La legislación sobre comunicación nunca es un tema de consenso y posiblemente menos cuando se trata de internet. Sin embargo, desde los inicios de una red descentralizada física y jerárquicamente hasta las últimas iniciativas de control provenientes de Estados Unidos y Europa (SOPA, PIPA y ACTA), se torna cada vez más evidente que el camino regulatorio gana peso ya sea para imponer restricciones como para garantizar libertades o incluso -en la visión de muchos- derechos. América Latina no se encuentra completamente ajena a ese proceso y posiblemente deba decidir en los próximos años la ruta hacia uno de estos polos.

Y por casa

Luego de una introducción de Simone Reperger, de Fesur, y antes de la presentación central Edison Lanza, en representación del Grupo Medios y Sociedad, dedicó un espacio a repasar la situación uruguaya. En primer lugar analizó el rol de Antel como proveedor de acceso, propietario de la infraestructura y gestor de los dominios “.com”. Al día de hoy sólo guía el accionar de la empresa un reglamento interno para intervención en contenidos (sin aplicación legal), aunque no se ha ejercido esta potestad de modo restrictivo hasta la fecha. Tampoco existe legislación específica sobre neutralidad en la red, aunque la abordan lateralmente las leyes de creación de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones y la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento. De forma similar, sobre propiedad intelectual apenas existe una mención al concepto de “puesta a disposición” de materiales protegidos en la ley 17.616. Vale agregar que aunque no fue mencionado, se encuentra a análisis del Senado un proyecto pde ley de neutralidad en la Red presentado por el senador colorado Pedro Bordaberry, con la colaboración del Partido Pirata Uruguayo. Sobre los delitos de comunicación en internet tampoco hay regulación específica, por lo que el sistema jurídico se basa en la legislación existente para medios “tradicionales”.

En ese contexto, el 16 de mayo se presentó el libro Hacia una internet libre de censuras: propuestas para América Latina, compilado por el abogado argentino Eduardo Bertoni, director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo y relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 2002 y 2005.

El evento fue organizado por la ONG Grupo Medios y Sociedad y la Coalición por una Comunicación Democrática, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (Fesur), y vale destacar que el libro de Bertoni se encuentra disponible para su descarga gratuita en http://ladiaria.com.uy/Uz .

Se plantean tres grandes preguntas al abordar este tema, según el especialista argentino. Para empezar: ¿es internet un derecho humano? Aunque no se propuso una respuesta definitiva, los últimos años han visto un importante crecimiento de esta tesis al impulso de democracias avanzadas como Finlandia (que lo integró en su Constitución en 2009) y, más recientemente, con la recomendación en ese sentido del relator especial de las Naciones Unidas sobre Promoción y Protección del Derecho de Libertad de Opinión y Expresión, Frank la Rue.

En segundo lugar, el cuestionamiento apunta a la necesidad de una regulación para las actividades en internet, tema sobre el que -como era esperable de un abogado- Bertoni respondió por la afirmativa. Su presentación se centró principalmente en las recomendaciones sobre cómo regular esa actividad pero, a diferencia de las antes mencionadas propuestas del hemisferio norte que tanto eco han tenido, en este caso la orientación responde a la tercera y última pregunta planteada: ¿cómo garantizar la libertad de expresión en la red?

Ante esta problemática Bertoni propone cuatro acciones de parte de los países latinoamericanos. La coordinación es la primera de ellas, que podría darse por intermedio de organismos como el Mercosur o Unasur. Esto permite más que uniformidad, ya que reconoce que las legislaciones de un país afecta a los demás, en una realidad en la que las fronteras nacionales perdieron relevancia.

Bertoni también recomienda la aplicación de estándares internacionales de protección de derechos, ejemplificando con los excesos en restricción de libertad de expresión a los que muchos gobiernos o legisladores llegan a aceptar con tal de proteger la propiedad intelectual. La preeminencia de los derechos humanos básicos nunca deberá ser sacrificada por la legislación de estos asuntos.

En tercer lugar se apela a la responsabilidad de los gobiernos para que la regulación no implique mayores trabas para la expansión y popularización de internet. Así como se debe atender el cuidado de los derechos de los ciudadanos, se debe velar por no afectar el funcionamiento de un instrumento que no sólo se utiliza para la comunicación sino que ya es fundamental para buena parte del comercio y los negocios.

Por último, se apela al reconocimiento del impacto económico de este tipo de leyes. Aun las mejores intenciones pueden promover exigencias que impliquen un sobrecosto para proveedores de servicios de internet que -por ejemplo- podrán terminar implicando una mayor barrera de acceso para nuevos participantes y, por ende, un mercado menos competitivo.

Pornografía infantil, odio, 
derechos de autor y honor

Ante la ausencia de legislación específica se advierte del riesgo de regirse exclusivamente por analogías, como la equiparación de internet a medios como la telefonía, el correo postal o la televisión, entre otros. Esto deriva en sentencias y medidas que además de anacrónicas suelen lesionar derechos a causa de la incomprensión sobre el medio o por la necesidad de ampararse en leyes inadecuadas.

La regulación de contenidos busca combatir la pornografía infantil, los discursos de odio, los derechos de autor y proteger el honor y la privacidad, pero cada una de estas temáticas acarrea sus propios desafíos. En los dos primeros casos suele ocurrir que la efectividad es alta para detener la subida de contenidos pero no a sus autores, mientras que las medidas que buscan la protección de los derechos de autor y del honor y la privacidad suelen desembocar en medidas extremas como la censura integral de un sitio web por un contenido en particular.

Una legislación efectiva y responsable deberá abarcar los principios generales de defensa de los derechos humanos, limitar la responsabilidad de intermediarios (por ejemplo, la de un buscador que enlaza a un contenido ilegal), limitar el filtrado y bloqueo de contenidos, definir las responsabilidades civiles y penales de los involucrados y velar por garantizar el acceso a internet.

A su vez, deberá garantizar la neutralidad de la red. Este concepto implica que ningún proveedor puede interferir -excepto en casos definidos como abuso- en qué tipo de contenidos o servicios se utilizan, aun si éstos le resultan competencia directa o le implican un perjuicio comercial (por ejemplo, enlentecer o impedir el acceso a un sitio de videos porque el proveedor desea promocionar una plataforma propia).

Primeros pasos

El estado de situación de Latinoamérica en la materia fue evaluado principalmente por su carácter pasivo, análogo a la situación de los principios de internet, cuando la ausencia de regulación era la norma. Sin embargo, presiones internacionales como las exigencias de Estados Unidos incluidas en sus tratados comerciales (uno de los puntos de desacuerdo de aquel “tren” de Tabaré Vázquez) están impulsando a poner el tema en la agenda y abordar los desafíos que plantea.

En la región lleva una clara delantera Chile, donde no sólo fue aprobada una ley de neutralidad en la red, sino que además el Senado solicitó al presidente que se tomara como referencia en la legislación en la materia la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión.

Por otro lado, se mencionó el caso de Costa Rica y su reciente unión al grupo de países que conforman la Coalición de Libertad de Expresión en Internet, que busca garantizar los mismos derechos consagrados para los medios “tradicionales” al ejercicio de informar en la web.