Para Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, todas las personas deben “jugar bajo las mismas reglas”. Así se llama la campaña que la Casa Blanca inició como un intento de “arreglar” el sistema de inmigración. El comunicado emitido por la presidencia el 29 de enero informaba que existen 11 millones de personas “viviendo en las sombras”, así como “muchos empleadores que hacen trampa con el sistema” al contratar a trabajadores indocumentados. “Ninguna de estas opciones es buena para la economía o para el país”, manifestó, al tiempo que llamó a la responsabilidad “de todos”, tanto de los ilegales como de aquellos que los contratan.

Según un artículo publicado la semana pasada por The Wall Street Journal, “las empresas que fabrican chips necesitan ingenieros o expertos en matemática, pero también los granjeros necesitan trabajadores que recojan las naranjas que nadie quiere recolectar”. Ese medio recoge la opinión de John Feinblatt, presidente de Partners hip for a New American Economy, un grupo bipartidista de alcaldes y líderes empresariales, quien señaló que “otros países están desenrollando la alfombra roja para recibir trabajadores y noso- tros no” y agregó que las leyes que limitan el número de empleados calificados que pueden trabajar en Estados Unidos “son un obstáculo para que algunas compañías puedan crecer, en especial las tecnológicas”.

El programa se basa en cuatro ejes: fortalecer las fronteras migratorias; terminar con las empresas que contratan trabajadores indocumentados, mediante una “verificación obligatoria y electrónica de empleo en fases”; promover la responsabilidad entre los indocumentados, previo a que puedan “ganarse” su ciudadanía mediante el pago de impuestos, el aprendizaje del idioma local y la entrega de antecedentes; y, por último, agilizar el sistema legal de inmigración.

El presidente estadounidense quiere conocer la opinión de las corporaciones y por eso se reunió “por separado” con sindicatos y activistas de la comunidad inmigrante y ejecutivos de algunas de las principales empresas del país. Las repercusiones fueron positivas, ya que tanto los activistas como los empresarios se manifestaron a favor; incluso algunos empresarios manifestaron su voluntad y afirmaron que “esta reforma traería beneficios a la economía estadounidense”.

¿Quién lo dijo?

Arne Sorenson, presidente de Marriott International (una cadena de hoteles de lujo), opinó que si no se aprueba la reforma “los indocumentados no se van a ir”, por lo que estimó que “será buena para sus vidas, para nuestra economía y para el crecimiento económico”. Por otro lado, Joe Echevarría, principal ejecutivo de la consultora Deloitte LLP, consideró que una reforma migratoria integral “es la única forma de resolver de una vez por todas el problema”, y agregó que “medidas parciales” no serían efectivas.

En cuanto a los activistas, Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza (la organización hispana más antigua del país), dijo que aún es necesario definir “la mejor estrategia posible”, de manera de impulsar esta iniciativa “de forma rápida”. Richard Trumka, presidente de la central sindical AFL-CIO, concordó con la “urgencia de poner en marcha una reforma” pero “que tenga sentido común”, que “corrija los problemas del sistema migratorio e incluya un camino amplio hacia la ciudadanía”. Cristina Jiménez, directora de la red Juntos Soñamos, reconoció que será una lucha “muy dura”, pero fue tajante al comunicar que “sólo aceptarán una reforma ‘incondicional’ y un camino claro y directo hacia la eventual ciudadanía”.

Por otro lado, según el diario conservador Sessions, los republicanos consideran que la reforma facilitará el ingreso de mano de obra “barata”, “en detrimento de los trabajadores estadounidenses”, además de promover una “amnistía y migración en cadena”.

Por su parte, el martes la consultora Gallup difundió una encuesta que arroja que 72% de los ciudadanos apoya una reforma que incluya “una vía hacia la legalización y eventual ciudadanía de los indocumentados”, mientras que 68% apoya una “mayor inversión en la vigilancia fronteriza”.

¿Por Suiza cómo andamos?

En contraposición, el gobierno de Suiza pretende recortar permisos de trabajo ante “el aluvión recibido de españoles, portugueses e italianos”, dijo el consejero federal para Asuntos Internos, Didier Burkhalter. El gobierno suizo aplica este “freno” desde abril de 2012 a los inmigrantes de Europa del Este y ahora planea extenderlo a otras nacionalidades europeas. El gobierno se ampara en una “cláusula de salvaguardia” incluida en el acuerdo firmado con Bruselas en 1999 sobre la libre circulación de personas, según la cual la capital de dicho país, Berna, puede reducir el número de permisos de trabajo emitidos cuando éstos superen el 10% de la media de los tres años anteriores. Según informó el periódico, esa cifra podría ser rebasada el 31 de mayo.

Burkhalter declaró a la cadena televisiva suiza RTS que “se está discutiendo la ampliación de la norma a todos los miembros de la Unión Europea”, pero que aún no es certero el “paso” por motivos económicos y políticos, principalmente, porque sectores como la agricultura y el turismo necesitan mano de obra europea “barata” para seguir siendo competitivos. También aclaró que, de implementarla, “sólo se aplicaría durante un año”. Desde la Unión Europea recibieron la noticia con recelo: “Si Berna quiere prorrogar esa medida, como dicen los rumores, será su decisión. Pero Suiza tiene que saber que las negociaciones entre ellos y nosotros deben recibir luz verde de todos los miembros de la Unión Europea, incluidos aquellos a los que ha sancionado”, declaró el alto funcionario europeo David O’Sullivan.