En el debate se desarrollan cuatro tipos de actividades: paneles, conferencias, talleres y sesiones de trabajo que produzcan un documento síntesis. Lo expuesto en parte de la mañana y tarde de ayer no cumplía, en rigor, con la formalidad de un debate, se trataba más bien de exposiciones que incluían el intercambio con el público.
Para el desarrollo de la actividad, fueron invitados dos referentes internacionales: el chileno Paulo Egenau, director de la Fundación (Paréntesis), que desarrolla actividades ambulatorias, de residencia y restaurativas, y el canadiense Mark Haden, que ha trabajado en desintoxicación y es referente en el movimiento de reformas de las políticas de drogas.
Agustín Lapetina, sociólogo e integrante de El Abrojo, explicó a la diaria que en Uruguay es necesario "ir hacia una nueva ley de drogas, porque la actual es muy contradictoria, genera más daños que beneficios a veces", y expresó que el tema que se está discutiendo en ámbitos políticos y de la sociedad civil es ir hacia una legislación "más creíble". Manifestó que hay que profundizar en la inclusión de la temática en la currícula educativa para apuntar a la promoción y al autocuidado. Dijo también que en el debate habrá un taller sobre la respuesta que da el sistema criminal y la justicia a estos temas, porque "muchas veces se procesan personas por microtráfico, por pequeñas tenencias para consumo, algo que no está estipulado en la ley y que hace que el juez con su discrecionalidad defina, y muchas veces esa definición no es para promover procesos de inclusión social sino de estigmatización, de mayor autoexclusión".
Lapetina evaluó que el proyecto para despenalizar el autocultivo de marihuana -que está a estudio del Parlamento- "aparentemente tendría buenos aportes" para reducir riesgos de criminalización y mejorar la calidad de la sustancia, "pero es una respuesta parcial a un tema que requiere respuestas más integrales, estamos promoviendo la discusión de una ley más actual, más moderna y más eficiente que intente regular diferentes sustancias, no solamente la marihuana".
En el norte también existe
Haden abrió la mañana con una conferencia titulada: "Drogas ilícitas: un abordaje desde la Salud Pública. El fracaso de la prohibición". El referente enumeró los daños del prohibicionismo en varias esferas. En la criminalidad: por la persistencia del mercado ilegal, la aplicación de la violencia como mecanismo para resolver problemas, la corrupción policial y la excesiva demanda depositada en la policía para que resuelva los problemas. Mencionó el daño a la sociedad; la prohibición promueve la falta de respeto y confianza en las autoridades, en la legislación y en los sistemas de salud a los que las personas con problemas de drogas no acuden por temor a represalias. Detalló la ruptura de la interna de las familias, y la marginación y exclusión de consumidores.
A nivel educativo, Haden señaló que el dinero que es invertido en el prohibicionismo no se gasta en el sector y comentó también que "la educación en materia de drogas es deshonesta", "incluye tácticas atemorizantes con énfasis en daños raros".
Sobre el perjuicio a la economía, además de reiterar el gasto en el prohibicionismo, el canadiense mostró cifras millonarias que se pierden de recaudar impuestos; agregó que el dinero de la droga desestabiliza los mercados mundiales y puede desestabilizar gobiernos.
Por último, Haden sostuvo que la prohibición no disminuye la disponibilidad, que no previene el uso, que no hace desistir a las personas de entrar en el negocio y que no mejora la salud individual ni de la sociedad. Para los adolescentes es más fácil conseguir marihuana que alcohol o tabaco, y mencionó que en Vancouver es más fácil encontrar un delivery de droga que uno de pizza. Al igual que en Uruguay, en las cárceles norteamericanas también circulan las sustancias prohibidas.
Haden dará su segunda conferencia mañana a las 9.00, dedicada a los modelos alternativos a aplicar desde la salud pública en relación a drogas ilícitas.
Contados
El Observatorio Uruguayo de Drogas expuso cifras que no son nuevas, pero vale la pena refrescar brevemente. Jessica Ramírez fue la encargada de presentarlas y mencionó que se actualizarán este año, cuando se concrete una nueva Encuesta Continua de Hogares (los datos disponibles son de 2006) y se aplique también a nivel de Educación Media (los últimos datos son de 2009).
Respecto al alcohol, se identificó que casi 30% de las personas encuestadas en 2006 tiene un consumo problemático (de 12 a 65 años, habitantes de localidades de más de 10.000 personas), y se determinó que el consumo es más temprano; hoy se comienza a beber alcohol en la adolescencia, mientras que antes los mayores que hoy tienen entre 56 y 65 años dijeron beber sus primeras copas a los 19 años.
La exposición intercaló datos de las consultas en la emergencia del Hospital Pasteur en 2007 y 2010, y se identificó en el último año un incremento de las consultas por consumo problemático de alcohol, 7% de los casos contra 5% registrados en 2007.
Respecto al tabaco, 32% de la población era fumadora en 2006 y el Instituto Nacional de Estadística calcula que la prevalencia descendió a 25% actualmente.
El 12% de las personas de 12 a 65 años dijo haber fumado marihuana alguna vez y 3% haberlo hecho en el último mes; 33% de ellos tendrían un consumo problemático. El 4% de los encuestados declaró haber probado cocaína, 0,8% consumirla el último mes y 44% dijo tener alguna situación de dependencia. Respecto a pasta base, 0,8% respondió haber probado y 0,1% haberlo hecho en el último mes; 57% manifestó tener dependencia.
En 2010 se hizo un censo de usuarios de tratamientos en 34 centros especializados (abarcó a 1.227 usuarios) y 60% había ido por problemas con pasta base, 17% con cocaína y, en menor medida, por alcohol y, por último, marihuana.
Tratamientos
Por la tarde uno de los paneles trató sobre la atención actual a usuarios de drogas. Juan Triaca, director del Portal Amarillo, perteneciente a la Administración de Servicios de Salud del Estado, esbozó el perfil de los usuarios del centro. Dijo que 85% son varones, que cerca de 78,6% va por problemas con pasta base, 18,2% por cocaína, 2,1% por alcohol y 1% por marihuana. Mencionó la exclusión laboral educativa e institucional de los que allí llegan, que 53% tienen trastornos psiquiátricos comórbidos y 25% intentó suicidarse, y en las mujeres se identifica el padecimiento de violencia doméstica, embarazo adolescente y situaciones de calle.
Triaca comentó que la institución hace distintos abordajes: ambulatorio, talleres grupales diurnos y residencial; enfatizó en que “no hay adicciones sino adictos”, porque la sustancia no actúa sola sino que su uso impacta en determinadas personas con determinadas historias.
La psiquiatra Raquel Peyraube insistió en la necesidad de mirar los tratamientos para consumidores problemáticos de drogas de modo similar a como se observan otros tratamientos. Recordó que la medicina, básicamente, se dedica a aliviar enfermedades y cuestionó por qué hay quienes se asombran y estigmatizan a quienes tienen recaídas. También criticó a las instituciones que hacen publicidad con las personas rehabilitadas, no hay por qué exponerse a eso, comentó, y mucho menos, recaudar fondos para éstas.
Desde el público -y se compartió en la mesa- se remarcó la necesidad de democratizar el acceso a tratamientos -se dijo que no es posible que una persona tenga que estar seis meses en una lista de espera para ser atendida- y se insistió en que deben existir distintos abordajes, “un abanico de intervenciones”, como se hace con otras patologías.
También se mencionó la necesidad de auditar a las instituciones que trabajan con usuarios problemáticos de drogas. Gabriel Rossi, integrante de la Secretaría Nacional de Drogas de la JND, indicó que sólo dos instituciones -Aconcagua y Dianova- cuentan con los estándares mínimos exigidos.
En su presentación, Rossi indicó la necesidad de “fortalecer la red nacional de atención en drogas”, pero en la charla problematizó la situación, “¿la hay?”, se preguntó y, a continuación, dijo que había un esbozo en los últimos años. El especialista también señaló que el tema central está en la accesibilidad y la necesidad de que el sistema incluya a los usuarios problemáticos, que los atienda correctamente. Anunció que prontamente se crearán dos equipos de respuesta inmediata en crisis de adicciones: uno de ellos funcionará en torno al hospital departamental de San José y el otro en la órbita del Maciel en Montevideo. Allí se atenderá a usuarios de drogas con problemas psiquiátricos, que actualmente son mal atendidos por las instituciones de adicciones, porque entienden que son pacientes con problemas mentales, y mal atendidos en instituciones de salud mental, por considerarlos “unos drogos”, señaló. Rossi anunció también que se extenderá el plazo de algunos tratamientos; el Portal Amarillo sólo cubre 30 días de internación, por lo que en el hospital de San José y en Las Brujas habrá camas para que puedan completar los 90 días.
Los jueces fueron aludidos en más de una de las charlas, por malas derivaciones, encarcelamientos sin considerar tratamientos y hasta “pases” que indican tratamiento por un mes, por ejemplo, cuando la persona no está en condiciones de hacerlo.