Mientras el gobierno se dedica desde diciembre a congratularse ante la comunidad internacional por la ley que regula el mercado de la marihuana en Uruguay, la Policía y la Justicia de este país actúan como si esa norma no existiera. Por estos días se conocieron acciones que afectan a cultivadores y que desconocen algunos objetivos de la ley, entre ellos declarar el fin de la guerra armada contra las drogas y dejar tranquilos a quienes se abastecen de cannabis, dentro de ciertos límites, produciéndola en sus hogares o de forma colectiva.

Noticias publicadas por la prensa o que circulan de boca en boca dan cuenta de incautaciones, arrestos, citaciones fastidiosas y hasta una condena en perjuicio de productores de modestísimas cantidades de marihuana. Estos casos siembran dudas sobre el modo en que las autoridades uruguayas aplican la ley que las puso en el centro del mapa informativo mundial. ¿Cumplen con el propósito de desafectar a la Policía de la tarea de fiscalizar los cultivos de marihuana, expuesto el viernes pasado por el ministro Eduardo Bonomi? Como consecuencia de la inercia actual, una cantidad indeterminada de personas puede verse obligada por las propias autoridades a recurrir al narcotráfico para abastecerse. Pasaron apenas tres meses y ya hay funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial que se olvidaron de los objetivos que motivaron la aprobación de la Ley 19.172 en el Legislativo.

La tardanza en implementar el registro de cultivadores ordenado por esta ley abre demasiado margen de discrecionalidad a policías y jueces. A los magistrados les resulta difícil determinar si están frente a plantaciones domésticas o colectivas, y varios ni se preocupan de considerarlo, aunque esta diferencia explicaría que, en algunos casos, la cantidad de especímenes supere el máximo de seis por hogar que establece la regulación. La falta de regularización impide, además, la denuncia policial por robo de plantas de cannabis, un fenómeno en auge. Entre los cultivadores circula la recomendación de mantener los arbustos bien escondidos, como si la aprobación de una ley tan esperada por ellos hubiera sido un sueño fugaz. Porque hay agentes y magistrados al acecho, y también chorros comunes y corrientes. A un cultivador de Solymar le arrancaron dos plantas el lunes. Los ladrones volvieron el martes por más, pero no les dio el tiempo, porque hubo vecinos que con la mejor voluntad alertaron al 911. El cultivador debió resignarse a cosechar por anticipado las dos plantas que le quedaban, temeroso tanto por los robos como por una eventual complicación policial.

Un vecino de Pinar Norte sufrió más de 24 horas de arresto a mediados de enero tras la requisa de seis plantas, varios meses antes de la cosecha. A fines de febrero fue procesado sin prisión por el delito de “producción de materia prima de sustancia estupefaciente”, según informó a la diaria. La semana pasada, seis policías (entre ellos un subcomisario y tres agentes encapuchados y armados) capturaron en Montevideo seis pequeñas plantas del sótano de un científico uruguayo independiente que prepara investigaciones académicas sobre cannabis. El experto tuvo dos horas de espera en el cuartel de la Dirección de Narcóticos en el Prado. Al día siguiente debió acudir a un juzgado de Ciudad de la Costa, que, como era previsible, archivó el caso, iniciado allí porque había llegado al Aeropuerto de Carrasco una encomienda a su nombre de seis sobres con 10 semillas cada uno. Las semillas continúan en la terminal y el cultivador deberá fumar en los próximos meses lo que le depare la solidaridad de sus pares o la oferta de algún dealer.

El 3 de febrero fueron condenados a 21 meses de prisión en suspenso dos cultivadores de Colonia Nicolich, a quienes se les incautaron hace un año tres plantas y “hojas secas”. Era, según declararon, marihuana para su consumo personal y, sin que mediara compraventa, el de “hermanos y amistades” y “unos tíos que sufren de dolores reumáticos”. El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Ciudad de la Costa entendió que los condenados habían incurrido en “producción”. La jueza Adriana Graziuso sólo tuvo en cuenta la flamante Ley 19.172 para castigar los “riesgos para la salud del uso del cannabis” y la falta de registro de los cultivadores (sí, ese registro aún inexistente), lo cual desactivaba, según ella, la retroactividad de la norma penal en beneficio de los acusados.

Estos casos, y otros en el Chuy y en La Paz en los que la información disponible es muy confusa, sirven de ejemplo de que “el prohibicionismo no se mata con una ley, sino con un trabajo más profundo”, como dijo a la diaria el abogado penalista Martín Fernández. El Parlamento votó una norma aplaudida por marihuaneros y expertos de todo el mundo, pero los cultivadores siguen fumándose policías armados en sus hogares, entre otras molestias. Sin señales precisas, parece que quien preside el gobierno del país no es José Mujica, uno de los principales promotores de la ley, sino el candidato blanco Jorge Larrañaga, el que gritó “¡que no planten nada que la vamos a derogar!”.