Asunto nuestro

La avenida 18 de Julio estaba casi desierta ayer de tarde cuando se concretó la movilización organizada por Mujeres de Negro, que redobla la apuesta cada 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, y esta vez congregó a más de 3.000 personas. La performance recibió el nombre de “Compromiso y esperanza”. La mayoría de los caminantes eran jóvenes, pero había de todas las edades, y se notó una buena presencia de hombres. Los marchantes se organizaron en tres largas filas, cuando algunos estaban llegando a destino, se perdían en el paisaje las tres columnas de las miles de personas que venían detrás.

Quienes transitaban por la avenida, ajenos a la movida, así como los que estaban en las dos plazas unidas por el trayecto, quedaban absorbidos por el silencio absoluto de los marchantes: no había cómo escapar. Se veía el desconcierto, muchos sacaban fotos, comentaban entre ellos alguna cosa. “Nunca había visto eso”, decía más de un transeúnte.

Algunas de las mujeres llevaban el rostro tapado, una de ellas tenía un pañuelo y portaba un cartel que decía: “Basta, no más mujeres golpeadas y maltratadas. Hoy oculto mi rostro por miedo. Quiero mostrarlo cuando no tenga más dolor y lágrimas”.

En otra esquina dos mujeres veteranas conversaban entre ellas. Una le dijo a la otra: “No entiendo por qué terminan en la intendencia en vez de ir a la Suprema Corte de Justicia”, y posteriormente afirmó que la mayoría de los avances logrados fue a partir de las gestiones de la IM, mientras que la Justicia tenía muchos debes. La mujer había sido funcionaria del Poder Judicial, entre 1985 y 1998 le había tocado estar en contacto directo con situaciones de violencia doméstica, era una de las que tenían que concurrir a los hogares acompañada de cerrajeros para hacer el cambio de llaves. Reprodujo “el sarcasmo” con que los hombres la enfrentaban, a ella, a las juezas y al resto de las funcionarias. “Cada paso fue dificilísimo”, dijo, y evaluó que “se necesita ir hacia un cambio de costumbres, no de leyes”.

La delegación con niños fue la primera en arribar a la explanada. Allí los recibió un grupo de payasos que dieron la recompensa a la caminata. Los últimos en llegar fueron los grupos con pancartas, que fueron recibidos con aplausos ensordecedores que hicieron llorar a varios. “¡Ni una muerte indiferente!”, gritó una de las voces vestidas de luto y el resto acopló “¡Ni una más!”.

Jenny Escobar, referente de Mujeres de Negro, tomó la palabra. Dijo que no leería una proclama porque se adherían a la elaborada por la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, de la que forman parte (ver recuadro).

La jornada se cerró con abrazos y cadenas humanas, luego del discurso comenzó a sonar la música y todo el mundo bailaba.

11 medidas

Además de incrementarse la visibilidad del tema, el 25 de noviembre ha adquirido otra ganancia, porque las autoridades han comenzado a hacer una especie de rendición de cuentas sobre las acciones implementadas.

Ése fue el caso del Ejecutivo, que el viernes dio a conocer 11 “Medidas de la estrategia por la vida y la convivencia hacia un país libre de violencia doméstica”, que serán aplicadas entre 2013 y 2014. Fueron presentadas por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, en una ceremonia en la que participaron el vicepresidente de la República, Danilo Astori, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, y la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Beatriz Ramírez.

La primera medida refiere a la legislación: se hará una revisión del conjunto de leyes y normas vigentes con el fin de presentar, en el segundo semestre de 2013, un proyecto de ley integral en materia de violencia doméstica. El Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia y el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica (CNCLVD) harán campañas de prevención y promoción de derechos.

El Ministerio del Interior (MI) y el Poder Judicial (PJ), en coordinación con los ministerios de Desarrollo Social (Mides) y el de Salud Pública (MSP), pondrán en práctica los dispositivos de seguimiento y monitoreo de personas -las tobilleras electrónicas- para verificar el cumplimiento de las medidas cautelares dispuestas por la Justicia.

Se creará un grupo interinstitucional con el fin de que a mediados de 2013 entregue una propuesta para el funcionamiento de un centro de rehabilitación de agresores “como modelo integral que asegure la atención y tratamiento, y permita avanzar en un modelo de medidas alternativas a la prisión y de seguimiento de las medidas cautelares”.

El MI jerarquizará las unidades especializadas en violencia doméstica y asegurará “una mayor dotación y formación del personal policial asignado a la tarea”. El Mides, por su parte, creará tres servicios de atención a mujeres en situación de violencia de género, tres casas de breve estadía y dos casas de medio camino para mujeres en situación de riesgo.

Las acciones también comprenden al Sistema Nacional Integrado de Salud; el MSP se comprometió a que a fines de esta administración habrá un centro de salud de referencia por departamento para la protección y asistencia a personas en situación de violencia doméstica y duplicará el número de equipos de referencia en los departamentos de frontera seca y en el centro del país.

El Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) instalará en todo el territorio nacional comités de recepción local, mejorará la capacidad de respuesta del servicio de atención telefónica e incrementará los recursos humanos calificados para la atención especializada.

Se aspira a contar en 2014 con “información calificada y comparable en la región”, por medio de una encuesta de prevalencia y de otra realizada en los servicios de salud. El MI garantizará el funcionamiento del módulo de violencia doméstica y se anunció que se incorporará en el registro de denuncias indicadores de riesgo y el seguimiento de las medidas cautelares.

Por último, Inmujeres, el MI, el MSP, INAU, PJ, la Administración Nacional de Educación Pública, el Congreso de Intendentes y la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, que son las que conforman el Consejo Nacional Consultivo, asumirán la tarea de capacitación. Ésta abarcará a funcionarios de diferentes sectores, a 150 médicos y enfermeros que trabajen con niños en situaciones de maltrato, así como a 80 psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales que trabajen en casos con niños y mujeres. Además, se anunció la incorporación de módulos de violencia de género en las currículas de formación del personal policial.

Justicia

El 7 de junio 104 organizaciones sociales elevaron a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) una petición acerca de una serie de prácticas que se dan en el ámbito judicial, sin que estén contenidas en la Ley de Violencia Doméstica (ver la diaria del 08/06/12). Entre esas prácticas estaba la innecesaria confrontación entre el agresor y la víctima, los pronunciamientos como “intímese a las partes a evitar conflictos”, arresto al agresor ante el incumplimiento de las medidas cautelares, que no hubiera más “resoluciones infundadas ni telefónicas”, entre otras. Los colectivos no han recibido respuestas hasta ahora. No obstante, el miércoles 28, el Poder Judicial dará una conferencia de prensa sobre el tema, que sería algo así como una rendición de cuentas en la que se difundirán dos acordadas; con ese término se designa un acuerdo de los ministros de la SCJ que rige como norma interna para todos los procesos judiciales.

Ricardo Pérez Manrique, ministro de la SCJ, adelantó a la diaria que una de esas acordadas refiere al uso de las tobilleras electrónicas y que surge de un acuerdo entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y el MI. La otra acordada es, justamente, una respuesta a la petición de la sociedad civil. Pérez Manrique dijo que hoy terminará de dársele redacción a esta última, por lo que se excusó de detallar su contenido.

A modo de titular, Raúl Oxandabarat, vocero de la SCJ, detalló los puntos que tocará esa acordada, que son casi todos los que las organizaciones habían incluido en la petición: “Confrontación, medidas simbólicas, medidas recíprocas, incumplimiento de las medidas cautelares, resoluciones infundadas, resoluciones telefónicas, supervisor de medidas, debida multiplicidad de procesos, ordinarización del proceso, inasistencia a convocatorias a audiencias”. Agregó que “de todo lo que se plantea del petitorio de las redes se toma lo que resulta conveniente a criterio de los ministros y que además puede ser llevado a la práctica”.

Marina Morelli, de Mujer Ahora, una de las organizaciones que encabezaron la petición, se mostró esperanzada ante los anuncios, pero advirtió que “tenemos que evaluar esas respuestas”, de las que aún no tenían el detalle.

Manrique evaluó que “el único poder del Estado que fue obligado a aplicar la Ley [de Violencia Doméstica] fue el judicial, tuvo que buscar juzgados, crearlos, hubo una etapa de implementación, estamos en esto desde 2004 y siete años después es bueno echar una mirada, profundizar algunos temas y ver qué cosas se pueden modificar”.

Acciones que acompañen las palabras

Escobar consideró que “las medidas que anunció el gobierno son las que tienen que hacerse”. Se mostró esperanzada y advirtió que “de todas maneras acá hay más de 3.000 personas que le van a exigir que esas medidas se cumplan”.

En diálogo con la diaria, Teresa Herrera, referente de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, opinó: “No hay nada nuevo bajo el sol”. Comentó que lo anunciado responde a los reclamos sostenidos por las organizaciones de mujeres y que algunas de ellas ya habían sido previstas en el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica 2004-2010, como la atención a hombres agresores. Al respecto, contrastó la previsión del plan con la situación actual, en la que sólo hay un servicio para hombres, “un proyecto piloto, financiado por ONU Mujeres, que está funcionando en un local de la IM”.

“Ojalá que se cumplan, pero no es la primera vez que se anuncia este tipo de medidas y después en la realidad no se lleva a la práctica”, advirtió. “Estamos pidiendo una ley integral, si bien se habla de que van a empezar a hablar, no vemos un movimiento serio en torno a la composición de esa ley integral”, machacó. Proponen una ley como la que existe en Argentina y en España, “que contemple todos los aspectos de la violencia”, entre ellos, la vivienda y el empleo, y agregó que al ser integral facilita la coordinación de políticas, cosa que ahora no pasa.

Herrera resumió el pedido: “La necesidad de establecer realmente una política pública sobre este tema”. Comentó: “Se mueren más mujeres víctimas de violencia doméstica que víctimas de rapiñas”. Sin embargo, destacó que “las pensiones para los huérfanos, que se crearon a iniciativa de Mujeres de Negro, son mínimas al lado de lo que es la indemnización y las pensiones que se votaron para las víctimas de rapiñas, entonces, en este país, ¿qué hay? ¿Muertos de primera y muertos de segunda?”, preguntó.

Próximo a ella estaba un pequeño grupo de hombres y mujeres que portaban carteles de la Asociación de Víctimas y Familiares de la Delincuencia. Más de una mujer rechazó el “oportunismo” de los manifestantes. Una de las integrantes de Cotidiano Mujer no se contuvo y le dijo de buen modo a una de esas representantes que no cabía su reivindicación en ese lugar, “es otro el origen de la violencia”; la mujer precisó que una de las asesinadas por la violencia que reclamaban era mujer y no alcanzó a entender la diferencia de un móvil y de otro. Cada parte se replegó y la coexistencia siguió siendo pacífica, aunque no unificada.