Fernando Lorenzo, titular del MEF, señaló que las autoridades concluyeron que la situación internacional caracterizada por alta incertidumbre, volatilidad de variables macro y políticas monetarias “inusualmente expansivas en países avanzados” seguirá en “los proximos dos o tres años”, y eso determina presiones sobre los “fundamentos de la economía”. La lenta o nula recuperación de las economías centrales lleva a que éstas practiquen políticas monetarias de bajas tasas de interés, lo que ha generado un fuerte flujo de capitales hacia los mercados emergentes, a lo que se agrega el creciente atractivo de Uruguay por el logro del grado inversor otorgado por varias calificadoras. En este sentido, Lorenzo indicó que la inversión de cartera o especulativa ha crecido “de una manera desmedida en nuestro país”, y que ésta se ha concetrado en los títulos emitidos por el gobierno. Mientras que a fines de 2011 sólo 2% del stock de títulos emitidos localmente por el gobierno estaba en poder de “no residentes”, esta proporción subió a 10% en agosto de 2012 y “los datos de hace una semana nos dicen que los no residentes tienen el 50% de esos títulos”, cuantificó el ministro. Según explicó, este posicionamiento acelerado en títulos del gobierno por parte de inversores especulativos determina un incremento en la afluencia de dólares, lo que genera apreciación de la moneda nacional y aumenta los costos fiscales. Dicha apreciación afecta “los fundamentos de la economía” y amenaza la “compatibilidad de los objetivos de crecimiento, competitividad, equidad y los equilibrios macroeconómicos”. “Nos adaptamos para enfrentar mejor la situación internacional, que ha sufrido mutaciones importantes”, dijo.

En ese punto anunció que si bien seguirá rigiendo la política de metas de inflación y la flexibilidad cambiaria porque “han demostrado ser el mejor marco para compatibilizar estabilidad, crecimiento y equidad”, anunció que se extenderá el régimen de fondos inmovilizados a todos los títulos emitidos por el gobierno que estén en manos de no residentes. Actualmente sólo el BCU aplica este régimen a sus títulos. También se decidió que la inmovilización, que estaba situada en 40%, se elevará a 50%. Con estas medidas se busca colaborar en el mantenimiento de la estabilidad de precios y “resolver los problemas que enfrentamos en los mercados cambiario y monetario”, dijo.

Un paquete

Por su parte, Mario Bergara, presidente del BCU, destacó que lo que se anunciaba era un paquete de medidas y no “cambios aislados”, y manifestó que si bien la meta inflacionaria (representada por el centro del rango) se mantendría en 5%, el rango se ampliaría, pasando de 4%-6% a 3%-7%. La medida, que comenzará a regir a partir del 1º de julio de 2014, busca, según Bergara, “incidir en la credibilidad de la política en las decisiones de los agentes”. El presidente del BCU destacó que además se ampliará el horizonte de evaluación de la política monetaria, que pasará de 18 a 24 meses, “en línea con lo que se hace a nivel global”. “No somos fundamentalistas, adaptamos los instrumentos necesarios para conseguir las metas y objetivos que perseguimos”, graficó, y dijo que el equipo económico ha demostrado tener el pragmatismo y la flexibilidad para “hacer las adaptaciones de instrumentos que fueran necesarias”. Recordó que el régimen de metas de inflación se inició con el uso de los agregados monetarios como instrumentos de señal, y que a partir de 2007, el instrumento elegido pasó a ser la tasa de interés. “Pero 2007 y 2013 son escenarios que muy poco se parecen”, lo que justifica que el BCU reemplace la tasa de interés como instrumento de referencia por el control de los medios de pago (o la cantidad de dinero). Este último cambio comenzará a regir a partir de julio de 2013. Bergara destacó que los aspectos operativos de este cambio de instrumento se definirán en la reunión del Comité de Política Monetaria que tendrá lugar en la última semana de junio.

Recordó que en 2007 aún no había “explotado” la crisis financiera en Estados Unidos y las tasas eran más altas que las actuales, “es decir, no había incentivos para un flujo masivo de capitales a los países emergentes”. Añadió que la naturaleza de dichos capitales era otra, ya que primaba la inversión extranjera productiva y no tanto la especulativa. Destacó que se trata de una combinación de medidas que busca hacer frente a la entrada de capitales de corto plazo que especulan con ganancias cambiarias y el diferencial de intereses entre los bonos locales y los internacionales.

Al ser consultado sobre los efectos que tendría la ampliación del rango meta en las expectativas de los agentes, sostuvo que se trata de un paquete de medidas y “no es lo mejor analizarlas aisladamente”. Agregó que, si bien las gremiales tienen “todo el derecho de reclamar lo que entienden que es mejor para sus intereses”, en la medida que el objetivo sigue siendo una inflación de 5%, no se registrará un cambio sustancial de las expectativas inflacionarias.