Desde que recuerdo, Montevideo sufre una especie de ataque perpetuo a su integridad: cada vez que veo que una casa va a ser demolida, me pregunto si ése era el único destino posible para ella y siempre pienso que la falta de imaginación para plantear otras soluciones no se condice con nuestra supuesta cultura de base europea, ni mucho menos con el increíble patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad.

Las demoliciones son cosa de todos los días, consecuencia no deseada de la mejora en la economía uruguaya durante la última década. Sin embargo, otras ciudades en el mundo han lidiado con el mismo problema que nosotros y lo han resuelto de mejor manera; basta dar una vuelta por Europa para verlo.

Para empezar, y aunque usted no lo crea, Montevideo está llena de edictos, decretos, leyes y normas que cuidan cada detalle de lo que se va a construir o de lo que ya existe. Por ejemplo, hay una ley que obligaba a que todas las fachadas de la avenida 18 de Julio montevideana tuvieran por terminación el revoque imitación conocido como “piedra París”, a la manera de los edificios típicos de la capital francesa. La medida apuntaba a crear una unicidad en el conjunto de toda la avenida, en el sentido de pensar la calle como un espacio público completo, sumatoria de todos los elementos que la componen. Esa norma nunca fue derogada, pero a partir de cierto momento nadie más la aplicó. Por el contrario, de los revoques se ve bastante poco detrás de las marquesinas y los letreros comerciales, por más que ahora se fiscalice que no sobresalgan demasiado... pero eso habrá que verlo. La lentitud en la puesta en práctica de algo cuya conveniencia es tan obvia se está volviendo exasperante.

Habiendo leyes y normas que todo lo regulan, en lo referente a cómo construir en Montevideo, y habiendo incluso un decreto de la época del intendente Mariano Arana, en el que se determina la no demolición de ninguna edificación anterior a 1940 sin una previa y exhaustiva consulta, para contar con múltiples opiniones al respecto, sorprende, pero sobre todo indigna, la reciente demolición del edificio de Assimakos, obra del arquitecto Jorge Caprario, construido en la década del 40 como sede para una tienda y depósito de alfombras. Habiendo sido un local comercial, era lógico pensar que su reciente compra por parte de otro comercio con venta al público sería la oportunidad perfecta para devolverle su función, manteniendo por lo menos su fachada emblemática, y devolviéndola a la ciudad, restaurada y brillante.

Pero no fue así: el edificio original es ahora un montón de escombros y ninguna de las muchas comisiones de Patrimonio que existen en Uruguay, ya fuera la Nacional, la Municipal, la de la Facultad de Arquitectura o las barriales, pudo evitar esta pérdida. Ocurre también que muchas veces la opinión de estas comisiones es apenas escuchada y los informes que realizan se consideran meros requisitos burocráticos que al final se archivan sin servir a su propósito. Sépanlo todos: el lujo de la pobreza de este país determina que, después de ingentes análisis y comentarios de especialistas y expertos que opinan que tal o cual edificio no se puede demoler o transformar, sea un anónimo funcionario municipal, sin preparación específica alguna para determinar si una obra es valiosa por su unicidad o porque su desaparición determina un hueco en un conjunto relevante, el que finalmente estampe o no su sello, permitiendo una demolición.

Todo se dificulta debido a la desconexión entre las comisiones patrimoniales, su falta de presupuesto y de potestades para detener una barbarie, más las eternas rencillas por chacritas y la lucha por ver quién tiene más poder, la ausencia del tema patrimonial en la agenda municipal y nacional, como si se tratara de algo superfluo que no merece atención, la opinión extendida entre muchos arquitectos de la “vieja guardia” que actualmente ocupan puestos de poder de que, excepto las obras del movimiento moderno y del racionalismo, lo demás puede ir a la piqueta... A esto se suman los promotores privados de la construcción, cebados con una nueva Ley de Vivienda Social (que de social sólo tiene el título) que los hace gozar de muchas prebendas pero les impone pocas obligaciones. La verdad es que el combo resultante aparece como un trago bastante amargo de tomar.

Quizá se podría formar una Comisión de Patrimonio más ejecutiva, con lineamientos claros, que ante la inminencia de una demolición cualquiera tenga tiempo y potestad para verificar si entre lo que se pierde y lo que se construye nuevo hay un equilibrio, cuando no un saldo positivo para lo nuevo.

Porque no estamos pensando en una Montevideo Parque Temático, ni en una ciudad/museo: muy por el contrario, queremos una ciudad moderna y pujante, pero moderna como sinónimo de inteligente y ambientalmente sustentable, no vandalizada por construcciones anodinas que sustituyen los ejemplos históricos, y surcada por un transporte público decimonónico, burocrático y casi monopólico.

Precisamos a los promotores privados de la construcción, pero hay que fijarles un marco claro de actuación, hay cosas que no se puede hacer y hay otras que sí se puede pero que corresponde negociar para bien de la ciudad. Por ejemplo, abro la excepción para construir en un área muy reglamentada de la ciudad o sobre un bien valioso en particular, pero a la vez debés actuar en otra área más deprimida de la ciudad. No hay que tener miedo de exigirles cosas a los promotores privados, hay que actuar en conjunto con ellos para llegar a situaciones en las que ganemos todos. ¿Cómo no exigirle a rajatabla a Tiendas Montevideo que debía conservar el local de Assimakos al momento de diseñar su nuevo local? ¿Alguien piensa que por exigir tan sólo eso Tiendas Montevideo se iba a retirar de la negociación? No lo creo, y de hecho se perdieron una excelente estrategia de marketing: abre sus puertas el nuevo local de Tiendas Montevideo en el fabuloso y restaurado local de Assimakos... Es como si los responsables del proyecto pensaran que los ciudadanos carecen de sensibilidad para apreciar este tipo de gestos.

Hay una sola cosa de todo este revuelo sobre la demolición de Assimakos que me deja contento, y es la constatación de que existe una masa crítica de personas que se indigna y discute ante estos atropellos. Es bueno que, en época de elecciones, tanto los gobernantes de la ciudad como los que aspiran a serlo afronten seriamente estos temas que hasta ahora han sido considerados “superfluos” (la estética de la ciudad, la conservación del patrimonio, nuevas reglas para el negocio de la construcción que beneficien a todos) y que no fomenten, por inercia o ignorancia, la transformación de Montevideo en una ciudad igual a cualquier otra.