se liquida cuando ésta se adquiere, como sucede en las condiciones generales del impuesto. Advirtió que no se gravan las rentas por los incrementos de patrimonio originados por activos mobiliarios en el exterior, como, por ejemplo, el del valor de las acciones del exterior. Subrayó que el objetivo de la administración no es recaudar más, ya que los ingresos por esos conceptos serán de poca significación, sino que “los cambios apuntan al principio de equidad”. Al referirse a las transformaciones en torno al secreto bancario, detalló que ahora el propio director de Rentas podrá requerir la información ante la Justicia civil, mediante una solicitud fundada en la presunción de la existencia de un delito de defraudación tributaria; antes, la solicitud debía ser cursada por la administración tributaria ante la Justicia penal.

¿Tas nervioso?

El secreto bancario fue el tema que mayores interrogantes despertó entre los asistentes al evento. Durante la ronda de consultas, Eibe señaló que los cambios se realizan en un contexto internacional que se vio sacudido en los últimos diez años por dos hechos de enorme relevancia: los atentados del 11 de setiembre de 2001, que generaron una ofensiva estadounidense contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y la crisis económica global de 2008, que desencadenó acciones del G7 y el G20 otorgándosele a la OCDE la función de “brazo ejecutor del cumplimiento de las normas de transparencia tributaria”. “El orden económico internacional lo dictan los más poderosos”, sostuvo el experto, explicando que los países chicos como Uruguay pueden “transformarse en parias internacionales” o “adecuarse a estos requerimientos”.

Sin embargo, prosiguió, “antes de todos estos líos” Uruguay ya se encaminaba hacia una estrategia de acuerdos tributarios porque eso contribuye a la atracción de inversiones. Respecto del posible intercambio de información con países de la región, expresó que Uruguay no puede negarse a negociar con sus socios, aunque debe evitar acuerdos hasta tanto no se respeten todas las exigencias del bloque. “Hasta que Uruguay no logre que ese contrato -que es el Mercosur- funcione, creo que no están dadas las condiciones para avanzar en un acuerdo de estas características”.

Por último, subrayó que se debe asegurar el fair play (juego limpio) para el contribuyente. “La creación de juzgados especializados le daría una garantía muy importante al contribuyente, en la medida en que quien tendría que estar laudando sobre el conjunto de la administración tendría un perfecto conocimiento de causa sobre la materia objeto de análisis, algo que hoy no sucede”, recomendó.

También propuso crear “una carta de derechos al contribuyente, o un defensor del contribuyente”. “Son distintos mecanismos que hay a nivel internacional [y] que le dan protección al contribuyente frente a un organismo tan poderoso como el fisco”, concluyó.