Desde el 1º de febrero la Justicia ha dispuesto la colocación, en total, de 20 tobilleras electrónicas. Permanecen 17. De los tres casos en los que los dispositivos ya no son portados por los agresores, en uno ocurrió que se cumplió el “tiempo prudencial; se hizo la evaluación y se levantó la medida”; en otro la persona, que no era oriunda de Uruguay, volvió a su tierra natal; y en el restante, el más conocido, el agresor se la quitó y, después de permanecer prófugo durante 12 días, fue procesado con prisión por el delito de desacato.
Lindner subrayó que a tres meses y medio de estar operativo el sistema, “no se puede hacer una evaluación”. “No estamos en condiciones”, dijo, pero agregó que, de todos modos, “la experiencia hasta el momento deja ver que la medida cumple con el objetivo de protección” y permite señalar que “el funcionamiento ha sido muy positivo”.
“No se han generado eventos que hayan puesto en riesgo directo a las víctimas. Es posible valorar que es una herramienta disuasoria; es un instrumento que sirve a la inserción y por tanto a la prevención de situaciones de mayor riesgo. Se ha tenido que dar respuesta policial en algunas situaciones en las que se activaron las señales de alarma que aparecen en el centro de monitoreo al registrarse determinados eventos”, pero también se ha generado “un vínculo muy importante” tanto con las víctimas como con los agresores, destacó.
¡Atento, cambio!
Apenas la Justicia ordena la colocación de una tobillera, el Área de Violencia de Género del Centro de Comando Unificado del MI establece contacto con la víctima y el agresor por diferentes vías: a distancia, ya sea telefónicamente o mediante el localizador que llevan consigo las víctimas; y personalmente, por intermedio de una visita de un agente de la Policía Comunitaria que queda “como referente”, explicó Lindner. En una primera etapa los operadores del centro de comando, que trabajan de a tres por turno y cubren las 24 horas, hacen una llamada diaria “para saber cómo se encuentran, si hay cambios importantes en los recorridos habituales. Eso ha establecido un vínculo relevante entre las personas, tanto agresores como víctimas, con el equipo de trabajo del MI”. “Tratamos de que sea una respuesta con la que las personas se sientan apoyadas, que noten una preocupación y una presencia”, comentó Lindner, que señaló que el plan incluye la atención, para las víctimas, del Servicio de Atención a Situaciones de Violencia Doméstica del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). En el caso de los agresores, mientras no sea creado un servicio destinado a ellos, reciben atención de Sanidad Policial.
“Tenemos la mejor recepción hasta el momento. Los agresores se comunican muy seguido cuando se ven desbordados, cuando tienen alguna problemática; llaman ellos mismos al equipo. Hay mucha comunicación por iniciativa de los propios agresores tanto como de las víctimas. Hasta el momento ha sido todo muy bien canalizado por el equipo de monitoreo. Hemos tenido una serie de devoluciones de las personas involucradas que han sido altamente positivas”, afirmó Lindner, y apuntó que, más allá del caso conocido, “no se ha presentado resistencia” ni ha habido “situaciones de mal uso” en los restantes.