La casa del empresario, ubicada en el barrio montevideano de Carrasco, está cercada por la Policía. La Dirección Nacional de Inteligencia actúa en el caso en coordinación con la jueza Graciela Eustaquio. Las armas están incautadas; algunas continúan en la casa a la espera de ser trasladadas y otras ya están en poder de la Justicia. El dueño las almacenaba en el garage y en dos habitaciones de su domicilio.
El hallazgo se produjo el viernes, luego de un allanamiento dispuesto por la jueza a raíz de la denuncia de un yerno del empresario, que la hizo porque tenía con él una disputa vinculada a una herencia, informaron a la diaria fuentes de la investigación. González Conde es coleccionista de armas, pero, de 1.000 que tenía, sólo 300 estaban registradas. Además, tenía en su poder armas de guerra que no está permitido tener a coleccionistas y tenía armas cargadas, algo que también está prohibido, ya que la ley establece que en el caso de los coleccionistas, las armas deben estar por un lado y las municiones por el otro.
El caso está ahora a consideración de la Justicia. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se preguntó el sábado “para qué quiere un coleccionista” granadas y pólvora. La ley aprobada en 2013 que regula la tenencia de armas establece una pena de 20 meses de prisión a seis años de penitenciaría a quienes adquieran o tengan en depósito armas y municiones sin autorización o contraviniendo normas legales.
El sábado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Larrieux, visitó al dueño de casa, de quien es amigo. “Se trata de una persona mayor con problemas de salud y que estaba solo en la casa al momento del allanamiento”, explicó Larrieux a El País. Fuentes del Ministerio del Interior manifestaron a la diaria que en la cartera hay “preocupación” por esta visita, que puede leerse como una presión para la jueza que actúa en el caso. El País también recogió el testimonio de una abogada amiga del empresario, Beatriz Scapusio, quien valoró que la incautación fue “digna de un Estado totalitario” y anunció que iniciará “acciones legales” contra la jueza.
Para atrás
En 2001, se debatió en el Parlamento una serie de robos de municiones en la Armada. En julio de ese año, un teniente de navío de la Armada se suicidó luego de ser arrestado a rigor por considerárselo responsable del robo de municiones y armas, que luego eran entregadas o vendidas a coleccionistas. Durante la sesión, según consta en las actas, el senador socialista José Korseniak acusó a un militante ultranacionalista, Honorio Méndez, de ser cómplice del robo, por ser quien tenía en su poder parte de las armas. El 24 de agosto de 2001, el semanario Brecha publicó una nota en la que informaba que, además de a Méndez, Korseniak denunció como cómplices en la operativa al ex subsecretario de Defensa Roberto Yavarone (Partido Colorado); al director de Ordenamiento Territorial, Herman Leis (Partido Nacional); al diputado colorado Daniel García Pintos y al empresario de la construcción González Conde. García Pintos, Yavarone y Leis negaron la vinculación y el diputado colorado le hizo una denuncia por difamación e injurias a Korseniak, que luego fue archivada.
Las autoridades de la época aseguraban que sólo faltaban municiones, pero el diario El Observador sostenía que el teniente de navío también tenía en su poder armas y explosivos, y que luego de que se suicidó, no se conoció el destino de esas armas. En 2009, cuando se halló el arsenal en la casa del contador Saúl Feldman, fuentes del caso especularon con la posibilidad de que una parte de las armas halladas fueran las mismas que habían sido sustraídas a la Armada ocho años atrás.