El Director de Rentas, Pablo Ferreri, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, hablaron sobre la relación entre políticas fiscales y justicia social en un panel denominado “Avances y desafíos sobre la justicia tributaria y la justicia social en Uruguay” que organizó la organización Alternativas de Desarrollo con Mujeres para una Nueva Era (DAWN, por su sigla en inglés).

En medio de la discusión anual sobre asignación del gasto, los dos representantes del gobierno rindieron cuentas sobre la estructura impositiva, el nivel de recaudación y el gasto, elementos que ayudan a entender las prioridades reales de los gobiernos. Según Nicole Bidegain, de DAWN, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe enfatiza en la necesidad de “aumentar su base impositiva y progresividad en la región y reducir la evasión” para mejorar el impacto redistributivo de la política fiscal. Según Bidegain, “la baja carga tributaria en rentas de capital y patrimonio es uno de los desafíos que varios grupos y organizaciones consideran que es necesario atender”. Tanto Ferreri como Brenta defendieron lo realizado desde 2005 y hablaron de la complementariedad de las actividades de la Dirección General Impositiva y el Ministerio de Tabajo y Seguridad Social.

En cuanto a la desigualdad, Ferreri dijo que Uruguay “sale bien parado” en comparación con la región, aunque reconoció que Latinoamérica es la zona más 
desigual del mundo. Recordó que si al Índice de Gini -que mide el grado de concentración del ingreso- se le aplican las variables vinculadas a los impuestos y el gasto, se observa que las economías latinoamericanas “recaudan poco en general pero a su vez recaudan mal y no lo distribuyen del modo correcto”, y agregó: “Gastan mal”. La reforma tributaria que incorporó el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) buscó, según Ferreri, que cada quien pagara de acuerdo a sus ingresos a partir de la adaptación a las necesidades de la economía, pero asegurando a la vez que lo recaudado fuera suficiente para lo que la vida en sociedad demande de gasto público.

Antes de la reforma tributaria, la relación entre impuestos indirectos y directos era de tres a uno, y luego de ésta el peso de los directos aumentó hasta llegar a 36%, aproximadamente. Según la opinión de Ferreri, “la mejor política redistributiva es la generación de empleo de calidad, con pago de salarios dignos y decentes”, y recordó que la reforma tributaria buscaba incentivar las inversiones productivas extranjeras, que pasaron de un promedio de 10% y 15% durante el siglo XX a cerca de 25%, en la actualidad.

Ferreri recordó que con el sistema tributario anterior, 80% de la población de menores ingresos participaba de 50% de los ingresos del país, y sin embargo pagaba 60% de los impuestos. Con el IRPF, quienes reciben 50% de los ingresos que corresponden a 80% de la población más pobre pagan 50% de los impuestos. El 20% más rico, que antes pagaba 40% de los impuestos, pasó a pagar 50%. “Si bien no se aumentó la presión fiscal” -que se ubica entre 26% y 27%-, Ferreri indicó que se mejoró la distribución de su peso y remarcó que la cifra es superior al promedio de América Latina, pero inferior a la de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Entendiendo a las personas como sujetos de derecho, el gasto público social se orientó a “corregir” las inequidades, pasando del entorno de 20% a 25% del Producto Interno Bruto. Al contrario de lo que ocurría en los años 90, desde 2007 “la sociedad crece a la vez que se vuelve más justa y con menos desigualdades”. Ferreri destacó que el desafío estaba en asegurar la tasa de crecimiento y entender la fiscalidad como condición para asegurar la redistribución, la cohesión social y la equidad. “No alcanza con recaudar, importa a quién y cómo; debemos avanzar en esa línea aumentando los impuestos directos que dotan de progresividad al sistema”, expresó Ferreri, e indicó que además se debe acompañar el crecimiento económico aplicando impuestos directos “en las rentas de trabajo, de capital y en la distribución de utilidades de empresas”. “La agenda de equidad debe estar guiando los esfuerzos del gasto público y por lo tanto otros esfuerzos de inversión deben ser atendidos con otras fuentes de financiamiento” como las privadas.

Brenta mencionó los avances legislativos que buscaron superar “las distintas modalidades de discriminación en las relaciones laborales”, en especial las de género. Recordó la nueva ley de asignaciones familiares, el beneficio de dar un año más por hijo para generar causal jubilatoria y la prohibición de la prueba de embarazo con resultado negativo para el inicio de la relación laboral. Según el ministro, se ha logrado derribar el mito de que el crecimiento económico era incompatible con la mejora de las condiciones de trabajo. Agregó el avance en la legislación sobre el salario mínimo nacional y aseguró que al final del gobierno éste habrá crecido 108% en términos nominales. “El país no puede darse la posibilidad de que estos recursos humanos no jueguen un rol significativo en el productor de desarrollo”, dijo el ministro en referencia a las altas tasas de desempleo de mujeres y jóvenes. Por ello enfatizó en la necesidad de contar con un sistema nacional de cuidados “que permita conciliar el cuidado de los hijos con el trabajo remunerado, como un modo de construir igualdad”. Confirmó que se enviará al Parlamento un proyecto de extensión del régimen de licencias por maternidad, lactancia y parental y se asignarán tres millones de dólares del Fondo de Reconversión Laboral.

Por su parte, Aldo Caliari, de la iniciativa Righting Finance, apuntó que el mercado sin intervenciones “termina llevando a situaciones de insostenibilidad fiscal”. El experto, que comentó las intervenciones de Brenta y Ferreri, destacó la importancia de pensar integralmente la política fiscal y social y saludó el tratamiento de las finanzas “con un enfoque de derechos”. Según Caliari, este enfoque integrado termina cambiando el paradigma en favor de uno que pone a la agenda social como protagonista, dejando en segundo lugar la política fiscal. La agenda social no es sólo una “persuasión moral, sino que es parte de una buena política económica”, dijo, y agregó que muchos estudios muestran que la crisis de 2008 estuvo precedida por profundas situaciones de desigualdad social que terminaron “generando dinamismos insostenibles en un sistema financiero viable”. Invitó a su vez a continuar profundizando en los impuestos directos ya que, explicó, la presión fiscal entre los países de la OCDE y los de Latinoamérica son muy similares.