La conflictividad laboral global aumentó un sustancial 165% en mayo contra el mes anterior, y se multiplicó por cuatro con relación a la registrada hace un año, de acuerdo al Índice de Conflictividad que elabora el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica. Buena parte del incremento se explica por el paro general parcial del 19 de mayo, acción que no se constató en abril de 2011 ni en mayo de 2010.
Si no se considera ese paro, la conflictividad por sectores de actividad igualmente mostró un importante crecimiento de 83% respecto de abril, y se multiplicó casi por tres en términos interanuales. Esa evolución se basó principalmente en la medida adoptada en conjunto por los gremios de las empresas públicas, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) y la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA), que paralizaron actividades para movilizarse contra la iniciativa legal del oficialismo que habilita las Asociaciones Público-Privadas (APP) para financiar obras de infraestructura.
En mayo hubo 23 conflictos sectoriales, cinco que venían de meses anteriores y un paro general parcial. Del total, en dos casos se registraron ocupaciones: la primera en el Consejo de Secundaria, que fue rápidamente levantada para dar paso a la negociación, y la segunda en una obra de construcción en Paysandú, que venía desde abril. En otros dos conflictos que no derivaron en ocupación, igualmente fueron adoptadas medidas que, en un caso, impidieron la salida de productos de una empresa del rubro metalúrgico, y en otro, bloquearon el ingreso de clientes y proveedores a distintas sucursales de un supermercado del interior. El informe destaca que ambos conflictos ya se solucionaron.
También menciona el conflicto en el Registro Civil, que no está reflejado cuantitativamente en el Índice por el tipo de medidas adoptadas: no inscripción para casamientos y no expedición de ciertos documentos, pero "colabora a dar una sensación de elevada conflictividad, por encima de los números". En el mes se perdieron 88.363 jornadas laborales, involucrando a 136.560 trabajadores.
La culpa es de otro
Los conflictos del ámbito privado tuvieron la mayor participación, con un 73% del total medido, destacándose la construcción como el sector de mayor incidencia en el Índice, debido a la paralización del SUNCA contra la iniciativa que habilita las APP.
Dentro del sector privado también tuvo relevancia el transporte, donde las medidas adoptadas fueron varias: sorpresivas del subsector de carga que paralizaron los puertos de Montevideo y Nueva Palmira; la no realización de la jornada nocturna por los choferes de taxi; y un paro nacional de 24 horas de todo el transporte de personas.
El sector público representó el 27% de los conflictos, principalmente por los gremios de empresas públicas, que convocaron al paro contra las APP. También incidieron los conflictos en la enseñanza por el reclamo del pago de haberes adeudados a 60 funcionarios recontratados.
Al analizarse los motivos se encuentra que el 67% de la conflictividad se explicó en la causa "otros", ya que la medición incorporó tanto el paro general decretado por el secretariado del PIT-CNT para acompañar la discusión legislativa de la ley interpretativa de la Ley de Caducidad, como el paro contra las APP. Le siguieron en importancia, con un 14%, las causas salariales asociadas a las últimas negociaciones pendientes en el marco de los Consejos de Salarios (ver página 4). Después pesaron las condiciones de trabajo, bandera gremial que sustentó el 13% de los diferendos, ocasionados por fallecimientos de trabajadores en rapiñas ocurridas en el transporte y también en las empresas de seguridad.
El informe concluye que, teniendo en cuenta que la cuarta ronda de Consejos de Salarios prácticamente culminó, las medidas sindicales contra políticas gubernamentales "no se repiten todos los meses". Entonces, de no surgir "factores imprevisibles como fallecimientos de trabajadores por accidentes o rapiñas", es probable que en los próximos meses se registre "una menor conflictividad" laboral. No obstante, advierte que la discusión tripartita sobre modificaciones a la ley de negociación colectiva, que se está desarrollando en el marco de la OIT, podría llevar al movimiento sindical a emprender "algún tipo de movilización".
No es tan así
Sin embargo, en el gobierno tienen una opinión diferente sobre el estado de conflictividad, y cuestionan que los conflictos incluidos en el análisis de referencia exceden a las relaciones laborales.
En conversación con la diaria, el ministro Brenta señaló que el estudio incluye los paros generados a partir de la discusión de los dos proyectos legislativos citados, y otras medidas gremiales en demanda de mayor seguridad ciudadana para los trabajadores. “Si bien son medidas sindicales, son acciones que trascienden las relaciones laborales, por lo que no se debe inducir a confusión”, se quejó el jerarca. “Es un poco engañoso si se mide así”, valoró.
Destacó que los resultados logrados en las negociaciones salariales tripartitas, con un 85% de acuerdos voluntarios entre cámaras, empresas y sindicatos, y con una duración promedio de los convenios colectivos de entre 24 y 30 meses, ejemplifican que el grado de conflictividad que se menciona en el informe “no es tal”. Brenta evaluó que con el alto porcentaje de convenios acordados, que alcanzan al 95% de las ramas de actividad, “uno tiende a pensar que la situación se va a modificar -ya se ha modificado sustancialmente- hacia una menor cantidad de conflictos” en los próximos meses.
El secretario de Estado también descartó que la ausencia de acuerdo entre trabajadores, empresarios y gobierno sobre las modificaciones a la ley de negociación colectiva pueda traer nuevas tensiones. “No estamos previendo ninguna situación de conflictividad porque es una negociación en la que pretendemos lograr un acuerdo tripartito”, declaró el jerarca, añadiendo que “mientras haya diálogo, hay posibilidades de acuerdo”. Comentó que “sólo restan definir un par de puntos que quedaron pendientes, y confiamos en poder llegar a un acuerdo”. Además, negó que los cambios a la norma reclamados por la OIT tras la impugnación del empresariado local impliquen una marcha atrás en la política laboral del gobierno. “Por el contrario, creo que es una marcha adelante, porque significa sacar algunos temas que los empresarios no aceptaban”, evaluó Brenta, concluyendo que, con las modificaciones previstas, “la herramienta de la negociación colectiva se fortalece”.