La verticalidad en el mando es una de las características principales de la Policía, por eso un hecho de acoso sexual y laboral supone un agravante, dada la subordinación y disciplina que les deben los subalternos a sus superiores. Más aun si se da entre el máximo responsable de una unidad y un funcionario del escalafón más bajo dentro de la fuerza. Eso parece haber pasado en la Jefatura de Policía de Canelones (JPC), donde su titular, el inspector mayor retirado Erode Ruiz, fue denunciado por una agente de segunda. Las autoridades del Ministerio del Interior (MI) decidieron trasladar a la funcionaria y a su esposo, también policía, como medida precautoria hasta tanto culmine la investigación de la Dirección de Asuntos Internos.

Los hechos, según lo relata la policía, comenzaron a mediados de noviembre de 2013, cuando ella cumplía funciones en la secretaría del jefe, sin que hubiera testigos: “Se acerca a mí y me aprieta con intenciones de besarme, me lo saco de encima y le digo: ‘¿Qué hace?’. Me dice: ‘Son unos mimitos, que a vos te hacen falta’, y le digo que está equivocado, que no sea tan atrevido, que yo nunca le di pie para nada, que se equivocaba de persona. Se dio vuelta y llegó alguien, no recuerdo bien quién, y él se fue para el despacho”. Ése fue el primer episodio, luego “como que todo se calmó”. Hasta febrero, mes en el que el jefe se tomaría licencia. “El viernes, antes de irse, me llama al despacho y me dice que quiere tener algo conmigo, tener sexo, que sabe que a mí me gustan los hombres mayores, y que como él nadie me va a mimar”.

A diferencia de noviembre, en esta oportunidad la negativa de la funcionaria habría impulsado al jerarca a advertirle que “tratara de no sacar licencia médica, porque estaba de viva sacando licencia médica porque sí nomás. Me di media vuelta y me fui, horriblemente y puteando como loca... Luego cuando volvió, a los días, me llamó y me dijo que se equivocó, que él me quería mucho y quería mimarme porque sabe que mi marido me pega y me maltrata, cosa que no es cierta”.

La descripción de las situaciones reconstruye varios diálogos en los que el jefe recrimina a la subordinada supuestos dichos difamatorios sobre el comando de la Jefatura -concretamente que “son todos borrachos”- y de calificación de la calidad funcional y moral de su cuñada (que según consigna la denuncia, fue desplazada por Ruiz de su puesto) y su esposo, ambos pertenecientes a la Jefatura canaria. “Con todo eso le dije que no quería trabajar más ahí, que le solicitaba el traslado, y me dijo: ‘¿A dónde querés ir? Nadie te quiere, yo mientras esté te voy a proteger, te voy a cuidar, ¡no entendés!’. ‘Yo no quiero su protección ni nada por el estilo, me quiero ir de acá, y usted no es quién para decir nada de mi esposo’”.

Para entonces, la agente de segunda había empezado a padecer trastornos de salud: pérdida de visión a poca distancia, cambios en el estado de humor, dolores generales, entre otros. Estaba cayendo en un cuadro depresivo, y sentía que estaba acorralada. Esto hizo que consultara a un médico, quien le certificó “30 días por depresión y angustia” a partir del 24 de abril. En este contexto, la mujer buscó más ayuda profesional y fue atendida por Silvana Giachero, psicóloga especializada en el tratamiento a víctimas de acoso, quien confirmó que la denunciante fue paciente suya durante tres meses, y que al inicio de la consulta “padecía inequívocamente los síntomas del síndrome postraumático”. “Se encontraba en un estado de indefensión total, se sentía paralizada”, señaló la entrevistada. Giachero se excusó de brindar mayores detalles, pero agregó que la terapia fue exitosa, ya que al culminarla la policía pudo enfrentar lo que le había pasado, y como parte de esa aceptación, “pudo hacer la denuncia”.

Carlos Romero, abogado de la funcionaria, explicó que han presentado el caso tanto ante el MI como a la Justicia -en el fuero civil y por daños y perjuicios-; la primera audiencia conciliatoria fue fijada por el Juzgado de Paz de Canelones para febrero de 2015, una vez que culmine la feria judicial mayor. Mientras tanto, sigue su curso la vía administrativa. La investigación la lleva adelante “de manera totalmente independiente” la Dirección de Asuntos Internos del MI, tal como lo indicaron fuentes de la secretaría de Estado.

Romero señaló que “a las dos horas de haber ingresado la denuncia, nos comunicaron que las autoridades habían dispuesto el traslado de la funcionaria y de su marido como medida precautoria”, para evitar eventuales represalias por parte del jerarca. El inspector Ruiz no pudo ser consultado por la diaria al respecto, pero las fuentes ministeriales enfatizaron que “las garantías del debido proceso se están dando para ambas partes”, al tiempo de recordar que “todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.

En la demanda se establece que el acoso sexual constituye “un abuso de poder y una lesión a los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, el derecho a la no discriminación y a la intimidad relacionado con el derecho a la dignidad. El derecho a la seguridad y la salud en el trabajo, el derecho a la libertad sexual y el derecho a trabajar en un ambiente libre de violencia.” Y cita el texto de la Ley 18.561 de Acoso Sexual, sancionada en 2009, que sentencia que esta práctica “es una de las lesiones más graves al derecho a la igualdad y a los derechos de los trabajadores”.