Culpó de ello al entonces gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (Partido Socialista Obrero Español) por la tardanza en la ejecución de reformas en materia de disciplina fiscal, reestructuración de las cajas de ahorro regionales -transformándolas en bancos para facilitar su acceso al capital- y reforma laboral. Hoy, casi un año después, con Mariano Rajoy (Partido Popular) en la presidencia del gobierno, con la reforma financiera y los planes de ajuste del gasto público llevándose a cabo, la prima de riesgo ronda los 468 pb. Algo no funciona bien en el país ibérico, o funciona peor de lo que los economistas, políticos y analistas predecían.
La prima de riesgo -diferencial de rendimiento entre los títulos del Estado y los pagados al bono alemán, referencia continental- de la deuda pública española sufrió un incremento que la elevó el 16 de mayo hasta 507 pb, episodio registrado después de la última reforma financiera dispuesta por el gobierno, que incluyó la nacionalización de Bankia, entidad nacida de la fusión de seis cajas regionales. Medida dentro de la Unión Europea (UE) con referencia a Alemania porque su deuda pública tiene el menor riesgo de impago, la prima de riesgo es de alguna manera el factor determinante, junto a la rentabilidad del país, del momento en que éste debe ser rescatado financieramente. La barrera crítica, según los analistas, se ubica en los 400 pb y 7% de rentabilidad, aunque ello puede variar según el nivel de endeudamiento o la capacidad para crecer económicamente que tenga cada país.
Cuando en abril de 2010 Grecia pidió ayuda económica a la UE para solventar su deuda pública, su prima de riesgo se aproximaba a los 1.000 pb, cuando Portugal marcaba más de 600 e Irlanda, 580, Estados que fueron rescatados consecutivamente por los organismos. Por el cálculo actual, los dos últimos países mencionados estarían saliendo de la recesión en los meses que corren. Grecia, primera en ser rescatada, no corrió con la misma suerte y recibió un segundo salvataje en agosto de 2011 por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la eurozona.
El cerno
La eurozona, que comparte un mismo sistema monetario, el del euro, está compuesta por 17 países: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. Cinco de ellos, Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España, son considerados periféricos, y peyorativamente se los llama los PIIGS de Europa por las deficiencias de sus economías.
El euro, con apenas diez años de creación, y que según un informe del banco internacional con sede central en Suiza UBS (Global Economic Perspectives, 2011) no debería existir, ha representado el beneficio para algunos y la maldición para otros. Según el informe, crea más costos que ganancias, al menos para algunos de los miembros de la eurozona. Se remarca que los Estados miembro estarían en mejor posición económica si nunca se hubieran incorporado a él. La competencia más importante que ha generado el euro ha sido, según el informe, la integración política monetaria, que fue promovida y vendida al electorado -aprobación política mediante- como idea de unión monetaria cabal, y no como lo que realmente era, un mero tipo de cambio. Para UBS, la política monetaria no se puede establecer de manera óptima para todos los integrantes del bloque, porque las diferentes economías se mueven en diferente dirección y a diferente velocidad.
Pero no es tan fácil salir de la órbita del euro. Expulsar u obligar a un país a que lo abandone no es posible porque no hay disposiciones legales para ello. La salida, por lo tanto, debe ser voluntaria. No existe un mecanismo técnico de salida, como tampoco una solución o facilitación del proceso. El Tratado de Lisboa (Constitución para Europa, 2007), en su artículo 50, establece el marco jurídico para que un país pueda dejar la UE, no así para la UEM (Unión Europea Monetaria). Es decir que, si un país decide salir de la eurozona, deberá negociar una reforma del tratado en cuyo contenido estén de acuerdo los gobiernos de los 27 Estados que integran la UE. Pero esta dificultad no parece incordiar a quienes se plantean romper con el euro, ya que entienden que el costo de permanecer en éste es superior al costo de salida.
En Grecia, el candidato izquierdista Alexis Tsipras ha sostenido que abandonará el euro si resulta electo presidente el 17 de junio. El destino del euro, moneda única de la UEM, podría estar en sus manos si se confirman esas premisas. Aunque la economía de Grecia apenas representa 2% del Producto Interno Bruto (PIB) europeo frente al 12,5% de España, por ejemplo, su egreso, según los analistas, implicaría un fuerte impacto negativo para todo el sistema financiero y podría generar contagio en otros países de la UE con similares dificultades económicas.
Algunos expertos han puesto el debate sobre la mesa y han sembrado el pánico, en el sector financiero y el de los mercados, vaticinando consecuencias desastrosas para el sistema económico europeo y mundial si aquel desenlace se concreta. Una predicción de caos junto a una visible intimidación mediática y declaraciones contradictorias circulan velozmente en el entorno europeo informando sobre los efectos catastróficos de dejar el euro. Los rumores corren como reguero de pólvora y despiertan el desconcierto entre los ciudadanos griegos, que han retirado cifras millonarias de sus depósitos -72.000 millones de euros desde que comenzó la crisis- ante el temor a la implementación de un “corralito” o a ver devaluado su dinero si el país se retira de la eurozona y regresa a su anterior moneda, el dracma.
El terror
Para Xabier Arrizabalo Montoro, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, la publicidad de la idea de que fuera del euro reina el caos es errónea, y lo explica. “Empíricamente y de forma inequívoca sabemos que es al revés: el euro es lo que supone el caos. Obviamente el problema no es sólo el euro. Pero sí es un problema importante en la medida en que supone la opción del gran capital -de origen fundamentalmente estadounidense- en cuanto a la forma de imponer el disciplinamiento de los gobiernos europeos para aplicar el ajuste. En el marco del euro no hay salida para los problemas”, graficó el académico. Concluyó que el euro es la barbarie, y desde luego, incompatible con la democracia. “Queremos que Grecia continúe en la zona euro. Y la UE hará todo lo necesario para conseguirlo”, ha dicho el presidente de la Comisión Europea (Ejecutivo de la UE), José Manuel Durao Barroso, en declaraciones anteriores a la Cumbre del G8 de Washington del fin de semana pasado, aunque nada se dijo durante el evento, que desde 2008 cotiza a la baja. El silencio cómplice y la sospechosa discreción -basada en un interés común- han despertado más dudas sobre las medidas a tomar por la UE si los griegos deciden abandonar el euro.
España es, junto con Italia, el país que está en peor situación económica después de Grecia, y con posibilidades de ser rescatado financieramente si su situación no mejora. El gobierno español no quiere ni oír la palabra “rescate”. Rajoy ha asegurado frente a Barack Obama en Estados Unidos que no será necesario el rescate del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) a las entidades financieras españolas, como respuesta al pronunciamiento del flamante presidente francés, François Hollande, acerca de una posible y deseable recapitalización a los bancos españoles. Con rápida praxis, Rajoy había decidido anteriormente encargar dos auditorías independientes para cotejar la situación real de la banca española, movimiento que servirá para descartar -en el corto plazo de un mes- la posibilidad de que sea intervenida. La decisión recibió críticas de los expertos, quienes alegaron que el Banco de España podría llevar a cabo la misma tarea. Nadie confía en nadie. Y el gobierno parece no confiar demasiado en los datos que hasta ahora ha facilitado el supervisor del sistema bancario español. De igual manera, la prima de riesgo se dispara en territorio español, en parte por el desconcierto de los mercados frente a la situación griega y en parte por la conocida saturación de activos tóxicos -herencia de la burbuja inmobiliaria- que experimenta la banca. Así, el posible rescate financiero comienza a sentirse cercano, pese al intento del gobierno por desmentirlo. Las medidas que se han impuesto a Grecia desde la UEM y el FMI para asegurar que cubra su pasivo ya provocaron graves consecuencias en pérdida de derechos sociales y laborales. Desde el primer rescate en 2010, los griegos asisten al deterioro generalizado de todo su sistema, que ha repercutido en el debilitamiento institucional en que hoy se encuentra. Las políticas de ajuste llevadas a cabo por las autoridades de la eurozona y el FMI ya suponen un fracaso, y quienes las impulsaron lo verifican a diario pero continúan imponiéndolas a los PIIGS bajo el fundamento del aumento de competitividad de la economía y una posterior salida de la crisis.
No amanece
La coyuntura es crítica, y Arrizabalo Montoro resume la de España, además de proyectar la salida real que vislumbran algunos sectores: “Tiene [...] una gigantesca ‘factura’ que pagar, resultado del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, [...] y los gobiernos a la orden del gran capital -teledirigidos por Washington vía Bruselas- quieren que la deuda la pague por completo la clase trabajadora, aprovechando además para imponerles un retroceso en las condiciones laborales e impugnando otras formas, indirectas, de salario (educación, sanidad, etcétera), liquidando de paso la competencia que pueda suponerle el pequeño capital nacional. [...] La relación de fuerzas que va a permitir la ruptura con el euro permitirá asimismo sentar las bases para resolver los verdaderos problemas de la población, y que las posibilidades que ofrece el desarrollo científico y técnico se materialicen efectivamente en una mejora de sus condiciones de vida”.
Según un reciente informe de Unicef (La infancia en España 2012-2013), cada niño español nace actualmente con una “deuda pública” de unos 15.570 euros. España no tiene plan B. Aunque el presidente lo niegue rotundamente, aquí se comienza a hablar de intervención y de emisión de eurobonos por el FEEF como posible solución a la deuda. Los eurobonos -títulos de deuda respaldados por la eurozona- que apoyan Hollande y el primer ministro italiano, Mario Monti, no son para la canciller alemana, Angela Merkel ni para Rajoy una medida inmediata al problema financiero español. El objetivo del gobierno, tal como lo manifestara Rajoy el fin de semana en la cumbre de la OTAN en Chicago, es el crecimiento y la creación de empleo, y esto sólo se logrará con la reducción del déficit fiscal, actualmente en 8,9% del PIB, con reformas estructurales, control del gasto y estabilidad financiera. Éstas son las medidas que defenderá en la próxima reunión de Bruselas y que seguramente expondrá mañana en las Cortes Generales de Madrid.