Ayer, y con la presencia del subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Alejandro Antonelli, el Instituto Cuesta Duarte (ICD) del PIT-CNT presentó su informe de coyuntura del período 2012-2013.
Para los investigadores del instituto, el informe coincide con un “momento especial” de la coyuntura nacional: el Parlamento discute la última Rendición de Cuentas de la administración actual y es la tercera semana de negociación colectiva. Milton Castellano, director del ICD, consideró que el documento “aporta elementos al debate que el país necesita”.
En un contexto internacional que “no ha sido ni promete ser favorable para el país”, el economista Pablo da Rocha comentó que se espera que Uruguay crezca a una tasa de 4% en los próximos años. Por eso, el también economista Hugo Bai destacó que el contexto “no es preocupante” ya que “últimamente se perciben en la prensa escenarios como si fuéramos a entrar en recesión” y la realidad es que con la tasa proyectada se continuaría con un ciclo de crecimiento ininterrumpido de diez años.
En cuanto a la región lo que “más preocupa” al ICD es la situación de Argentina, principalmente por las medidas proteccionistas que continúan imponiendo barreras al ingreso de mercadería, además de los controles a la salida de divisas. Por otro lado, sin embargo, los “enormes esfuerzos de complementación” con Brasil “auguran una salida” a la situación actual.
En cuanto a la competitividad del país, Da Rocha hizo hincapié en la necesidad de contar con una visión “multidimensional y multicausal” del factor, con medidas adicionales al tipo de cambio real ya que, en primer lugar, consideró que éste “es un indicador de corto plazo y [la competitividad] debe considerarse también a mediano y largo plazo”. Además, subrayó que “existen más factores explicativos” de la competitividad, como el desarrollo de los sectores exportadores, la inversión en investigación y desarrollo, los procesos de producción utilizados y la capacitación y calificación de los trabajadores empleados, entre otros. Para observar una mejora en la competitividad del país, Da Rocha considera necesario procurar “mayor dinamismo y participación” tanto en los mercados como en los productos.
El investigador del ICD consideró que “el desafío de mantener un dólar competitivo por lo general choca con el objetivo de reducir los niveles inflacionarios”, y respecto de la inflación (“principal depresor de los salarios”) aseguró que “se espera una desaceleración”, pero estimó que “serán necesarias medidas por parte del Ejecutivo como las que se aplicaron en años anteriores” -por ejemplo el congelamiento de precios y la baja de tarifas en UTE- para que “no supere 9%” al cierre del año.
Buscando la superficie
Si bien Uruguay está en un momento de “cifras récord” en el mercado de trabajo en cuanto a la cantidad de ocupados y la tasa de desempleo, datos que consideraron “alentadores”, hay problemáticas que al instituto de la central sindical le parecen “alarmantes”. Una de ellas es la situación de los jóvenes menores de 25 años y de las mujeres, sectores que presentan las cifras de desempleo más altas. Otra son los 411.000 trabajadores que se encuentran en situación de informalidad, 25,6% del total de ocupados en el país. En este sentido, para Da Rocha es necesario seguir mejorando las “condiciones de la calidad del trabajo”.
Por último, Bai ahondó en la situación de los trabajadores que perciben salarios “sumergidos”, término que el ICD utiliza para referirse a los salarios líquidos inferiores a 14.000 pesos. Como ya había estimado anteriormente el ICD (ver la diaria del 20/06/13), casi 800.000 trabajadores asalariados (es decir, en relación de dependencia) perciben salarios sumergidos: 50,3% del sector privado y 19,5% del público. Bai aclaró que “es un problema que afecta a todos los sectores”, pero entre los asalariados del sector privado se concentra en las actividades primarias (ganadería, agricultura y pesca), el servicio doméstico, el comercio y en los restaurantes y hoteles, donde la proporción de trabajadores con salarios sumergidos es de 67%, 66,3%, y 61,5% (para las dos últimas), respectivamente.
En el Estado, los funcionarios del Ejército y de la Policía son los más afectados: 54% y 31,3%, respectivamente, perciben ingresos líquidos por debajo de los 14.000 pesos. El problema se agrava entre los trabajadores en situación de informalidad; 80,5% de éstos perciben salarios sumergidos, siendo los del sector primario y los de comercio (en proporción) los más perjudicados.
En cuanto a las negociaciones colectivas en curso, el ICD considera que “el Poder Ejecutivo ha buscado mitigar las presiones inflacionarias sobre los salarios a partir del manejo de las expectativas”, pero esto “modera las posibilidades de crecimiento del salario real”. Para los investigadores del instituto, el “techo” de 3% impuesto al crecimiento del salario real implica una “falta de visión del impacto que tiene la política salarial en términos distributivos”. En este sentido, entienden que la realidad “exige profundizar en los avances conquistados” en dos sentidos: “Acelerar la mejora del salario mínimo nacional”, que viene creciendo pero a niveles inferiores a los del Producto Interno Bruto del país, e “incrementar la mejora salarial de los sectores más sumergidos”.