Los dichos de la docente, Shirley Sosa, tuvieron lugar el 10 de mayo. En una carta hecha pública sus alumnos explican que “comenzó a contar su experiencia en el área laboral en el mundo de la prensa. En determinado punto se detuvo en los años que comprendieron a la dictadura militar uruguaya de la década del 70 al 80. Con total soltura comentó haber trabajado en el organismo creado por el régimen, que se encargaba de clasificar toda la prensa escrita del país y también la extranjera. Su función era señalar todos los contenidos de estos medios, poniendo principal atención a los artículos que tuvieran directa o indirectamente alguna crítica al gobierno militar. Cuando un estudiante le señaló que ese trabajo implicaba la represión de periodistas, se mostró consciente de su rol de censora, y respecto de la represión a los periodistas señaló que ‘a algunos les había ido mal’ y que los desaparecidos en verdad se ‘habían ido muy lejos’”.
En otro tramo de la nota afirman: “Nos parece muy poco ético que la encargada de impartir conocimiento en la materia ‘prensa’ sea una persona encargada de reprimir a sus colegas y no se arrepienta de ello en la actualidad, llegando al extremo de hacerlo público como una experiencia de vida, que como ella misma dijo, ‘le sirvió económicamente’”. Los firmantes decidieron redactar la misiva “por la memoria del periodista y maestro Julio Castro, por todos los periodistas reprimidos en la dictadura, por todos los desaparecidos” y les preguntan a las autoridades “si no conocen los prontuarios de los docentes que imparten clase”.
Diversos pero alineados
El grupo está conformado por unos 25 alumnos y sólo dos se abstuvieron de suscribir la carta, que fue enviada a la directora de la escuela con copia al CETP y al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (Codicen-ANEP). Nicolás Scarón, uno de los firmantes, contó a la diaria que demoraron casi dos semanas en terminarla (está fechada el 23 de mayo) porque no les resultó sencillo ponerse de acuerdo. Comentó que no existe un gremio estudiantil y además el grupo es heterogéneo en cuanto a edades (que van desde los 18 años a más de 40), estratos sociales y orientaciones políticas, y especificó que hay simpatizantes -y militantes- de todos los partidos. Scarón indicó que las afirmaciones de la docente causaron “indignación” y que algunos estudiantes no querían entrar más a sus clases, pero finalmente se consensuó redactar la carta y para que “la medida fuera colectiva decidimos seguir entrando y efectivizar la denuncia pública”.
Por su parte, Florencia, simpatizante del Partido Nacional, dijo que el testimonio de la docente le resultó “repugnante, chocante”, y que la denuncia por la violación de los derechos humanos en dictadura y las desapariciones no la asocia exclusivamente al Frente Amplio, sino que “es un tema de valores, principios, de enseñanza”.
Respuestas
la diaria visitó el lugar para hablar con la docente y la directora. Sosa dijo a la funcionaria que fue a llamarla que “no le interesaba hacer ningún tipo de declaración”.
La directora, Claudia Rosimo, confirmó que recibió la carta el 23 de mayo, que habló con la docente el viernes 25 y que entre lunes y martes de la semana siguiente elevó a sus superiores una nota que incluía “las dos versiones”, la de los estudiantes y la de la docente. “Igual la carta fue con copia al Consejo [de Educación Técnica] y al Codicen, así que las autoridades están doblemente informadas”. Hasta el jueves las autoridades del Codicen no estaban al tanto, pero de todos modos fuentes del órgano indicaron que quien debía expresarse era el CETP. Integrantes de ese consejo dijeron ayer a la diaria que el tema será tratado hoy o mañana y no quisieron adelantar detalles.
Otras fuentes del organismo consideraron que formalmente correspondería hacer una investigación administrativa “para verificar que lo que contiene la denuncia es un hecho”. Para eso sería necesaria la declaración de la docente, de los estudiantes y de la directora; si se constata una violación al deber del funcionario docente, deberá aplicarse la sanción correspondiente.
Wilson Nebril, dirigente de la Asociación de Funcionarios de UTU, dijo conocer el caso por la prensa (fue publicada como carta abierta en La República el 27/05/12) y señaló que definirán acciones “ni bien llegue al sindicato esa comunicación”. De todos modos, adelantó a “título personal” que considera que “no correspondería haber hecho esos comentarios, más allá de la libertad de cátedra”. Por su parte, el 31 de mayo la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay difundió un comunicado de prensa repudiando los dichos de la docente y se puso a disposición de sus pares “para lo que necesiten en esta pelea”.
Recién anoche la directora notificó al grupo que había elevado una nota a su jerarquía, respuesta que les llegó luego de que el jueves 7 le hicieran llegar por segunda vez un escrito relativo al tema. La Escuela de Comunicación Social fue fundada por la Dirección Nacional de Relaciones Públicas del gobierno de facto, en 1979; muchos de sus docentes provienen o provenían -porque muchos se han jubilado- de aquel organismo.