Su reciente implementación hace que el abordaje cuantitativo de sus impactos sea incipiente y existan pocos estudios sobre el tema. Uno de ellos es una monografía para obtener el título de economistas de Virginia Cabrera y Cecilia Cárpena, que entrega algunos datos de interés sobre el funcionamiento de los CS y su impacto en los salarios.

Dado que la efectividad de los CS depende de forma crucial de que se cumplan los acuerdos, el trabajo analiza la evolución del incumplimiento de los laudos entre 2007 y 2011.

La principal hipótesis del trabajo de las autoras era que el incumplimiento había decrecido entre 2007 y 2011 y que aquellos asalariados que continúan percibiendo salarios por debajo del laudo tenían similares características que los afectados por el desempleo y la informalidad.

Las autoras definen la Negociación Colectiva (NC) como el “proceso a través del cual agentes representativos de trabajadores y empresarios fijan las condiciones laborales que rigen en las empresas”. El modelo teórico más sencillo concibe la acción de un sindicato como un monopolio que vende trabajo. Pero otros modelos más complejos analizan el comportamiento sindical como el de un agente que valora tanto el salario como el empleo, y que está dispuesto a intercambiar uno por otro en función de las circunstancias específicas de cada negociación. Otros modelos teóricos señalan que los sindicatos se inclinan por las preferencias de los trabajadores que pertenecen a ellos (insiders), y no tanto por los que no pertenecen (outsiders), y así cuando los primeros están empleados, los sindicatos dejan de preocuparse por la variable empleo y ponen el foco en objetivos salariales. Este modelo explicaría por qué los sindicatos, ante un incremento de la demanda agregada de la economía, prefieren luchar por un alza de salarios y no del empleo. A su vez, el modelo es compatible con el hecho de que los sindicatos estén dispuestos a rebajar sus demandas salariales en momentos recesivos; y provee una explicación a la existencia del desempleo alto y persistente.

El período de análisis (2007-2011), con tasas de crecimiento elevadas de la economía, debería a priori “ayudar” a reducir las restricciones de costos, las que suelen ser planteadas como causas del incumplimiento de laudos. A su vez, la evidencia empírica revisada por las autoras del trabajo muestra que los CS se “afirman” conforme pasa el tiempo y mayor es la experiencia de las partes involucradas. Estos dos hechos conducen a la hipótesis principal del trabajo: la evolución del incumplimiento de los laudos presentó una tendencia decreciente entre 2007 y 2011.

Siempre los mismos

En las rondas de CS 2005 y 2006 funcionaron 23 grupos de actividad, y 24 en las de 2008 y 2010, ya que en 2008 se creó el grupo “Servicio doméstico”. Sin embargo, dada la diversa realidad en los grupos, se crearon subgrupos que fueron el ámbito donde se concretaron las negociaciones. La consecuencia primaria fue el aumento de la cantidad de sindicatos y trabajadores afiliados, y un incremento de la afiliación empresarial a las distintas cámaras.

Más allá de la existencia de diversos mecanismos para saldar los desacuerdos entre las dos partes, los resultados de las rondas indican que hubo un elevado grado de consenso: en las cuatro rondas el porcentaje de acuerdo estuvo en el entorno de 85%. Este alto hecho debería, según Cabrera y Cárpena, ser una “garantía” contra incumplimientos de laudos. Sin embargo, la práctica es más compleja, dado que en algunos grupos los actores no estuvieron “bien representados” dadas las heterogeneidades existentes.

A partir de ajustes metodológicos de tipo estadístico, el porcentaje de asalariados privados considerados en el análisis fue 73,4% en 2007, y en torno a 88% para el resto de los años de estudio.

La principal conclusión a la que se arriba es que el nivel de incumplimiento de laudos se redujo en el período 2007-2011, aunque se aclara que la magnitud de la disminución es pequeña: pasó de un incumplimiento de 16,6% del total en 2007 a 14% en 2011. Esta cifra “continúa siendo alta” según las autoras, que destacan algo “llamativo” del proceso, y es que dichos niveles de incumplimiento “se están dando en una economía que crece”. Las posibles explicaciones aportadas en la monografía son que algunas empresas “negocian” con sus trabajadores salarios inferiores a los establecidos para ellos en CS, dependiendo de ciertas características o atributos de los trabajadores y de las empresas. Empresas que tienen como “motor” la reducción de costos suelen ofrecer salarios por debajo de los establecidos o recurren a la informalidad y los trabajadores “contratados” en este régimen son aquellos que presentan mayor vulnerabilidad en el mercado de trabajo. Esta situación, comentan las autoras del trabajo, puede persistir, más allá del crecimiento de la economía, si no se aplican mecanismos de control como inspecciones de empresas o una mayor difusión de los acuerdos, para facilitar su interpretación por parte de los trabajadores.

Otra conclusión es que “los asalariados que sufren los mayores incumplimientos, tienen las mismas ‘características' que las personas que son más propensas a estar desempleadas o no cubiertas por la seguridad social, es decir: ser menor de 25 años, mujer, de baja calificación, vivir en el interior y/o trabajar en empresas pequeñas”.

A partir de un ejercicio de simulación, la monografía encontró que de no existir dicho incumplimiento en los laudos salariales más bajos, “la dispersión salarial se reduciría y los trabajadores más vulnerables serían los más beneficiados”.

Otra posible explicación sobre la persistencia del incumplimiento podría relacionarse con los bajos niveles salariales previos al momento de la convocatoria a los CS. Esta situación inicial pudo llevar a los empresarios a aplicar, en promedio, los incrementos establecidos pero sin respetar el laudo inicial, el cual quizá imprimía mucha exigencia en algunas empresas y/o sectores.