Uno de los fines del CED es que los estudiantes estén vinculados a la sociedad. Por eso, mediante esta propuesta la Facultad de Derecho de la Universidad de la República llega a los barrios y trabaja en conjunto con la gente, contó Vanessa Méndez, una de las responsables de la Secretaría de Extensión del CED, quien pertenece desde 2005 al gremio estudiantil. A partir de aquel año se comenzó a pensar en los consultorios como un programa, ya que desde 1989 se contaba con esta experiencia en el hospital Pereira Rossell.

En la actualidad, los consultorios se componen del trabajo honorario de estudiantes, abogados y coordinadores, que también son estudiantes pero con mayor experiencia en el programa. Cada año participan más de 250 estudiantes de segundo a sexto año de las carreras de Notariado y Abogacía. Mientras el coordinador es un nexo entre la Secretaría de Extensión y lo que sucede a diario en el consultorio, el estudiante lleva adelante un caso, redacta los escritos, y el abogado debe corregirlos y firmarlos, cubrir audiencias y asesorar a los estudiantes. La idea es que roten los voluntarios y permanezcan las estructuras para que todos puedan participar, aseguró Méndez.

En el terreno

En Centro, Cerro, Casabó, La Teja, Malvín Norte, Bella Italia, Punta de Rieles, Piedras Blancas, Manga y Villa García se encuentran los 12 consultorios ubicados en Montevideo, más otro ubicado en la ciudad de Las Piedras y otros 14 en diferentes departamentos del país.

Cada consultorio tiene su propia realidad y necesidades, por lo que algunos lugares, como Punta de Rieles y Piedras Blancas, “explotan” en consultas, mientras que los que se ubican en el Centro reciben menos, señaló Méndez.

“Tratamos de no llegar en paracaídas”, comentó la joven respecto de instalarse en determinado barrio. Primero se trabaja con Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial o con comisiones barriales de la zona para visualizar la necesidad del servicio. De esta manera, el centro se trata de ubicar en un lugar de referencia para el barrio y se trabaja con las organizaciones para la difusión del servicio. Pero la forma más efectiva de dar a conocer la iniciativa es con “el boca a boca”.

Para recibir atención gratuita, uno de los requisitos es no superar los dos salarios mínimos nacionales en el núcleo familiar, que equivale a un monto de 18.000 pesos aproximadamente. “Por una ley, estamos exonerados de reponer timbres, por eso es todo gratuito”, explicó Méndez, pero eso sólo les permite actuar en materia de familia, niñez y adolescencia: “No podemos hacer todo lo que queremos”. Los trámites más comunes son los divorcios, pensiones alimenticias, ratificación de tenencias y visitas a menores, así como investigaciones de paternidad. No obstante, si llegan consultas de materia penal, laboral o comercial, igual se brinda asesoramiento. “Siempre tratamos de tener la información a dónde podemos derivar a la gente, para darle una solución en el corto plazo”, comentó Carolina Campos, también responsable de la Secretaría de Extensión.

Aunque les gustaría ampliar el área jurídica de trabajo en un futuro, las jóvenes tienen en cuenta que “como gremio hay cosas que no se pueden hacer”, ya que actuar en materia penal demandaría mayor dedicación de los abogados para cuestiones específicas.

El caso de los abogados era uno de los componentes “más flojos” del programa, según Méndez, ya que muchas veces su trabajo en los consultorios, al no ser remunerado, era una “actividad accesoria” y por eso no podían dedicarse a pleno a los centros. Por este motivo, el Ministerio de Educación y Cultura financió seis abogados, que cubren todo el programa en Montevideo. Mientras en la capital también hay abogados honorarios, en el interior los profesionales están financiados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Además de estos organismos, también se trabaja con el Ministerio de Salud Pública en una línea de investigación que originó publicaciones sobre derechos en salud.

Comunitario

Según las estudiantes, la propuesta es mucho más que asistencia jurídica. Cuando Marilien Moreira, coordinadora del Consultorio Jurídico del Cerro, vio el aviso en la Facultad de Derecho decidió entrar al programa para hacer práctica, como la mayoría de los estudiantes. “Pero una vez que entrás cambia la cosa, porque empezás a ver el lado social de lo que estás haciendo, te empezás a comprometer con el trabajo, con la gente; son personas que dependen de nosotros para llegar a fin de mes, porque les estás tramitando una pensión alimenticia”, contó. La joven expresó que se realizan actividades exclusivamente sociales, como la celebración del Día del Niño mediante la colaboración de empresas y organizaciones sociales.

Moreira comentó que también se realizan “barriadas”, en las que se reparten volantes con información sobre violencia de género o consultas laborales, por ejemplo, al igual que charlas informativas en escuelas y liceos.

La iniciativa también trabajó con complejos carcelarios como el Compen y Cabildo, brindando asistencia jurídica a personas privadas de libertad y a los funcionarios de los centros. Además, junto con la radio comunitaria El Tejano se transmitieron nueve programas para la difusión de derechos. “Ese tipo de situaciones nos van comprometiendo a diario, porque si bien aprendemos mucho jurídicamente, aprendemos de las personas que atendemos, que nos enseñan realidades diferentes”, añadió Moreira.

Estas facetas, que se escapan del trabajo netamente jurídico, llevaron a trabajar en conjunto con estudiantes de Psicología y Trabajo Social. Esto permite tratar las consultas desde un ámbito “global”, contó la coordinadora, ya que “la persona llega con una duda jurídica, pero atrás su relación familiar es otra”.

Para las jóvenes, trabajar con estudiantes de otras disciplinas facilita el abordaje cuando se dan casos de violencia doméstica. Según Méndez, “es claro que las personas no te van a decir, pero cuando van por un divorcio o una pensión alimenticia para un niño el trasfondo muchas veces es de violencia doméstica”. Este apoyo no se da en todos los consultorios, por eso el desafío a futuro es sumar estas disciplinas a todos ellos.

Más adentro

Para las estudiantes, el apoyo de diferentes organismos hace posible que “la actividad crezca y se profesionalice, porque no es lo mismo hacer algo a pulmón y honorario que tener un convenio con un ministerio y poder hacer muchas más cosas”. Un ejemplo es la extensión de los consultorios en el interior del país. Hasta 2012 el único consultorio que funcionaba con continuidad en el interior era el de Las Piedras. Sin embargo, con el apoyo del Mides, la asistencia se extendió a 14 centros jurídicos en diversos departamentos. El mes próximo se prevé la apertura de nuevos consultorios en los departamentos restantes: Durazno, Cerro Largo, Lavalleja, San José y Treinta y Tres.

Todo comenzó cuando el Instituto Nacional de la Juventud, por intermedio del programa Impulsa, que cuenta con Centros de Ciudadanía Juvenil en el interior, firmó un convenio para instalar los consultorios en estos puntos. A diferencia de Montevideo, los responsables de estos consultorios son los abogados financiados por el Mides y cuentan con muchos menos estudiantes, ya que la mayoría están estudiando en Montevideo o en la Regional Norte de Salto. Si bien en departamentos como Maldonado o Flores los estudiantes viajan por la cercanía a la capital, no sucede lo mismo con otros lugares, como Rivera. En esos consultorios se convocó a estudiantes de sexto año de liceo para que conozcan la actividad así como cuál es la función de un abogado.

Las consultas se incrementan año tras año. En 2013 se registraron alrededor de 2.000 en el interior, de un total de 12.000. “Todo el mundo paga impuestos por cualquier cosa, pero no todo el mundo accede a la educación universitaria”, comentó Méndez, a la vez que señaló la necesidad de “dejar un granito de arena” en los barrios.