Ambas audiencias fueron multitudinarias. La discusión nucleó tanto a quienes están a favor como a quienes están en contra de la propuesta del empresario argentino Eduardo Costantini (líder del grupo Consultatio SA), quien en 2008 propuso donar un puente de 180 metros que una ambas márgenes del curso, complementando su emprendimiento turístico inmobiliario situado en la costa rochense próximo a la laguna.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y las intendencias de Rocha y de Maldonado firmaron en diciembre de 2008 un convenio para que Consultatio costeara las obras. Si bien la propuesta y el costo es del inversor, el MTOP actúa como promotor y fue el que presentó en ambas audiencias los lineamientos del proyecto.
La intendencia rochense es uno de los principales defensores para que salga el puente. Su intendente, Artigas Barrios, sostiene que éste ampliaría las posibilidades de desarrollar el turismo y de explotar una zona que actualmente tiene baja densidad poblacional. Rechazando críticas que señalan las flaquezas del proyecto a la hora de proteger la biodiversidad de la zona, el intendente explica que eso dependerá del uso del territorio y no de la forma de acceso.
Disonantes
El proyecto ha recibido varios cuestionamientos técnicos. La Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) prefiere que la conexión entre ambos departamentos no sea a través de un puente, alegan que “las mejores prácticas modernas de desarrollos costeros descartan el fortalecimiento de las rutas de larga distancia bordeando la costa y adoptan el sistema denominado 'de peine', con accesos para las áreas urbanizadas desde vías interiores de distribución”.
El Consejo de Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República (Udelar) también se manifestó preocupado por la transformación irreversible del territorio y abogó para que la decisión se tome considerando al ambiente como principal protagonista. Por su parte, el arquitecto Rafael Viñoly, quien diseñó el nuevo aeropuerto de Carrasco, envió a la segunda audiencia una carta desde Estados Unidos, país donde reside, manifestando la conveniencia de hacer caminos perpendiculares y no paralelos a la costa, que homogenicen el territorio. Lo mismo sostienen las organizaciones no gubernamentales Vida Silvestre, Faro Limpio y Amigos de las Lagunas Costeras de Rocha, que en la segunda audiencia respaldaron nuevamente su postura.
Lorena Rodríguez, bióloga y directiva de Vida Silvestre, dijo a la diaria que “la Maestría de Gestión Costera y Centro Interdisciplinario de Manejo Costero llevaron a la audiencia comunicados diciendo que el puente va en contra de la Ley de Ordenamiento Territorial y de las directrices costeras. Además, docentes del Centro Universitario de la Región Este de la Udelar (CURE) redactaron una carta solicitando que el puente se postergue hasta que no ingrese el área [de la Laguna Garzón] al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y hasta que el Plan de Ordenamiento Territorial de la Intendencia de Rocha no se ponga en funcionamiento y se muestre que funciona bien y que se puede controlar”.
Rodríguez agregó que en 2010 “Maldonado hizo un Plan de Ordenamiento Territorial para toda la costa y para todo el departamento con talleres consultivos y para la región de José Ignacio propone la balsa. Y Rocha hizo un Plan de Ordenamiento Territorial sin consultar a nadie, no coordinó con el Ministerio de Turismo ni con el de Medio Ambiente ni consultó a la gente”.
El estudio de impacto ambiental también recibió cuestionamientos. El arquitecto Pablo Ligrone sostuvo en la audiencia y explicó después a la diaria que el estudio no contempló el área total que se verá afectará; dijo que la consultora CSI que hizo el estudio territorial reconoció que se involucraba desde la laguna de José Ignacio a la Laguna de Rocha, pero que esto fue posterior a la entrega a Dinama del estudio ambiental. Agregó que un puente de estas características, que tendría impacto regional y nacional, “se debe hacer en forma planificada y el puente debe estar incluido en un plan”, pero que ello no está contemplado en las directrices departamentales de Maldonado y es apenas mencionado en el de Rocha. La Liga de José Ignacio y la Unión de Comerciantes de José Ignacio se oponen al puente y cuestionaron que el estudio de impacto ambiental que lleva la carátula del MTOP haya sido financiado por Consultatio y no por el ministerio.