La jueza de Pando, Isaura Tórtora, dispuso ayer el procesamiento de ocho funcionarios del centro Ser de la Colonia Berro, entre ellos dos ex directores, por la “comisión de reiterados delitos de abuso de autoridad” contra los jóvenes detenidos en ese centro. Una de las pruebas claves en el proceso fue la filmación de un ex funcionario, José Márquez, de una golpiza propinada por otro funcionario a un joven en una celda, en agosto de 2013.

El funcionario que golpeó al joven en la filmación fue procesado con prisión porque, según consta en el fallo, “ejercía actos arbitrarios y sometía a rigores no permitidos por el reglamento a los adolescentes”. La jueza advierte que ese tipo de actos “eran llevados a cabo en forma reiterada dentro del Hogar Ser con la participación y el conocimiento” del resto de los procesados.

Para los demás funcionarios se dispuso el procesamiento sin prisión. No obstante, la ex directora del centro Ser, Jessica Barrios, y otro funcionario deberán cumplir prisión domiciliaria durante 90 días, salvo en sus horarios de trabajo, y para el resto se dispuso tareas comunitarias fuera de sus horarios de trabajo. La jueza sostiene que Barrios, a quien las autoridades recomendaron tomar licencia en mayo de este año, estaba en “conocimiento” de las golpizas. “Los indagados no admiten su participación en los hechos mencionados, brindando una versión exculpatoria inverosímil”, señala Tórtora.

La jueza entendió que los funcionarios sometieron a los internos a “rigores no permitidos y prohibidos” por el artículo 26 de la Constitución, que establece que “en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar”. Sostiene que no resulta “acorde a derecho” la “vulneración del goce de los derechos inherentes a la dignidad humana de los jóvenes bajo ningún concepto” y que es “deseable” que la reinserción social de los adolescentes “se cumpla a ultranza para el bien de la sociedad toda”.

Actualmente, como consta en el fallo, “algunos de los funcionarios indagados fueron separados del cargo y sometidos a sumario administrativo con retención de sus medios sueldos, y otros, derivados a desempeñar funciones en otras dependencias del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU)”. El presidente del INAU, Javier Salsamendi, no pudo precisar cuántos de estos funcionarios están separados del cargo y cuántos siguen cumpliendo funciones, pero sí dijo a la diaria que quienes permanecen en su cargo no están en contacto con jóvenes, y a algunos “les hicieron tomar licencia”. En cuanto a los sumarios administrativos contra los procesados, Salsamendi manifestó que “la mayoría está en la etapa de ampliación sumarial: se le dio vista a la defensa, la defensa contesta y eventualmente solicita pruebas”. Explicó que el procesamiento determina el inicio de un sumario para aquellos funcionarios a los que no se les haya abierto uno, y si existe sumario, la decisión de la Justicia se agrega al proceso administrativo en curso.

Salsamendi opinó que la decisión de la Justicia es “la consecuencia obvia de las denuncias presentadas por el Sirpa [Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente]”, y por tanto “no resulta sorpresivo que existan procesamientos”. El ex funcionario Márquez sostiene que las autoridades del Sirpa se le “adelantaron” a presentar la denuncia, que se concretó en setiembre de 2013. Márquez dijo en mayo de este año a la diaria que el director del Sirpa, Ruben Villaverde, “se enteró de que yo iba a hacer la denuncia y se me adelantó, para quedar bien”.

El presidente de INAU destacó que “es la primera vez desde que existen denuncias en este país que se toman medidas en serio, que se envían a la Justicia Penal, que se separa a las personas de los cargos y se determinan modificaciones reales en el funcionamiento de los centros”. “Desde 2003 hay denuncias constantes sobre el sistema y es la primera vez que hay efectivos avances en orden a la protección de derechos”, valoró.

En tanto, el presidente del sindicato de INAU, Joselo López, aseguró que tras la decisión de la Justicia, el gremio “no va a patrocinar a estos funcionarios”, en referencia a que les quitará la asistencia jurídica que les garantizó desde el inicio del proceso. El abogado defensor fue hasta el momento el jurista del sindicato, Juan Raúl Williman.

Cuando surgió el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) sobre el centro Ser, que hizo pública la situación, el sindicato de INAU cuestionó mediante un comunicado el informe. Opinó que hacía “un corte sesgado en el tiempo” y que ignoraba “nada más y nada menos que los antecedentes” de la situación, y finalmente le reclamaba “mayor seriedad”. López llegó incluso a sostener que existía una “campaña” contra el Sirpa.

Sin embargo, ayer manifestó que el sindicato no desacreditó las denuncias “en ningún momento”. “Si hubiéramos sabido de este tipo de situaciones, las hubiéramos denunciado nosotros”, aseguró.

Mirtha Guianze, referente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la INDDHH, dijo a la diaria que la institución analizará hoy el fallo. Se limitó a comentar que “actuó la Justicia”. “Habíamos hecho denuncias en su momento, y [el fallo] responde a las situaciones que habíamos denunciado”, manifestó. Agregó que en los últimos meses “aparentemente se está cambiando el trato y la manera de encarar las cosas respecto a los adolescentes”.