En diciembre de 2008 las intendencias de Maldonado y Rocha junto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) firmaron un convenio con la empresa del argentino Eduardo Costantini, quien propuso donar la construcción de un puente sobre la Laguna Garzón. El empresario desarrolla un proyecto inmobiliario en la costa rochense próxima a Garzón, de allí su interés por conectar la zona con los balnearios de Maldonado.

La Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Dinama, MVOTMA) y el MTOP, quien asumió la propuesta, aún están intercambiando información. El 18 de abril el MVOTMA dio al MTOP una prórroga de 120 días para que amplíe los detalles de la propuesta. En medio de esa negociación, Presidencia de la República aceptó, en febrero de este año, dos sugerencias de Dinama: que la ruta 10 -que es la que se ve cortada por la laguna, y la que continuaría el proyectado puente- sea desafectada de su carácter nacional, con lo que se evitaría el tránsito de vehículos pesados y se reduciría la velocidad, y que la Laguna Garzón integre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

El estudio formal de lo que presentó Viñoly será considerado por la Dinama una vez que el MTOP entregue todo el proyecto. En diálogo con el programa No toquen nada, de Océano FM, Jorge Rucks, director de la Dinama, catalogó la idea del arquitecto como “muy positiva” y hasta “brillante”, pero recordó que falta analizar el proyecto desde el punto de vista ambiental.

La propuesta de Viñoly es una alternativa a un puente de cemento, la estructura se basa en 22 balsas flotantes unidas entre sí con una “planta conciliadora” de madera. Su costo estimado es de 3.800.000 dólares.

El titular del MTOP, Enrique Pintado, lo definió como un proyecto que resuelve los intereses de los dos departamentos “que quieren la conectividad”, al tiempo que “resuelve la aprensión de aquellos que desde el punto de vista ambiental tienen reparos”.

Desde la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) se hizo, en primera instancia, una evaluación positiva de la iniciativa por ser de “bajo impacto” y por la “flexibilidad” que tendrá el puente, según explicó su presidente, Duilio Amándola. Consideró que el diseño elaborado no debe ser más costoso que un puente convencional, y “si tiene un costo mayor se compensa porque es mejor solución”.

La propuesta de Viñoly no conformó a Costantini. De acuerdo a lo que consignó el diario El País el viernes, el empresario discrepa con el diseño y dijo que “preferiría algo más sencillo, un puente tradicional”. Entre las objeciones, el inversionista mencionó el costo (él había propuesto pagar cerca de dos millones de dólares) y que no podrán pasar embarcaciones por debajo.

Otras objeciones

El biólogo Ricardo Rodríguez, integrante de la Unión de Vecinos de La Paloma, recordó que desde que se creó en 1993 el Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los Humedales del Este (Probides) expertos nacionales y extranjeros sostuvieron “que para proteger lo que quedaba de costa no tenían que hacerse más rutas costeras ni el puente sobre la Laguna Garzón, y ahora estamos haciendo todo lo contrario: promoviendo una ruta costera que promueve la urbanización”. Dijo además que “el paisaje y la vegetación que hay en Garzón son sumamente valiosos desde el punto de vista biológico y ecológico” y que “prácticamente es lo único que queda en Uruguay” de matorrales costeros y bosques psamófilos. “Era común en la costa uruguaya pero la urbanización lo ha ido relegando a pequeñas fracciones”, explicó.

En el mismo sentido, el propio Viñoly argumentó en el pasado en contra de las rutas costeras: “El acceso a este tipo de costa debe hacerse por caminos secundarios perpendiculares a la misma, en vez de a través de una ruta que la sigue longitudinalmente. Esta es una conclusión que prácticamente no tiene oposición en los planos técnicos de nivel internacional”, afirmó en una carta publicada hace un año. Al ser consultado por la prensa luego de la presentación del proyecto, el técnico aludió a la política de ordenamiento territorial: “El problema son los loteos, no es el puente”, expresó.

El intendente de Rocha, Artigas Barrios, considera que el desarrollo urbanístico de la zona está controlado a partir de la ordenanza costera departamental. Pero tanto Rodríguez como Luis Castelli, vicepresidente de la fundación Amigos de las Lagunas de Rocha, criticaron las excepciones que se están aplicando a dicha norma. La última fue votada por la Junta Departamental rochense el martes 5, cuando se autorizó a que 100 personas edifiquen en predios de una y dos hectáreas, cuando la norma pone como límite de edificación las cinco hectáreas. De acuerdo a lo que publicó el viernes el Diario del Este, el prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, es una de esas 100 personas. “La reglamentación encuentra excepciones todo el tiempo”, graficó Castelli, y el mencionado diario consignó otros dos ejemplos. Uno de ellos es el fraccionamiento permitido a Costantini y el otro involucra a una sociedad anónima en la que participaría un hijo de Costantini.