El bosque nativo, que ocupa alrededor de 5% del territorio nacional, representa un patrimonio biológico y cultural ineludible. Su conservación está regulada por ley y la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) es la encargada de hacerlo posible.
Recientemente la Comuna Canaria, mediante su cuerpo inspectivo y junto al Ministerio de Defensa Nacional (MDN), logró detener una tala de monte nativo que se había comenzado a realizar en un predio de 400 hectáreas ubicado tres kilómetros río arriba de la localidad de San Ramón (ver la diaria del 1/11/2013). Esta actividad, que se realizaba con el fin de plantar soja, se estaba llevando a cabo sin los permisos correspondientes y con ocho operarios que trabajaban con retroexcavadoras y tractores. Luego de eso, el secretario general de la Intendencia de Canelones, Yamandú Orsi, encargado del operativo, sobrevoló y filmó el área con colaboración del MDN. Con este material la comuna elaboró un expediente que elevó a distintos ministerios.
Consultado por la diaria, el director forestal, Pedro Soust, dijo que el tema seguramente “esté siendo tratado en alguno de los expedientes que maneja la dirección” y que en ese caso se le aplicará una multa al propietario. “Tenemos un expediente sobre un caso que tuvo una multa por la tala de una hectárea y cuarto, que en 800.000 hectáreas de bosque es una excepción, pero no es la regla; no es tampoco para alarmarse y para tener como caballito de batalla eso de ‘estamos perdiendo el monte’”. No se pudo constatar si el expediente en curso estaba relacionado con este caso, ya que según Soust “es feriado [por ayer] y no está la persona encargada de eso”.
Anteriormente a esto, el mismo arrendatario había talado árboles nativos en un terreno vecino. Por este caso la Dirección Forestal lo sancionó y le cobró una multa de 465 Unidades Reajustables (equivalentes a unos 15.000 dólares). El predio fue vendido al Instituto Nacional de Colonización. Soust no recuerda cuántas hectáreas se talaron en este caso, pero dijo que se trató de “unos pocos árboles”.
Monte comunitario
La Comuna Canaria pretendía llevar a cabo la venta de 700 hectáreas de monte nativo por medio de la entrega de un predio público a ANCAP como pago de una deuda que mantenía con el ente. La Junta Departamental de Canelones no permitió la enajenación de este terreno gracias a las acciones que llevaron a cabo integrantes del Movimiento por un Uruguay Sustentable, de la Asamblea Por el Agua y el Colectivo Espika (ver la diaria del 26/12/2013). El terreno se extiende desde Santa Lucía hasta Aguas Corrientes. Carlos Dárdano, del Colectivo Espika y de la Asamblea por el Agua del río Santa Lucía, explicó a la diaria que luego de eso el grupo mantuvo una reunión con Orsi y con el director de Gestión Ambiental, Leonardo Herou. Allí se conversó sobre los pasos a seguir. “Es un padrón que pertenece a la comunidad desde que se fundó el pueblo y estaba planificado para que fuera de uso público. Nosotros entendemos que eso es de la comunidad de Santa Lucía”, explicó.
En la reunión se resolvió “armar una agenda de trabajo, y en ella estaría incluida la gestión de este padrón. A nosotros nos interesa que la comunidad lo discuta y se vea para dónde se va a ir. Hay muchos intereses, hay gente que vive allí. Pensamos en hacer unos senderos”, dijo.
Al respecto, Orsi dijo a la diaria que se trata de “terrenos públicos que están totalmente abandonados, ahí hay areneras. Hoy nadie está preservando esos terrenos. El hecho de que pasara a manos privadas no necesariamente quiere decir que sea para talar. Veremos qué tipo de acción se puede llevar allí”.
Según dijo Orsi a la diaria, este primer caso fue denunciado penalmente por la comuna pero “la jueza de acá declaró que no tenía competencia, que tenía que mandarlo a Florida”.
“Lo que pudimos hacer en su momento lo hicimos, pero nadie nos respondió. Disparamos para todos los que tenían competencia. Queríamos que todo el mundo que tiene que ver con esto se metiera en el tema”, explicó. A su entender, la multa que se le aplicó al arrendatario en el primer caso “no es nada en una plantación de 1.000 hectáreas”. “Hicimos un sobrevuelo con un avión del MDN con el que constatamos bastante desmonte en algunos puntos [...] Lo que yo veo es que hay máquinas arrancando de cuajo los montes con el objetivo de aumentar la superficie de cultivo. La Intendencia no tiene recursos para seguir esto, el cuerpo inspectivo hace lo que puede. En este caso resultó exitoso porque se paró”, señaló. Según Orsi, los técnicos evaluaron que en el último caso se talaron “cerca de 6.000 árboles de 15 especies distintas”. Al respecto, Soust consideró que “ahí quizás hubo un exceso de funciones por parte de la Intendencia de no avisar a la Dirección Forestal”. “La Intendencia fue con el Ejército y los únicos que tienen posibilidades de hacer eso son la Dirección Forestal y la Policía. Desde las intendencias no tienen posibilidades de tener un área específica encargada de eso, y desde la Dirección Forestal no tenemos posibilidades de estar en el terreno para ver las cosas. Lo que hay que hacer es pasárselo al otro para que se haga cargo”, aclaró.
En relación al “desmonte” denunciado por la comuna, Soust dijo que el área registrada por Orsi se trata de lo que se llama un by pass del río Santa Lucía. “Hace años el cauce del río se corrió y es una zona donde nunca van a venir árboles, porque ya era chacra, lo tenemos registrado desde 1967. Lo que pasa es que vinieron con el avión y dijeron que todo eso estaba talado. Ese by pass se viene recuperando”, explicó Soust.
Verdad Carrero
“Uruguay tiene bosques que ocupan 10% de su territorio. Ese porcentaje se divide prácticamente en partes iguales de bosque nativo y de bosque plantado, es decir, cultivos de árboles que son los eucaliptus, los pinos y los álamos”, detalló. Soust destacó la importancia del bosque nativo, “más allá de que hay un diálogo sobre cuál es el bosque nativo y el no nativo, porque las masas biológicas se mueven, con el transcurso de los miles de años vemos que muchos montes que antes existían más hacia el norte de Sudamérica se están viniendo más hacia el sur y viceversa. Hay muchos que dicen que un árbol nativo o no nativo cumple la misma función. Nosotros somos de la teoría de que al bosque nativo debemos preservarlo”.
Este tipo de bosque tiene un valor biológico fundamental. “Es donde se conserva la fauna y la flora, todo lo autóctono. Tiene un valor enorme y está en convivencia con determinadas cosas que el agua necesita, como el filtrado. Se vive en un equilibrio biológico que es necesario y forma lo que se denominan corredores biológicos, que es por donde va el bosque nativo, por los cauces de los ríos, y por ahí se trasiegan determinados tipos de pájaros, víboras e insectos. Ése es uno de los grandes valores del bosque. Lo que no tiene es valor maderable, como un árbol del Amazonas, por ejemplo. El nuestro no, se corta para hacer algún asado, quizá para hacer funcionar alguna caldera”, explicó el director forestal.
El problema relacionado a la tala de monte nativo, según Soust, no compete sólo a la Dirección Forestal, sino que se trata de “un problema social”. “Provengo de Durazno y sé que hay muchos de lo que nosotros denominamos ‘carreros’ [quienes talan y venden madera que distribuyen en carros] que le dan de comer a los hijos con el dinero de la leña que venden”, dijo. Esto ocurre fundamentalmente en ciudades como Mercedes, Artigas, Durazno, Sarandí del Yí y en el entorno del Santa Lucía. “En esos casos procedemos de una forma, tratando de solucionar junto a otros organismos, como el Ministerio de Desarrollo Social, para ubicarlos en otras cosas. Se han hecho planes donde se les enseña que no corten un coronilla sino un ligustro o un fresno, que también arde, y se ha tenido éxito”, explicó. Soust dice que lo que sí se considera “absolutamente intransigente” es la tala de varias hectáreas de monte para hacer un cambio de producción agrícola o ganadera. “Ahí es donde van las multas que muchas veces superan los 100.000 dólares”, aseguró.
Hay excepciones
“Se ha venido tratando de hacer una legislación adecuada desde la mitad del siglo pasado. En 1968 se hizo una Ley Forestal pero tuvo una pequeña falla, no privar el corte del monte nativo; para eso se siguió discutiendo y en 1987, con la anuencia de todos los partidos políticos, se modificó. Fue el primer elemento para poder llevar adelante un ordenamiento territorial. Hoy, felizmente, tenemos en el MGAP la ley que hace que quien quiera plantar trigo, sorgo o soja, tiene que llevar un plan de uso y manejo del suelo, porque el suelo es lo que nosotros queremos cuidar. Todo el ministerio se transversaliza en lo que se llama el manejo sostenible de los recursos naturales, por eso se votó la Ley de Ordenamiento Territorial que hoy se está discutiendo democráticamente en todos los departamentos”, dijo.
El bosque nativo, explicó, está distribuido en todo el país. El monte ribereño es el predominante. Pero también está el serrano y el de galería. Según Soust, en los últimos 15 años aumentó en 24% el área de bosque nativo en Uruguay, pero “existen excepciones”.
En este momento, el bosque nativo en Uruguay está sufriendo “degradación”. “Si bien nos destacan en los organismos internacionales por el aumento en cantidad en el área, hay una degradación. Un monte se degrada cuando no tiene salud o es invadido por otros ejemplares. El monte nativo nuestro, entonces, tiene que tener un plan de manejo y uso; he ahí que la Dirección Forestal ha hecho una reglamentación, de que todo aquel propietario de un padrón (tenemos ventajas respecto a otros países porque sabemos de quién es la tierra) que tiene, suponemos, 100 hectáreas y 19 de bosque nativo, tiene que hacer una declaración en la Dirección Forestal, registrarlo y posteriormente, si es necesario, hacer un pedido de manejo del bosque nativo, que supone entresacar árboles”, explicó. “Que hay excepciones, sí las hay, hay mucha gente que va con el carrito. Que hay denuncias, hay todo tipo de denuncias”, dijo.
Esto se controla, según Soust, “con los medios y las posibilidades que tenemos de abarcar lo más posible”. Los medios con los que cuenta la Dirección Forestal son, a su entender, muy pocos. “No podemos pretender tener una persona parada al lado de cada coronilla, serían 800.000 funcionarios para cuidar coronillas, y de repente hay camas que no tienen médicos. Nos adecuamos y nos aggiornamos con lo que podemos”.
Los elementos con los que trabajan son imágenes satelitales y un equipo de inspectores, que para el director “no es muy grande pero lo tratamos de adecuar”. Además, explicó, cuentan con un convenio con todas las Brepas [Brigada Especial de Prevención y Represión del Abigeato] del país, que son “como una Policía de campaña que tienen todas las jefaturas”, particularmente en Maldonado, con una unidad referida al control y preservación del bosque nativo.