“Nos gustaría saber por qué hay un silencio tan profundo en torno a este tema por parte de todos los actores. Nos llama mucho la atención, y no creo que haya una inquietud en el medio y la prensa, demoran mucho tiempo en reaccionar sobre algo que se les viene encima: estamos reaccionando tarde, desagregados y sin pronunciarnos”, dice la coordinadora de Cinemateca, María José Santacreu. Se refiere al cambio del formato analógico a digital en cine, que se está desarrollando desde hace algunos años, pero que recién en 2014 comenzó a concretarse seriamente en Uruguay. “Cuando se supo que vendrían estos diversos formatos, los Estados tomaron ciertos recaudos. A diferencia de lo que sucede en Uruguay, en otros países había salas independientes que debían afrontar en solitario ese pasaje de lo analógico a digital, que implica un costo muy alto. Como en Montevideo coincide la mayoría de los distribuidores y exhibidores (Sony Pictures con Movie Center y Fox con Life Cinemas, por ejemplo), la inversión la realizaron, naturalmente, las propias majors [sellos] estadounidenses”, agrega Santacreu.

A la coordinadora le sorprende que Cinemateca haya escrito hace tres meses un editorial que llamaba la atención sobre las graves consecuencias que tendría este cambio en el mercado de la exhibición, y nadie se haya pronunciado. “En el mundo de las majors están firmando contratos en los cuales, si se exhibe una película que no es de quienes invirtieron en el cambio, se debe pagar un virtual print fee (una “cuota de pantalla”). Esta situación hace que las pocas distribuidoras independientes sean las únicas obligadas a realizar el desembolso -la mencionada “cuota de pantalla”- para exhibir sus películas. Precisamente esto fue lo que dijimos hace tres meses, lo que fue seguido de un silencio alarmante, hasta que [Manuel] Martínez Carril publicó su nota en Brecha, y tampoco pasó nada”.

De acuerdo al documento expuesto en 2012 por Digital Cinema Initiatives (DCI, consorcio fundado en 2002 por los siete mayores sellos estadounidenses: Walt Disney Pictures, Fox Broadcasting Company, MGM, Paramount, Sony Pictures Entertainment, Universal Studios y Warner Bros), el consorcio es autor y creador de esta especificación para asegurar el copyright y otras leyes en todos los países del mundo. “El aviso de copyright de DCI debe ser incluido en todas las reproducciones, ya sea completas o en parte, y no puede ser borrado o atribuido a otro”. Es decir que las majors -las principales compañías cinematográficas del mundo- tienen la propiedad de todas las copias digitales de sus películas, pero también de los equipos y tecnología que se utilizan para exhibirlas.

Adriana González, directora del Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay (ICAU), dijo que las salas ya firmaron acuerdos con un integrador -Arts Alliance- a fines de marzo. “Al digitalizarse, los sellos de Hollywood decidieron realizar un consorcio, que determina cuáles son las condiciones de esa digitalización. DCI, por un lado, certifica el equipamiento, que a Uruguay los empresarios los trajeron con capital propio. Lo que ahora están firmando es un acuerdo que se ha realizado en otras partes del mundo. De alguna manera, la distribución está ayudando, mediante los estudios, a que la exhibición se digitalice”.

Según manifestó González, si bien el acuerdo es entre privados, las preocupaciones del ICAU, un instituto que promueve y financia buena parte del cine nacional, es qué consecuencias implica el acuerdo para la cinematografía nacional. “Empezamos una conversación; hemos incorporado al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y hemos entablado contactos con los exhibidores. Pensamos ir contraponiendo visiones. Éste no es un tema fácil, pero entendemos que deberíamos encontrar una forma para que esto crezca y sea algo positivo”.

Derecho de pasaje

Pablo Stoll es fundador, junto a Juan Pablo Rebella y Fernando Epstein, de Control Z Films, codirigió 25 Watts y Whisky y dirigió las películas Hiroshima y 3. Stoll contó a la diaria que, de todas las películas que dirigió y que produjo Control Z, sólo Hiroshima no tuvo copia en 35 milímetros; todas se realizaron en Montevideo antes de que existiera el sistema DCP (Digital Cinema Package, una colección de archivos digitales utilizados para almacenar y transmitir cine digital, audio e imagen, entre otros).

“De a poco se comenzó a trabajar de esa manera y se comenzó a digitalizar las salas, mientras se producía un gran cambio en la distribución de cine a nivel mundial. Lo que se complejizó es el camino que está tomando este cambio tecnológico en los cines -particularmente en los cines no centrales-, y es el hecho de que las empresas quieran exigir el VPF”. La copia que implicaba el formato anterior fue sustituida por una copia virtual, de modo que lo que pasarían a cobrar los cines sería que la película “se conecte a un aparato en su sala de proyección”. Stoll considera que es una medida “absolutamente política, ya que no tiene nada que ver con lo técnico; el tema no es lo caro o barato que salga el digital, sino la posibilidad de acceso a las salas, y por ende, la posibilidad de contar con ese mercado”.

El cineasta cree que esta medida es una reacción de la industria ante el hecho de que la producción haya cambiado tanto por cuestiones tecnológicas: “Lo que ahora sucede en todo el mundo es una lucha política por el acceso a las salas de cine, que históricamente han sido el espacio donde las películas no sólo se exhiben en mejores condiciones, sino también el lugar donde las películas se convierten en películas”. Con la nueva modalidad se puede obtener un film en las mismas condiciones que se exhibe en un cine, pero, como asegura Stoll, se necesita el mismo pacto político-comercial para que alguien confíe en una película y ésta pueda continuar todo el proceso para llegar a exhibirse.

La problemática actual se centraría en que ahora, al exhibir una película uruguaya o independiente -ya sea europea, asiática o latinoamericana-, se cobraría. Con respecto a esto, Stoll considera que el proceso lleva implícito algo perverso, pero que no difiere tanto del modelo anterior. Lo ejemplifica diciendo que antes, cuando surgía una película uruguaya, las salas la querían estrenar. Pero eso fue sucediendo cada vez menos, “y ahora estrenarla pasa a ser un favor”. La transición se vinculó a la relación de la cantidad de salas y la forma de exhibición hollywoodense: antes se estrenaba una película de las majors en cinco salas y hoy en día se estrena en 12, analiza el director de Whisky.

Stoll coincide con Santacreu en que generalmente en Uruguay los distribuidores son los mismos exhibidores, de manera que siempre prefieren exhibir sus películas en las salas. “Lo que sucede es que cuando uno se presenta al ICAU, las bases requieren que la película cuente con determinada calidad técnica, y que se estrene en el circuito comercial uruguayo a lo largo de determinado tiempo. En eso me comprometo yo y el ICAU; ellos me dan una parte del presupuesto y yo lo recibo y me comprometo a que la película se vea. Lo que sucede ahora es que esa cláusula del compromiso no depende ni de mí ni del ICAU. Se encuentra en entredicho porque hay un actor que no se ha tenido en cuenta, como es el caso de los exhibidores, que pueden hacer lo que quieran. Su práctica actual es estrenar películas en horarios muy difíciles para la gente. En el futuro, lo que aparentemente sucedería, además de ofrecer horarios imposibles, sería que te cobrarán por proyectar la película. Hay que ver cómo funcionan los cines, cuántos impuestos pagan -ya que integran la ley de inversiones y no pagan IVA por los equipos que importan-, entre sus muchos otros beneficios”, dice Stoll. Cree que la cuestión siempre recae sobre la cinematografía nacional, cuando hay otras empresas que son estrictamente comerciales y tienen muchísimos subsidios, incluso más que los que tienen las propias películas uruguayas. Y cree que éste es el momento de comenzar a hablar un poco sobre esta situación. Stoll considera que hace mucho tiempo que el cine uruguayo se encuentra en una situación problemática y las películas son tratadas cada vez peor, sin importar los números. “Esta situación demuestra la ausencia de una política sólida por parte del Estado en el sector audiovisual”. Santacreu sostiene que hay una omisión reiterada por parte del Estado o de los actores involucrados: “Hoy en día se apoya la distribución, pero al no apoyarse la exhibición pasan cosas como las que sucedieron con El padre de Gardel, de Ricardo Casas, o El lugar del hijo, de Manolo Nieto”, películas nacionales recientemente estrenadas que padecieron serias desventajas en el circuito comercial, entre horarios improbables y escasísimo tiempo en cartel.

Cineastas sin pantalla

“Siempre que se estrena una película uruguaya es complicado, y en el caso de los documentales mucho más, ya que su pantalla normal es la televisión. Pero como en Uruguay la televisión exhibe muy pocos, al considerar que no tienen público, estamos obligados a estrenarlos en salas de cine”, dice el cineasta, productor y directivo de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay (Asoprod) Ricardo Casas. El director de El padre de Gardel adelantó que desde Asoprod piensan generar un plan quinquenal: realizarán una serie de reuniones entre junio y agosto con base en seis temáticas que consideran las más importantes, como la producción, distribución y exhibición, formación de público, preservación y patrimonio, posicionamiento internacional y formación en general, tanto artística como técnica.

La batalla regional

Fernando Madedo, coordinador ejecutivo de la asociación argentina Proyecto Cine Independiente (PCI) que nuclea cerca de 70 directores independientes (Lucía Puenzo, Benjamín Ávila, Juan Villegas y Diego Lerman, entre otros), dijo a la diaria que en Argentina las corporaciones han luchado contra las posibles implementaciones políticas. “Acá el VPF se paga y tiene un valor similar a lo que era la copia en fílmico, pero sigue siendo un costo elevado, y la gran pregunta es por qué quieren cobrarlo”, explicó Madedo. “Desde la PCI hemos estado peleando por la exhibición no tradicional, ya que la exhibición en sala ya está pensada de alguna manera. Creo que desde el INCAA [Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales] no hay ninguna política fuerte contra los grandes distribuidores, y esto es un problema, porque desde hace un tiempo las películas argentinas de gran formato pueden ser distribuidas por las distribuidoras estadounidenses, como Disney. Esto le aporta mucho a la película, porque evidentemente la distribuidora la apoya con mucha difusión, pero al mismo tiempo mata a los distribuidores independientes”, dijo Madedo. Contó que hace tres años se instauró un impuesto escalonado (que depende de la cantidad de copias) para los distribuidores que estrenan películas extranjeras. “Pero también lo tienen que pagar las películas latinoamericanas; habría que distinguir las nacionalidades. Ese dinero, que se cobra sistemáticamente, no se sabe hacia dónde va ni por qué; parece acercarse más a una penalización que a otro tipo de medida. Y esto se suma a las dificultades en todos lados. Acá también sucede que, para no llegar a la media de continuidad, pueden exhibir una película a las 11.00, quedando a merced de lo que decida el mercado”. El coordinador y docente argentino aclaró que desde el Estado no se han realizado pronunciamientos claros. La reflexión del país vecino ha girado en torno a qué es lo que sucede con las películas que se producen en digital, y sobre todo qué es lo que sucede con la piratería y la exhibición por otras ventanas, como el VOD (video bajo demanda, por su sigla en inglés), que “me parece que es lo que se viene ahora”, consideró.

Manolo Nieto, el director de El lugar del hijo, cree que el pago del VPF por parte del cine nacional e independiente no se va a concretar, “y si termina pasando habrá que generar un circuito alternativo más fuerte que el que existe ahora entre Cinemateca, el Cine Universitario y alguna otra sala independiente, para así poder exhibir tranquilamente las películas”.

Nieto considera que según los términos en los que se viene hablando, sobre todo desde quienes ostentan las patentes del sistema, es muy difícil que lo concreten. Se pregunta cuándo va a reaccionar el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) o el gobierno. “Ahora el ICAU no está en condiciones de reaccionar ante nada, porque no es dirigido por alguien con peso político para tomar estas decisiones. El MEC hace rato se está durmiendo en este tema y muchos otros”, criticó. Refirió como ejemplo las modificaciones y actualizaciones que necesita la ley de cine, para “funcionar de una manera más actualizada e incorporar otros elementos que han surgido en el escenario cinematográfico, como la distribución y este tema en particular. El MEC, por medio del ICAU, tiene que preocuparse por la crisis que hay entre las películas nacionales y el público, por ejemplo, desarrollando una red de salas en las que se defienda el cine nacional, más allá de lo que está trabajando el Mercosur junto al ICAU. No serán salas óptimas sino que se reacondicionarán salas que se utilizan para otras cosas, y no con los estándares de exhibición que se necesitan”.

Nieto es poco optimista respecto de la situación en la que se encuentra el cine actual, y cree que hasta que no se produzca el cambio de gobierno “no se concretará nada”. Para el cineasta, la crisis del cine “está instalada en la cabeza del público” porque perdió su jerarquía de evento cultural. “Los que consumen cine de autor lo ven en su casa porque no hay dónde verlo, y al resto de las personas no les interesa. Acá ya nadie piensa en la formación de público, y esto sucede porque hace diez años que Cinemateca está en crisis, y la gente que se formó ahí se dispersó”.

Se refirió a una línea de apoyo para los archivos fílmicos desde la creación de la ley de cine, “que nunca se concretó en serio por un motivo político, ya que [los archivos] pertenecen a Cinemateca”. En cuanto a la formación de público, cree que la ventana estratégica es la televisión y no la pantalla de cine, y es a partir de ese lugar que hay que defender la formación de público, ya que la televisión se ha vuelto el nuevo agente legitimador. “El Estado lo debe regular, no puede dejar esto a la deriva de las lógicas de mercado.”

Finalmente, Nieto declaró que si el gobierno se plantea concretar cualquier iniciativa, cuenta con las herramientas para volverla viable: “Fijate el lugar que ocupan el ballet o la ópera, que hacen cinco funciones de 2.000 personas cada una y se venden un mes y medio antes. Es cuestión de voluntad y del lugar donde están los intereses”.

Santacreu reconoce que se ha producido una caída en el número de espectadores, lo que ha generado que las películas uruguayas ya no sean atractivas para el negocio. Dice que no es adecuado como política, y mucho menos como política nacional, pedir al negocio que te haga el favor de exhibir la película, porque el propio Estado le exonera los impuestos. Como ya se ha dicho, “ellos trajeron todos los equipos por medio de la Ley de Inversiones, que les exoneró los impuestos, de modo que como contrapartida podrían programar las películas uruguayas sin cobrar”. Si bien Santacreu cree que se ha avanzado mucho, a la vez percibe que los mecanismos que se han instituido son muy endebles, motivo por el cual considera necesario establecer una legislación clara que no sólo proteja la producción nacional, sino también la exhibición de las salas alternativas como Cinemateca y el Cine 
Universitario.

“Por eso reclamamos una ley mucho más abarcativa que la ley de cine actual, que protege básicamente la producción de cine, para que se proteja otras áreas fundamentales, porque si se filma la película pero no se puede mostrar... El cine uruguayo será muy famoso afuera, pero acá no lo ven muchas personas ni cuenta con lugares de exhibición”.

Ése es otro aspecto que considera central en la reflexión, y que “está quedando invisibilizado”, ya que el cine uruguayo no es comercial por muchas razones, que incluyen modos y estéticas de producción. Frente a esta situación, Santacreu razona que si a lo largo del año pasado se exhibieron más de 100 películas hollywoodenses y sólo seis francesas, “es como que no existiera otro cine”. De modo que cuando el público se enfrenta a una producción uruguaya, “después de haber visto 126 estadounidenses en el formato de blockbuster, va a decir, ‘ah, qué aburrido’. Por eso, para nosotros es necesaria una política clara en una legislación que abarque todos los aspectos: formación de espectadores, archivo, exhibición y difusión”.

Para ella, el cine independiente se encuentra en un estado de “indefensión” aunque necesariamente compite de igual a igual en el mercado comercial. “Se habla mucho sobre si la cuota de pantalla (de películas nacionales en exhibición) debe existir o no, pero éste es uno de los 1.000 mecanismos que se pueden utilizar, y no puede depender de la buena voluntad de los exhibidores comerciales, quienes lo que evidentemente quieren es hacer un negocio”.

Desde la institución

Hasta ahora ni Asoprod ni el ICAU se han pronunciado públicamente al respecto. Gabriel Massa, uno de los directivos de Asoprod y distribuidor de cine independiente por medio de BuenCine, expresó que la asociación está viviendo esta situación con preocupación y tratando de generar una reflexión sobre el cine uruguayo, su distribución y exhibición bajo el nuevo paradigma. “El cambio tecnológico no queda ahí sino que implica nuevas reglas de juego, y creo que eso es lo más importante. Implica que de aquí a poco tiempo el circuito comercial va a cobrar un fijo para que los distribuidores independientes exhiban sus películas”. El fundamento es que hasta el momento los distribuidores se hacían cargo de las copias en 35 milímetros, y como ahora dejaron de tener ese costo específico (más allá de que el DCP implica un gasto), la forma de recuperar la inversión tecnológica que realizó el exhibidor es cobrar la exhibición. “El problema son los distribuidores independientes, que son quienes tienen las películas nacionales e independientes. Esto consolida la tendencia cada vez mayor en cuanto a la dificultad de que los contenidos independientes accedan de manera igualitaria al mercado”.

Massa dijo que Asoprod se encuentra en una etapa de reflexión e incorporación de insumos, a la vez que están atentos a nuevos pasos que se puedan incorporar; como todavía no se han llevado a la práctica estas medidas, “no sabemos cómo ni cuánto se va a cobrar, si bien las cuestiones formales están muy avanzadas, y los tres exhibidores más importantes ya firmaron... Estoy esperando que me llamen para decirme que debo pagar mi próximo estreno. De todos modos, tengo mis dudas sobre quién dará el primer paso para cobrar la exhibición del cine nacional. Creo que están evaluando que va a haber una gran reacción en el sector y los medios, como sucedió con El padre de Gardel, por ejemplo”.

El distribuidor independiente agregó que hasta el momento ya era difícil estrenar una película europea o latinoamericana, y que a partir de este panorama se deberá cuestionar si le sirve pagar para estar en el circuito comercial y apostar por determinadas películas. Al ser consultado sobre la falta de reacción inmediata, Esteban Schroeder -presidente de Asoprod- reconoció que era necesaria una reacción previa: “Hay una sensibilidad generalizada de hacerse cargo de esta situación que todavía no está definida. Si bien el sector formalmente no reaccionó,estamos en comunicación. La directora del ICAU está muy sensible a esto, y cualquier reacción va a tener nuestro apoyo, aunque no se haya manejado ninguna iniciativa concreta”. Schroeder cree que debe haber un pronunciamiento de parte del Estado: “Estaría bueno que tuviera un rol de intervención, algo que incluso no tendría antecedentes en el país”. Por su parte, Massa consideró que Asoprod puede conversar con el sector político para ver “dónde estamos parados”, a la vez que expresó la necesidad de establecer un circuito alternativo, sin que el cine uruguayo deje de estar presente en el cine comercial, sobre todo para “tener mayor peso en la negociación con ese circuito”. “La idea es aglutinar los actores sociales y culturales para enmarcarlos en un proyecto común. Hay agentes como la televisión pública, SODRE y Cinemateca, entre otros, que verán con buenos ojos este apoyo, con líneas de acción a futuro”, concluyó.

El secretario general del MEC, Pablo Álvarez, dijo a la diaria que las acciones que realicen los actores privados, sobre todo las principales salas, condicionarán todo el sistema. “Como ministerio, sobre todo por medio del ICAU, estamos hablando con diferentes instituciones, al menos para facilitar al resto de las salas el cambio tecnológico. Pero hay otro aspecto que se deberá ir resolviendo, vinculado a los costos agregados que le puede implicar este cambio tecnológico a la producción, sobre todo a la difusión de películas de producción nacional e independiente. Esto, evidentemente, tiene que ver con las decisiones que tomen los privados, pero la idea sin duda es conversar”, expresó.

Álvarez dijo que están explorando todo lo que pueda ser una solución sin normativa, ya que incluso habría que pensar si existe algún tipo de canje normativo que pueda afectar la situación directamente. “Lo que sí es claro es que nosotros, sobre todo desde el ICAU y diferentes lugares, contamos con artículos que se han presentado en la propia Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que promueven justamente la producción y difusión nacional; por lo tanto, sería hacer trampa al solitario si por un lado estamos promoviendo y por otro no somos capaces de resolver una situación que nos pondría en desventaja. Reconoció estar en “una espera activa” mientras se dialoga con los demás actores institucionales y privados para encontrar la forma de resolverlo sin que implique costos al público o al propio distribuidor.

González dijo que desde el ICAU están muy atentos y con preocupaciones que han manifestado en varios ámbitos, tratando de ofrecer respuestas. “Más que salir a nivel público, creo que hay muchas cosas que estamos haciendo con las instituciones involucradas. Además de ir entendiendo cómo son las lógicas, debemos comprender que éste no es un escenario de buenos y malos, sino de situaciones que debemos corregir si es necesario, y todavía no están dadas todas las condiciones para que un instituto de cine salga con definiciones absolutas”.