El director de la Policía Nacional, inspector principal Julio Guarteche, y el maestro Federico Mesa acordaron ayer en audiencia ante el juez Penal de 3er Turno una aclaración, que se hará pública, sobre los dichos del jerarca policial a Canal 10, que motivaron una denuncia por difamación e injurias. El 2 de agosto, Mesa participó en una movilización en las calles Bertani y San Martín, en el barrio Casavalle, y cuando ésta finalizó, a unas cuadras del lugar fue detenido por policías y trasladado a la Seccional 17ª, procedimiento en el que sufrió diversas lesiones. Días después, en el informativo Subrayado, Guarteche declaró que tenía “información de dos policías que están lesionados y [de] un patrullero roto por ese mismo docente”. Mesa presentó una denuncia por difamación e injurias, además de reclamar el derecho de respuesta, porque los dichos del jefe policial “resultaron lesivos del honor” del maestro.

“Para cualquier ciudadano el ser acusado públicamente de agredir agentes policiales y romper vehículos de la fuerza pública, afecta la visión que se tiene de la persona dentro de la sociedad”, dice el escrito presentado por Mesa, que agrega que “el daño es mucho mayor” por tratarse de un maestro, ya que “en el barrio donde da clases el denunciante, los docentes deben contrarrestar la violencia social instalada, explicando que se debe convivir en paz y resolver los diferendos mediante el diálogo”. “¿Cómo un docente se para frente a sus niños y los padres de éstos, cuando un jerarca policial dice que [ese docente] agredió físicamente a la policía y rompió vehículos policiales?”, se pregunta en el escrito. Mesa también argumenta que en su rol como maestro comunitario debe interactuar con todas las instituciones del barrio, entre las que está la Policía, y que “muchos de los padres de los niños que asisten a la escuela” donde trabaja son policías, por lo que luego de las declaraciones de Guarteche se afectó en forma relativamente importante el trato, “lo cual es lógico dado las acusaciones realizadas y la jerarquía de quien las realiza”. El escrito solicita el derecho de réplica en día hábil en el informativo central de Subrayado, que se emite por Canal 10.

El texto acordado, que deberá ser leído en Subrayado cuando el oficio llegue a Canal 10, expresa que “el día en que el Inspector Guarteche realizó las declaraciones cuestionadas [...] se podría efectuar una aclaración en esos términos que arroje luz a estos análisis; podría expresarse que el día que se realizaron [...] no existía resolución ni certeza del hecho, solamente había en curso una investigación que refería como un hecho antecedente la denuncia de un funcionario docente por ser objeto de lesiones y como contrapartida la denuncia de funcionarios policiales por lesiones propias padecidas [...] Que a la fecha no existe resolución sobre el punto, y al momento de los dichos sólo se mencionó la secuencia sin establecer responsables porque no constaba. Incluso existiendo una declaración posterior que no fue editada por la prensa, donde se establecía que la inocencia es un principio legal en nuestro ordenamiento y que mientras no opera una responsabilidad por la vía pertinente, ésta regía íntegramente para todas las partes. Por lo cual en ningún momento fue intención acusar a los policías ni al maestro”. El abogado de Mesa, Pablo Ghirardo, explicó que se reafirmó que “la acusación” de Guarteche era “incorrecta”. El abogado dijo que se enteraron por la defensa del inspector de que existe una denuncia de policías contra Mesa. El viernes 14, día en que la audiencia se suspendió, uno de los agentes que Mesa denuncia como agresor estuvo en la puerta del juzgado. Según explicó la defensa de Guarteche, el policía había sido citado como “testigo”, y se trata de uno de los denunciantes.

Por su parte, el maestro recordó que de un joven que murió en Santa Catalina “se dijo que estaba robando, que tenía un arma, y resulta que estaba andando en bicicleta, no tenía ningún arma y fue asesinado por la espalda por una bala de la Policía”. “Después tuvieron que desmentirse. Es una política medio sistemática, que nos duele como trabajadores de los barrios pobres, donde vemos que la comunidad con la que trabajamos es víctima de abusos policiales de manera cotidiana”, agregó. Mesa contó que cuando lo detuvieron, lo golpearon y lo metieron en un patrullero, atado con una cuerda en el cuello. Luego fue llevado a la Seccional 17ª, en cuyo predio fue arrastrado por el barro, pateado, golpeado con “el palo” y amenazado permanentemente, entre otras cosas, “de violación”. Sin embargo, los policías que estaban dentro de la seccional no lo ingresaron hasta que Mesa fue visto por un médico, que fue testigo de las lesiones que presentaba.

Mesa ya denunció su situación ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Parlamento, Presidencia y el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. “La Policía no tiene la atribución de juzgar, ni de golpear, ni de destratar a nadie. Nuestra intención es que la Policía cambie esa política, y si es también intención de las autoridades, habrá justicia y habrá un cambio, pero hasta ahora no lo hemos visto”, concluyó el docente.