En la tarde de ayer la jueza Penal de 10º Turno, Dolores Sánchez, la fiscal María de los Ángeles Caamiño, el abogado José Luis González, la unidad de investigación criminalística de la Policía Científica y 14 denunciantes ingresaron al predio de la Unidad de Internación Nº 8 “Domingo Arena” del Instituto Nacional de Rehabilitación, para proceder a una inspección ocular de reconocimiento del lugar donde estos últimos permanecieron detenidos y fueron sometidos a torturas desde 1972 hasta 1976, ya en dictadura. En el predio, antes de que se convirtiera en cárcel para militares condenados y procesados por violaciones a los derechos humanos, funcionó entre 1947 y 1994 el Regimiento de Caballería Mecanizada Nº 6 del Ejército y desde 1995 hasta su desactivación en 2005, el Batallón de Ingenieros de Servicios Nº 7.
La instrucción ordenada por la magistrada corresponde a la etapa de presumario del proceso originado en la denuncia de 17 víctimas del terrorismo de Estado que fueron recluidas y torturadas en el predio. En la causa hay 28 militares denunciados, entre ellos médicos militares que están plenamente identificados. La jueza también envió oficios al Hospital Militar para comprobar el ingreso y la historia clínica de los detenidos que eran derivados desde el cuartel a ese centro para recuperarse de los apremios físicos y luego volver a los interrogatorios, y al Ministerio de Defensa Nacional para que establezca qué funcionarios del Ejército se desempeñaban en el regimiento durante los años señalados por los denunciantes.
Lugar cambiado
Un enorme portón de dos hojas cierra la entrada a la cárcel, cuyo perímetro es vigilado por personal militar. Dos efectivos del Ejército abren la puerta para que ingresen sobre las 14.30, la jueza, la fiscal y la actuaria. Antes, ya había ingresado el móvil de la Policía Científica. Luego lo hicieron los 14 denunciantes y su abogado. La inspección ocular duró unas dos horas y media, y luego la jueza se retiró en un vehículo del Poder Judicial sin hacer declaraciones. Al salir, González señaló que “lo más importante” es que se pudo entrar al lugar donde los denunciantes “estuvieron detenidos y donde fueron torturados”. Sin embargo, dijo que “algunos lugares fueron modificados y otros destruidos, incluso se construyeron nuevos cimientos y galpones”. González contó que Policía Técnica tomó fotografías de los lugares que “eran señalados como aquellos donde habrían estado detenidas las personas” y también de los “cambios internos” en el predio. “El único lugar al que no se pudo acceder fue a los galpones de reclusión donde se encuentran hoy privados de libertad varios militares”, dijo González. Según el abogado, fue “un problema de coordinación”, ya que en la gestión de la inspección se solicitó el ingreso “al predio militar”, y el establecimiento donde están los militares presos fue cedido por comodato al Ministerio del Interior. “Habrá que gestionar el ingreso si de la instrucción surge que es necesario”, agregó.
González aclaró que “no hubo cruzamientos” en el predio entre los presos y los participantes de la inspección ocular, e informó que cuando el juzgado entienda que “el cúmulo de pruebas es suficiente como para empezar a citar a los denunciados” “lo hará”. El abogado afirmó que “desde el punto de vista procesal se pudo constatar, sin ninguna duda, la existencia del lugar donde efectivamente se detuvo y se torturó” a los denunciantes.
Por su parte, la denunciante Elena Zaffaroni dijo que a 40 años de los hechos siguen “tratando de recuperar la memoria de lo sucedido”, que ocurrió “en el marco de un contexto represivo para todos”, donde “los cuarteles cumplieron un papel importante desde 1972”. Zaffaroni y su esposo, Luis Eduardo González González, fueron detenidos y llevados al Regimiento de Caballería Nº 6 el 13 de diciembre de 1974. Pocos días después, la dictadura informó que González se “había fugado de un procedimiento” cuando reconocía un lugar. Sin embargo, en el informe final de la Comisión para la Paz se reconoce que su fallecimiento se produjo el 26 de diciembre de 1976 en el cuartel ubicado en Domingo Arena 4399 como consecuencia de las torturas padecidas y se sostiene que sus restos fueron “primero enterrados en el Batallón 14 de Toledo y después exhumados a fines de 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata”.
El denunciante Juan Ángel Urruzola, que estuvo detenido en ese cuartel en 1972 y posteriormente en 1974, declaró que “los militares empiezan a torturar sobre fines de 1971” y que desde ese año pasaron por el lugar “miles de personas”, de las cuales 99% “fueron torturadas”. “Fue un sistema para pasarle por encima a la gente, a los estudiantes, a los trabajadores, a los que estaban comprometidos con la lucha armada y a los que no”, agregó. Sobre la inspección, Urruzola señaló que a pesar de los cambios en el predio y de haber permanecido “siempre encapuchados”, todos tuvieron “la sensación de que el lugar era ése”. Urruzola dijo también que hay dos militares denunciados en la causa que están recluidos en la actual cárcel, pero agregó que “de la enorme cantidad de oficiales que torturaron” desde 1972, sólo son “una cantidad ínfima” los que están presos.