La ruta 10 es paralela a la costa y su continuidad se interrumpe ante la laguna Garzón, donde para cruzarla se utiliza un sistema de balsas. Si bien en 1950 hubo un intento de construir un puente, la idea no prosperó y aún están los vestigios de aquella iniciativa.

En diciembre de 2008 el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), las intendencias de Rocha y de Maldonado y la empresa Jaswik SA del grupo Conultatio SA (fundado por Eduardo Costantini) firmaron un convenio para que ésta costee las obras; el proyecto fue aprobado en marzo de 2008 por el entonces presidente Tabaré Vázquez, sin que contara con autorización ambiental. En mayo de 2009 el MTOP presentó la solicitud de autorización ambiental previa ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Dinama- MVOTMA) y el intercambio entre los dos organismos continuó hasta febrero de 2011. Ahora el MVOTMA convoca una audiencia pública, tal como lo dispone la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.

El MTOP será el encargado de presentar la propuesta en la audiencia. Jorge Patrone, subsecretario del MVOTMA, dijo a la diaria que su cartera asistirá al debate y tomará como insumo las opiniones que se viertan para ver si lo aprueba o no.

Paralelamente a la presentación de la propuesta de construcción del puente, un empresario italiano presentó ante el MTOP hacer una donación para modernizar el sistema de balsas (la Fundación Amigos de las Lagunas Costeras de Rocha), pero no fue considerada por el organismo y no llegó a ser evaluada por la Dinama.

Aguas divididas

Ayer el diario El País difundió una encuesta de Cifra, en la que 81% de los rochenses y 64% de los fernandinos dijeron estar de acuerdo con que se construya el puente.

Vida Silvestre es una ONG que trabaja en el área y fue invitada por la Dinama a hacer una exposición en la audiencia en representación de todos los grupos sociales que están en contra del puente, considerando que el grupo ha presentado información ante el organismo. Vida Silvestre fue también la que propuso en 2007 el ingreso de la laguna Garzón al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), por integrar la Reserva de Biósfera Bañados del Este, pero la solicitud no ha tenido mayores avances.

En diálogo con la diaria Lorena Rodríguez, directiva de Vida Silvestre, contrastó esa encuesta con una realizada mediante escribano público por la ONG en la semana de turismo de 2010 y 2011, en la que se consultó a 1.000 personas que utilizaban el cruce de la balsa y entre 80% y 90% respondió preferir la balsa al puente, puesto que forma parte de la identidad del lugar.

Considerando el aspecto ambiental, Vida Silvestre sostiene que hay numerosos estudios nacionales e internacionales que “desaconsejan la intercomunicación dura, a través del puente” porque comunica dos áreas protegidas como la laguna Garzón y la de Rocha (esta última integra el SNAP).

En un documento titulado “El puente sobre la Laguna Garzón: un riesgo innecesario y desaconsejado”, Vida Silvestre afirmó que la vía de tránsito rápido paralela a la costa -propuesta por el puente- “viola los principios básicos del Manejo Costerio Integrado, ampliamente aceptados a nivel mundial, que recomiendan vías de circulación en peine [perpendiculares a la costa] como las ya existentes”. La ONG indica que la laguna es un espacio sumamente rico en cantidad de especies de mamíferos, aves, anfibios, reptiles, peces de agua dulce y salobre y bosques psamófilos únicos que están en peligros de extinción y que se verían más amenazadas con la urbanización que provocaría la construcción del puente.

“Resulta contradictorio y poco inteligente elegir la opción entre la velocidad que favorecería el puente y los dos minutos y medio que efectivamente toma el cruce en balsa, en un área protegida y en un sitio donde el valor del apuro es relativo”, expresó la ONG en el mencionado documento. Por su parte, el viernes 27 la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) emitió un comunicado de prensa en el que manifestó que el grupo estudia el tema desde hace varios años y “ha llegado a la conclusión que la construcción del citado puente traerá consigo efectos que a largo plazo ocasionarán graves perjuicios al ámbito de esa zona. Por muchas razones las mejores prácticas modernas de desarrollos costeros descartan el fortalecimiento de las rutas de larga distancia bordeando la costa y adoptan el sistema denominado 'de peine', con accesos para las áreas urbanizadas desde vías interiores de distribución. En el caso de los ambientes especialmente valiosos por sus características ambientales como el de las lagunas costeras y los humedales, la adopción de este modelo se torna imperativa”.

Los defensores del puente mitigan el impacto ambiental que ocasionará la obra y resaltan las mayores oportunidades de desarrollo turístico para el departamento de Rocha.

Uno de los principales propulsores de la construcción del puente es la Intendencia de Rocha. En diálogo con la diaria el intendente Artigas Barrios dijo no compartir esas opiniones, “podemos dar suficientes garantías y el departamento de Rocha ha demostrado ser tremendamente cuidadoso del ambiente” puesto que las ocupaciones irregulares en Punta del Diablo, Cabo Polonio y Valizas no han sido hechas por los rochenses, y detalló que en sucesivas administraciones coloradas, blancas y frentistas han impulsado planes y ordenanzas para regular la zona.

Barrios destacó que en 2010 la intendencia aprobó el Plan Local Lagunas Costeras de Rocha, el que a su entender “nos da seguridades que la facilidad de acceso no tiene que ver con que el recurso sea bien o mal utilizado” y que con esa legislación se redujo el área de construcción respecto a ordenanzas anteriores. El mandatario reconoció que “naturalmente, impacto sobre el ambiente va a haber siempre”.