De acuerdo a datos oficiales, la reforma agraria en Brasil es uno de los déficits del gobierno de Dilma Rousseff. Una de las banderas de la izquierda brasileña parece haber avanzado poco en los primeros dos años de la nueva administración del Partido de los Trabajadores, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (Incra), del Ministerio de Desarrollo Agrario del gobierno de Brasil, citados por la agencia italiana ANSA y el diario Folha de São Paulo. Entre 2011 y 2012 fueron 44.000 las familias asentadas en tierras expropiadas por el gobierno, cifra que está por debajo de la mitad de lo hecho por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso -quien en sus dos primeros años asentó 105.000 familias- y de lo realizado por el de Luiz Lula da Silva -quien entre 2003 y 2004 asignó tierras expropiadas a 117.500 familias-.
Folha destaca que en lo que va del mandato 86 unidades productivas fueron destinadas a asentamientos de familias sin tierra, cifra que sólo supera al gobierno de Fernando Collor, que entre 1990 y 1992 desafectó 28 inmuebles privados. La nota destaca que, de acuerdo al Diario Oficial, el gobierno actual expropió 58 inmuebles en 2011 y tan sólo 28 en 2012. El equipo de Rousseff atribuye la caída en el ritmo de expropiaciones a una reducción de la demanda de los “sin tierra”, a la consolidación del programa social Bolsa Familia y al aumento del salario mínimo de los últimos dos años.
Si bien los datos de personas reasentadas en 2012 no se conocen aún, el diario Folha afirma que serán unas 23.000 familias, mientras que la meta inicial era de 30.000. Esta disminución se debió tambien a dos factores adicionales: por un lado, un recorte de 400 milllones de reales al presupuesto del Incra; por otro, una huelga de funcionarios del instituto que afectó la asignación de tierras.
Las malas juntas
Alexandre Conceição, coordinador nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), consideró “una vergüenza” el desempeño de la gestión de Rousseff y dijo que el gobierno no realiza reformas estructurales por tener un apoyo “heterogéneo”.
“Esa composición da estabilidad política al gobierno y amplio margen de apoyo en la opinión pública, pero impide reformas estructurales que afecten a los intereses de las clases privilegiadas”, dijo el dirigente. La presidenta Rousseff se defendió el año pasado de las críticas del MST diciendo que su gestión se basa en una reforma agraria planificada, que busca mayor infraestructura y facilidades crediticias y edilicias antes de entregar tierras a los campesinos.
João Pedro Stédile, líder histórico del MST, declaró a la revista Carta Capital unas semanas atras que “85% de las mejores tierras de Brasil son usadas solamente para soja, maíz, pasto para ganado y caña de azúcar, y el 10% de los grandes hacendados controlan 85% de todo el valor de la producción agropecuaria”. Agregó que estos hacendados con tierras por encima de 200 hectáreas “son marionetas de 50 empresas transnacionales que controlan los precios, el margen de ganancia y el mercado mundial”. De acuerdo a Stédile, en el gobierno “están ciegos por el éxito de las exportaciones del agronegocio, que nada tiene que ver con un proyecto de país”.
Por su parte, el diputado Valdir Colatto, del Partido del Movimiento Democrático Brasilero -aliado del gobierno-, señaló que aprobaba “el ritmo de Dilma” y que “el problema es dar viabilidad para que los asentados produzcan; 70% de los asentamientos están viviendo de Bolsa Familia: no producen ni para alimentarse”. Colatto es integrante de la “bancada ruralista”, un frente parlamentario de defensa de los intereses de los propietarios rurales.