De los 214 ROS que recibió la unidad, 11 se pusieron “en conocimiento de la justicia penal competente”, disponiéndose en uno de ellos la inmovilización previa de los fondos involucrados, un monto que ascendía a 200.000 dólares.

Detalla que la mayor parte de los reportes siguen siendo presentados por bancos y casas de cambio, aunque en los últimos cuatro años “las cifras muestran una saludable tendencia creciente en la participación porcentual de […] las empresas de transferencias de fondos, entidades del área de valores y otros sujetos obligados no financieros (escribanos, administradores de sociedades e inmobiliarias)”.

La UIAF emitió además una “Guía de transacciones y señales de alerta, con el objetivo de colaborar en la detección de patrones sospechosos o inusuales en las actividades relacionadas con la compraventa, construcción, promoción, inversión u otras transacciones que involucren inmuebles de cualquier tipo”.

A nivel local, la cooperación y asesoramiento solicitado por la justicia creció 80,7% en el año, habiendo intervenido en 103 casos. La suba se explica principalmente por los requerimientos de los nuevos Juzgados Especializados en Crimen Organizado, creados en febrero de 2009.

Estas actuaciones implicaron desde asesoramiento en la materia de su competencia o la búsqueda y análisis de información financiera de las personas o empresas involucradas, hasta la participación en actuaciones e investigaciones conjuntas con otros organismos -como la Policía, Presidencia de la República, DGI, entre otros- en casos relacionados con el lavado de activos y otros delitos económicos. También se menciona la investigación sobre el origen de fondos retenidos por la justicia, luego de que la Dirección Nacional de Aduanas constatara que su transporte a través de la frontera no había sido debidamente declarado (cuatro casos por un importe total aproximado de 905.000 dólares).

En cooperación internacional, recuerda que la UIAF presentó en 2009 una solicitud de ingreso formal al Grupo Egmont, organización mundial que agrupa a 120 Unidades de Inteligencia Financiera, que luego del proceso de análisis y de “completar satisfactoriamente todos los requerimientos legales y operativos previstos para el ingreso, […] fue finalmente aceptada”. Ello implica el reconocimiento de que la UIAF “está operativa” y le permite acceder a la información necesaria para la investigación de casos de LA/FT, en poder de unidades del extranjero.

Prevenir y curar

En lo que refiere a supervisión, la UIAF desarrolló en 2010 “un plan de inspecciones diversificado, incluyendo visitas a distintas categorías de entidades financieras, habiéndose aplicado sanciones de diversa magnitud en los casos en que se detectó el incumplimiento de las normas de prevención en materia de LA/FT”.

Además, “debido a diversos incumplimientos […], no únicamente vinculados a la prevención del LA/FT, se resolvió retirar la autorización para funcionar de una casa de cambio y suspender por dos años toda la actividad de una sociedad de bolsa relacionada”. Por otra parte, se realizaron 24 actuaciones en diversos puntos del país, para prevenir la realización de actividades de compraventa de monedas extranjeras sin autorización del BCU, detectando nueve casos.

Asimismo, se adecuó el marco regulatorio, ya que el BCU emitió nuevas normas reglamentando el “Informe Anual sobre el funcionamiento del sistema de prevención y control de LA/FT” que deben presentar las Instituciones de Intermediación Financiera, las Empresas de Servicios Financieros, los Intermediarios de Valores y las Administradoras de Fondos de Inversión.

Por otro lado, se puso en conocimiento público y de las instituciones financieras un proyecto que eleva el nivel de exigencia en materia de prevención del LA/FT para las Empresas de Transferencia de Fondos, eliminando las asimetrías existentes con otras categorías de entidades financieras que también operan en el mercado de transferencias enviadas o recibidas del exterior.

En el marco de la Comisión Coordinadora contra el LA/FT “se concretó la discusión y elaboración de una nueva reglamentación para los sujetos obligados del sector no financiero”. Además, y ya en 2011, “se aprobó el texto final del documento en el que se exponen los resultados del trabajo desarrollado conjuntamente con técnicos del Fondo Monetario Internacional para concretar la primera Evaluación Sistémica del Riesgo de LA/FT en Uruguay”.

Para cerrar el balance de 2010, la memoria se refiere a la evaluación del Gafisud, donde destaca que “si bien la última Evaluación Mutua del Sistema de Prevención y Control del LA/FT implementado por nuestro país resultó favorable en términos generales y el informe destacó los importantes avances logrados en muchos aspectos, restan implementar mejoras en ciertas áreas para alcanzar un cumplimiento satisfactorio de las 49 recomendaciones contra el LA/FT”. Por ese motivo, “en los dos Plenos de Representantes realizados en el presente año, Uruguay ha presentado un informe sobre los avances concretados en el período para fortalecer el sistema de prevención vigente”.

Lo que resta por hacer

Por último, el UIAF se enfoca en el plan de actividades previstas para 2011, donde se fija algunas metas.

En primer lugar, subraya que se completará “la revisión y el rediseño de la Estrategia Nacional contra el LA/FT aprobada en 2007”. Al mismo tiempo, en materia de regulación y supervisión, se prevé participar en el “rediseño de los estándares mínimos de gestión” en materia de LA/FT, y se trabajará en “la definición de procedimientos específicos para aplicar en la supervisión in situ de los intermediarios de valores”. Por otra parte, se planea definir un sistema de indicadores que fortalezca el análisis de la información sobre transacciones financieras que han sido incorporadas en la base de datos de la UIAF.

Se planifica concretar la incorporación plena de los Intermediarios de Valores y las Empresas de Transferencias de Fondos en los sistemas de información sobre transacciones que maneja la UIAF, así como habilitar la recepción de ROS y la tramitación de los pedidos de información por la vía informática, eliminando el intercambio en papel con este tipo de entidades.

También prevé continuar organizando y participando activamente en el desarrollo de eventos o acciones de divulgación y capacitación con relación a la prevención y control del LA/FT, dirigidas a las personas o entidades vinculadas al sistema preventivo, priorizando la difusión de la nueva normativa para los sujetos del sector no financiero.

Informa que se está evaluando junto a la Secretaría Nacional Antilavado “la forma y el alcance en que se va a realizar la difusión de los principales resultados del diagnóstico de riesgo sistémico del Uruguay en materia de LA y FT”. Por último, “se mantiene el objetivo de rediseñar la sección de la página web del BCU que refiere específicamente al LA/FT”, una tarea que fue pospuesta para acompasarla con la modificación de la página web general del organismo.