El estudio, que fue presentado ayer en el marco del Observatorio del Sistema Judicial, analiza, en el período 2005-2010, los delitos cometidos por adolescentes a partir de la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA). En cuanto a las modalidades de actuación en hechos que infringen la ley, se destacada una clara concentración para todos los años de los delitos contra la propiedad, en su mayoría hurtos y rapiñas, mientras que los cometidos contra las personas son minoritarios. También advierte que los hurtos bajaron mientras que las rapiñas aumentaron.

En relación al primero, el informe da cuenta de que se suele recuperar un número relevante de aquello que fue sustraído. En tanto, en el período 2005-2006 se recuperaba 48% y en el período 2009-2010 alcanzó 58%. Las infracciones son más frecuentes en la vía pública, aunque de acuerdo al estudio, van decreciendo. También disminuyen aquéllas contra la vivienda. Sin embargo, los delitos que ocurren en locales comerciales y en el transporte público son los que han aumentado en forma sostenida con el paso de los años estudiados.

La infracción más usual es la rapiña, que en la mayoría de los casos es cometida por adolescentes varones de 16 y 17 años. El horario más usual para este delito es entre las 16.00 y 20.00. Sin embargo, durante 2010 los porcentajes de infracciones cometidas entre medianoche y las 8.00 fueron los más bajos, mientras que los más altos se concentraron a mediodía y de tarde.

El estudio concluye que el aumento de las rapiñas con relación a los hurtos se ha transformado en una característica del sistema, cuya consecuencia, entre otras, es el aumento de la población privada de libertad.

El abogado Javier Palummo, autor del estudio, comentó a la diaria que algunos teóricos han planteado que existe una “nueva delincuencia contemporánea más violenta y con menos valores”. Al respecto, sostuvo: “Es un planteamiento que ha sido tomado por autoridades, operadores y medios de comunicación. Sin embargo, sostenemos que no se trata de una nueva cuestión subcultural -algunos llegan a hablar de maras- como si se tratara de un subtipo juvenil frente al cual nos enfrentamos. Éste es uno de los argumentos que se utilizan para hablar de la razón del aumento de los delitos. Podemos estar de acuerdo, pero la explicación no nos parece adecuada; faltan argumentos. Este planteo implica depositar la responsabilidad en los adolescentes. Creemos que existen responsabilidades del sistema de políticas públicas”, explicó Palummo. Es que en 2009 se dispararon las fugas de los centros de privación de libertad hasta alcanzar los 1.800 casos. “Si tenemos un sistema de 300 adolescentes privados de libertad y se registra en dos años esa cantidad de fugas, eso nos indica que esa política de privación de libertad no asegura la permanencia”. Por otra parte, aportó que cuando los fugados reinciden lo hacen en el mismo delito que cometieron la primera vez, lo que podría explicar el aumento de casos de rapiña.

Prioridades

Otro de los aspectos que destaca el informe es la presencia de armas en la sociedad. Según datos de marzo de 2006, se encontraban inscriptas casi 600.000 armas (incluyendo las de las Fuerzas Armadas y la Policía, que corresponden a 8% del total). De las 385.000 personas inscriptas, 1.187 eran coleccionistas. En relación al total de los delitos, el informe observa un aumento en la tendencia del uso de armas, y concluye que en 2010 fueron usadas en 76% de los casos. “Un fenómeno clave para pensar en el aumento de la violencia es la disponibilidad de armas de fuego por parte de los adolescentes”, comentó el autor del informe. “En el período 2008-2010 los discursos de las autoridades han cambiado bastante en relación a este tema. En los últimos meses se habla de desarme, pero antes no estaba tan claro. Esto advierte una ausencia de política agresiva de control de armas en manos de la población civil. Si bien existe un proyecto de ley del Ministerio del Interior en trámite parlamentario, no parece ser prioridad en la política de seguridad ciudadana. El adolescente podrá querer portar armas porque genera prestigio en un sistema de valores que él maneja, pero más allá de eso, lo preocupante es que puede acceder a ellas, están disponibles”, concluyó el abogado.

Entre 2002 y 2005, en Montevideo fue denunciado el hurto de 2.309 armas de fuego, según destaca el informe, y añade que es claro que las armas robadas a poseedores legales nutren al mercado ilegal.