“Conservar el suelo es ir contra el mercado”. La frase es de Fernando García Prechac, profesor y decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República (Udelar) y se refiere al conflicto entre los intereses cortoplacistas de quienes actúan en el mercado y los de la sociedad que están puestos en la conservación del recurso suelo.

La expansión de la producción de granos, de la que la soja es en gran medida responsable, ha tenido impactos positivos en la generación de riqueza, exportaciones y en la actividad en las zonas en que se concentra. Pero también tiene impactos ambientales negativos, como el riesgo de erosión y la pérdida irreversible de partículas del suelo arrastradas por el agua, cuya consecuencia es la reducción de la productividad.

En palabras de García Prechac, el aumento del área de siembra de cultivos de grano, especialmente de soja, genera una serie de interrogantes asociadas a la expansión de suelos con problemas de erosión y baja fertilidad: tendencia al monocultivo, eliminación de la rotación con pasturas y el manejo y nutrición de los cultivos.

Los científicos no tienen duda de que algunas prácticas de uso y manejo de suelos afectan la productividad futura de éstos en Uruguay. Es el caso de la plantación de soja continua (soja tras soja) que deja sin cobertura vegetal al suelo durante el invierno, única protección frente a la erosión.

La razón principal por la que no están generalizadas las prácticas conservacionistas que proponen los científicos es que reducen la rentabilidad del empresario y del rentista. En este sentido, el valor del arrendamiento de tierras agrícolas para soja y cultivos vinculados se ha multiplicado en pocos años, hasta representar un costo mayor (quizás el doble) que el costo de la mano de obra.

En algunos casos, la conducta predatoria sobre el recurso natural puede originarse en información incompleta sobre el riesgo de erosión y la pérdida de fertilidad. Pero ése no es el caso de las grandes empresas, como las que concentran cerca de 70% de la producción de granos, ya que disponen de técnicos y fondos para contratarlos.

Un par de observaciones adicionales. Las innovaciones tecnológicas pueden ser rentables y al mismo tiempo de interés social. Es el caso de la siembra directa; la aplicación de un herbicida en lugar de remover la tierra, práctica rentable que contribuyó a una reducción sustancial del riesgo de erosión.

En segundo lugar, es posible que muchos productores y grandes empresas estén adoptando medidas para conservar los suelos y se encuentren bien dispuesto hacia la adopción de prácticas adecuadas. También es posible que cada vez más propietarios de tierra bien informados estén exigiendo a los arrendatarios, además del pago del arrendamiento, un uso y manejo adecuado del suelo.

El conflicto entre el mercado y el interés social en la conservación del suelo convoca a la intervención del Estado. Pero, según lo muestra la realidad, no es nada sencillo ir contra éste en ninguna parte del planeta. Eso también sucede en Uruguay en el tema de erosión del suelo.

Dado el peso de los intereses en juego, no es extraño que no se haya implementado legislación en la materia. Pero esto no se debió a la ausencia de un marco legal. La Ley de Conservación de Suelos y Aguas de 1968 propuesta cuatro años antes por la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico bajo el patrocinio de Wilson Ferreira Aldunate ofreció un excelente e innovador marco normativo. Pero las leyes de por sí no cambian la realidad, particularmente cuando no están apoyadas por la voluntad política.

Las circunstancias cambiaron recientemente. Por un lado, hay una fuerte expansión agrícola basada en la soja, lo que urge a la adopción de una política de conservación de suelos. Además, la presencia de un elenco de gobierno con otra orientación dio base a que en 2008 se modificara la legislación y se establecieran normas con base científica y reforzaran las menguadas capacidades institucionales.

En 2013 se dará un nuevo paso trascendental, obligando a todas las empresas con más de 100 hectáreas de cultivo a presentar planes de uso y manejo que contemplen las mejores prácticas conservacionistas. Basado en consideraciones científicas, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha establecido cuáles son dichas prácticas y un programa para asegurar su efectiva implementación.

Para conservar el recurso suelo se necesitan muchos apoyos y voluntades. Ante todo, se requiere capacidad de gestión y, por encima de todo, voluntad política, el ingrediente que faltó en las últimas décadas.

La participación del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y la Udelar tiene un importante papel en la investigación, capacitación y divulgación, a la vez que el Banco República, el Banco de Seguros del Estado (BSE) y otros organismos pueden fomentar la implementación de medidas para la conservación de suelos. Desde ya el BSE otorgará una forma de descuento a sus clientes agrícolas que tengan un plan de conservación de suelos.

La decisiva participación informada y consciente de productores, empresas arrendatarias, arrendadores y de sus técnicos es fundamental. Finalmente, y también muy importante, “los habitantes de la República deberán colaborar con el Estado en la conservación y manejo de los suelos y aguas” como lo expresa la ley de 1968.

La puja entre mercados y recursos ha dejado una huella importante en los suelos de Uruguay, particularmente en los dos grandes empujes agrícolas, el que culminó a fines de los años 50 y el actual.

La historia, sin embargo, puede tener un final feliz. Puede venir un tiempo en que se produzcan granos sin afectación significativa del suelo, un recurso fundamental del que deben disfrutar también las futuras generaciones de uruguayos.