El proyecto de ley les facilita a familias de bajos ingresos y a pequeñas empresas el acceso a los servicios financieros mediante el otorgamiento de cuentas bancarias gratuitas para cobro de sueldos, jubilaciones, beneficios sociales, entre otras medidas.
Berasain explicó que será una ley “positiva”, porque, a su juicio, tiende a una mayor “formalización” del sector financiero y a mejorar el acceso de la población de menores recursos a servicios de ahorro y crédito. A su vez, la reducción de dos puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para compras con tarjetas de débito u otros instrumentos similares, prevista en el proyecto, es un “compromiso de gobierno”, según asegura la autoridad del Inacoop.
Julio de Brun recordó que desde los bancos privados se comparte el objetivo que persigue el proyecto. Consideró buena la idea de extender a todas las instituciones de intermediación financiera y emisoras de instrumentos de valor electrónico el mecanismo de retención de haberes para los créditos que tomen las personas. Según De Brun, éste es un punto de acuerdo con el proyecto, porque “era una cuestión importante para aumentar la penetración [de la banca privada] en el mercado de créditos”.
Bailar pegados
Los reparos de las cooperativas vienen por el lado del orden de prelación en los descuentos a la nómina. Según Berasain, “la ley no cambia en nada si mantiene el orden de los descuentos” de la nómina, que regía hasta ahora y que permitía a las cooperativas de ahorro y crédito y de consumo descontar los pagos en los sueldos y pasividades antes que otros agentes. “Antes de las cooperativas, ingresan otros, como los seguros médicos y los bancos. Está bien que ingrese el BHU o el MEVIR, pero no es justo un tratamiento igual para desiguales”, sentenció.
Sin embargo, para De Brun, el orden de retención de haberes sólo favorece “parcialmente” a la banca privada, porque el Banco República (BROU) tiene “ciertas ventajas”. El BROU es el primero en descontar, incluso si el usuario que solicitó un crédito no tiene cuenta en el banco estatal, según el director ejecutivo de la ABPU. “Cuando la economía crece, no hay problema; pero cuando el ciclo cambia, el tipo de tasa de interés no es restrictivo, el que primero queda sin crédito es el que se quiere beneficiar”, explicó.
Berasain planteó una preocupación con respecto al articulado del proyecto: “47% de los socios de las cooperativas son del interior. Los bancos ¿van a atender a la gente de Piedra Sola o de Goñi? Cuidado, que no se termine perjudicando a quienes se quiere ayudar”.
De Brun, que reconoció que “hoy por hoy no se atiende” al público al que está destinada la iniciativa, explicó que “al mover montos pequeños”, dado que “no se tenía el privilegio de descontar de la nómina”, el costo de gestión de los créditos era muy alto. El seguimiento que se hacía de los deudores implicaba mayores gastos para las entidades bancarias. Por otra parte, el ex presidente del Banco Central del Uruguay (BCU) durante el gobierno de Jorge Batlle mencionó que la banca privada ofrece créditos para sectores de menores ingresos; ejemplificó este hecho con la iniciativa de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), destinada a otorgar créditos a pequeñas empresas, a las que “los privados se presentaron con más montos”.
Pulseada
El informe que precede al articulado del proyecto de ley explica que, si bien se extiende el derecho a ofrecer el salario como garantía para obtener créditos en la institución elegida por el trabajador para cobrar sus haberes, se topea la tasa de interés por debajo de la tasa general de usura.
Berasain detalló que, según datos elaborados por la consultora CPA Ferrere para las cooperativas de ahorro y crédito, las tasas de interés más bajas en el mercado son las del BROU, con 29%; luego están las cooperativas, con 43%, y las financieras, con 80%. El proyecto de ley establece que, al momento de ser concedido el préstamo, la tasa de interés implícita no podrá superar un porcentaje mayor a 10%, que es la tasa media de interés de los créditos al consumo fijada por el BCU. Según Berasain, la tasa media hoy se sitúa en torno a 33%, lo que estaría por debajo de lo que cobran las cooperativas.
Por otra parte, la iniciativa apunta a que ninguna persona física perciba por concepto de retribución salarial o pasividad una cantidad en efectivo inferior a 30% del monto nominal, deducidos los impuestos a las rentas y sus correspondientes anticipos, y las contribuciones especiales de seguridad social. Este porcentaje se elevará, a partir de 2015 a 40%, y a partir de 2016 a 50%. “Nos parece bien, pero, si lo analizamos, tendríamos que dar préstamos a muy largo plazo para que fueran accesibles”, ya que, a medida que avanza el tiempo, el trabajador tiene menos poder de retención y la gestión del cobro es más riesgosa, según admitió el presidente de Inacoop.
Según De Brun, la banca privada solicitará en la Comisión de Hacienda de Diputados que se “ajusten los costos operativos”. La gratuidad de los servicios en segmentos de la población que “ya están utilizando” la banca privada, sea que el costo lo asuma la empresa empleadora o el trabajador, tendrá efecto en los costos operativos.