Según un estudio del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los Programas de Transferencias Condicionadas (PTC) perpetúan el rol de la mujer como cuidadora.
Desde su puesta en marcha en la región, los PTC se orientan principalmente a las mujeres, ya que en la mayoría de países conceden ingresos para educación y salud de los niños por medio de sus madres. Varios de estos programas de transferencias combinan un aporte monetario con la exigencia de contraprestaciones familiares y, en algunos casos, cuentan con un sistema de sanciones ante incumplimientos de los compromisos contraídos, como la asistencia escolar y el control de salud de los niños.
Desiguales
En América Latina, 34,4% de las mujeres no cuentan con ingresos propios, mientras que esta proporción entre los hombres es de 13,3%. En Uruguay, estas cifras son 15,7% y 5,8%, respectivamente.
La publicación fue presentada el 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Desde el título se explicita el debate de fondo: “Los bonos en la mira: aporte y carga para las mujeres”. Para muchas mujeres estas transferencias monetarias son la primera fuente de ingreso estable en toda su vida y significan una retribución mensual que no tendrían de otro modo. La investigación señala que este beneficio es considerado por las mujeres como propio y, de esta forma, consolida su posición en los procesos de toma de decisión en el hogar. “Los PTC perpetúan una organización del cuidado en la sociedad basada en el trabajo no remunerado de las mujeres”, indica el estudio y agrega que, de esta manera, se transforman en una causa más de desigualdad económica de género.
El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe destaca que los PTC presentan a la mujer como madre, no como persona con derecho propio a la protección social, y de esta manera se refuerza la idea socialmente construida de que el cuidado es una responsabilidad natural de las mujeres.
En el prólogo de la publicación, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, advierte: “Las políticas públicas están lejos de asimilar el avance de las mujeres y, aunque muchos programas las visibilizan y reconocen, en general no se inspiran en el marco de derechos y prevalece una visión instrumental, especialmente de las mujeres pobres”. De acuerdo con el estudio, este tipo de política social tiene implícito una “visión maternalista” que considera a las madres como corresponsables (junto con el Estado) en la consecución de ciertos objetivos sociales, como la superación de la pobreza. Al hacer necesaria la responsabilidad individual de demostrar la asistencia escolar y los controles de salud para conseguir los bonos, la organización familiar “asigna” esa tarea a la mujeres.
Cuando los hijos han cumplido la máxima edad permitida para participar en el programa, la transferencia se cancela y en la medida en que la mujer no haya generado vías alternativas de participación en la actividad económica se encuentra en desventaja para insertarse al mercado laboral.
La publicación incluye recomendaciones para que estos programas no reproduzcan la lógica de subordinación económica de las mujeres. La primera es abandonar la visión maternalista de la política social, buscando que las transferencias contribuyan a una mayor autonomía de las mujeres y a modificar los roles tradicionales de género. También recomienda estrategias que permitan dejar atrás los programas de transferencia condicionada y orientar la política social hacia sistemas de protección integrados, homogéneos, inclusivos y con un enfoque de derechos.
El análisis de la autonomía económica de las mujeres deja en evidencia una de las paradojas más típicas del desarrollo económico y social en la región. Mientras que el crecimiento económico se mantiene y la pobreza retrocede, aumenta la proporción de mujeres entre los pobres. Además, el informe indica que la reducción de la pobreza en gran parte se debe a la incorporación de las mujeres a un mercado de trabajo desregulado, que las relega a empleos de menores salarios.
El Observatorio es un grupo interinstitucional constituido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Panamericana de la Salud , la Entidad para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), la Secretaría General Iberoamericana, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. La secretaría está a cargo de la CEPAL.