La estrategia nacional antilavado de activos y lucha contra el terrorismo prioriza los controles en el sector inmobiliario y mantiene fuerte vigilancia sobre el sistema financiero, según un documento presentado ayer por autoridades del Poder Ejecutivo y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue redactado considerando los “riesgos” existentes y que es de “vanguardia”, dada la condición mundial pionera de Uruguay en elaborar una estrategia al respecto.
La labor antilavado conjunta entre instituciones locales y el FMI lleva más de siete años, aspecto referido ayer en rueda de prensa por Diego Cánepa, prosecretario de Presidencia. “Muchos de nosotros no nos imaginábamos agradeciendo al FMI este tipo de actuación”, admitió el jerarca. El inicio de la tarea en 2005 permitió reconocer debilidades y fortalezas del país en la materia. En 2007 se diagnosticó la situación, con lo que el país estuvo en condiciones de dar un “salto cualitativo” en las instituciones involucradas. “No todo dinero, porque sea dinero, es bueno”, parafraseó Cánepa al presidente José Mujica. A su turno, el titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Carlos Díaz, alertó que cuando ingresan divisas originadas en actos delictivos “está en riesgo la soberanía del país”, dado “el poder económico” de los grupos vinculados a esas prácticas.
Los objetivos de la estrategia apuntan a fortalecer las capacidades institucionales para control de servicios financieros, personas y estructuras jurídicas, comercio exterior, asociaciones público-privadas, así como para la investigación de patrimonios, y la protección de testigos y víctimas. El FMI valoró aquella estrategia como de “vanguardia”, según palabras de su representante Matthew Byrne, mientras que Mariano Federici, técnico del organismo, analizó que “la principal fortaleza [del país] es también su principal debilidad”, en referencia a la actual capacidad de captar recursos.
Consultado acerca de las principales actividades económicas que intervienen en la problemática y, por ende, son objeto de los controles estatales, Daniel Espinosa, gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay (BCU), respondió: “En Uruguay no se inventa nada. Seguimos los lineamientos del resto del mundo”. Según el jerarca-técnico, durante los últimos años se fortalecieron los controles sobre la operativa del sistema financiero doméstico, que es el principal sector utilizado para blanquear recursos, “por la facilidad de mover gran cantidad de fondos rápidamente”.
La estrategia antilavado que aplica Uruguay prioriza para los próximos años la observación del sector inmobiliario “societario”, comentó el gerente, en cuyo desarrollo los controles públicos “no están tan avanzados” como en aquél. En el BCU se reciben 200 reportes anuales asociados a operaciones sospechosas de lavado de activos, es decir, “lo más cercano a un caso de lavado, que después se transmite a la Justicia”, describió el especialista.