En lo que corre de 2012, la Intendencia de Montevideo (IM) invirtió aproximadamente 12 millones de dólares en mejoras de las condiciones de vida de familias que viven en situaciones precarias. En total fueron 1.847 las familias que fueron beneficiadas por esta iniciativa.
El 41% de estos fondos fue destinado a transformar asentamientos en barrios cuyos habitantes tuvieran acceso a una provisión adecuada de servicios básicos, como saneamiento, energía eléctrica, agua potable, vialidad, alumbrado público, equipamiento comunitario y acondicionamiento de espacios públicos. El trabajo conjunto del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI), el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la IM realojó a 275 familias.
El Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) del MVOTMA nació en 2000, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población residente en asentamientos irregulares y prevenir la formación de nuevos asentamientos. Sin embargo, el coordinador del PIAI, Fernando Cabezudo, comentó a la diaria que “el grueso de la ejecución se realizó entre 2005 y 2008” y aunque reconoció a Montevideo como el “principal subejecutor”, aseguró que “es sólo una parte del programa” en tanto otros proyectos se están implementando en Canelones, Artigas, Salto y Paysandú.
Las cifras dan fe
El PIAI, en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística (INE) realizó, en 2011, un informe de relevamiento de asentamientos irregulares, procediendo a cruzar los datos con el Censo Nacional de 2011 realizado por el INE. Del cruce se obtuvo que el porcentaje de viviendas localizadas en asentamientos es de 5% del total de viviendas del país. En números absolutos, en Uruguay existen 589 asentamientos irregulares, donde residen 165.271 personas, 78% de las cuales está en asentamientos de Montevideo y Canelones.
Al comparar estos datos con las cifras relevadas en 2006, se aprecia una reducción de la cantidad total de asentamientos y de las viviendas en éstos, que alcanza a 11% y 1,1%, respectivamente. El informe destaca también que “mientras la población de Uruguay registró un crecimiento intercensal de 1,4%, la población en asentamientos se redujo 8%”, hecho que, según Cabezudo, “rompe con el mito de que el fenómeno de la indigencia es incontrolable y permanente”. Mientras en el período 2006-2011 surgieron 18 nuevos asentamientos, los programas públicos regularizaron o realojaron 91 asentamientos, lo que evidencia un efecto neto positivo.
Si bien el arquitecto reconoce que los factores que pueden explicar este descenso son múltiples y muy variados, “las regularizaciones y relocalizaciones, producto del desarrollo de políticas públicas, es el principal factor que explica la reducción del número total de asentamientos”. “La reproducción urbana en contextos de alta vulnerabilidad socioeconómica produce un hábitat donde la irregularidad no sólo se expresa en la forma de acceso al suelo urbano, sino también en muchos otros aspectos de la vida cotidiana, que reducen la posibilidad de acceder de manera formal al trabajo y los servicios públicos, entre otros”, culmina el informe.