Las calles son de balasto con anchas cunetas con agua y pastizales. Mujeres y hombres parecen surcar caminos de hormigas transportando bloques, chapas, varillas y bolsas de pórtland. Llevan materiales desde el local de obra hasta sus casas o la de alguno de sus vecinos, porque parte del pacto es trabajar para todos. “Trabajé 40 años y así trabaje 40 más, nunca voy a tener mi casa si no hago esto”, expresó Martha, una vecina del barrio Primero de Mayo, mientras hacía rodar una malla para hormigón que serviría para hacer una platea. La escena es común en los 42 barrios en los que interviene el Plan Juntos, que está trabajando en 15 departamentos (faltan Soriano, Lavalleja, Flores y Maldonado).

La creación del Plan de Integración Socio-Habitacional Juntos surgió por decreto en mayo de 2010 y fue aprobado por ley en octubre de 2011. Es una unidad ejecutora desconcentrada de Presidencia de la República; su comisión directiva está integrada por un representante de Presidencia, uno del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y otro del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El gobierno defiende ese diseño institucional porque permite actuar con celeridad; por ejemplo, la unidad puede hacer compras directas en lugar de llamar a licitaciones, aunque justamente ésa ha sido una de las críticas de la oposición. Durante la discusión parlamentaria se cuestionó que se creara un nuevo organismo, pero el gobierno alega que no se trata sólo de un plan de vivienda, y que su ubicación dentro de Presidencia permite una mejor articulación entre los diferentes organismos del Estado. Ese aspecto causó polémica porque al estar dentro de Presidencia, escapa al control parlamentario; por eso la ley terminó creando una unidad de auditoría interna dentro de la directiva del plan, que debe elevar informes al Parlamento cada cuatro meses.

Desde los cimientos

Las casas del Plan Juntos no son edificadas por empresas de construcción, y el número de trabajadores contratados es escaso. En cada barrio hay un equipo técnico conformado por arquitectos, promotores sociales (educadores, trabajadores sociales, psicólogos), sobrestantes (que llevan a cabo el control de material y de horarios) y encargados de obra; en total son 120. Además, hay 160 obreros contratados.

La autoconstrucción es uno de los pilares en los que se apoya el Plan Juntos. Los participantes (así les llama el plan a los vecinos) hacen su trabajo bajo las indicaciones de los capataces. Tienen que cumplir con una carga horaria que va aproximadamente de las 1.200 a las 1.600 horas, dependiendo del tipo de vivienda. Ese tiempo incluye también “sereneadas” para vigilar durante la noche y fines de semana el lugar donde se guardan los materiales.

Los vecinos se organizan en cuadrillas, nombran a sus delegados y conforman una comisión barrial, que tiene sus pactos internos y sus propias instancias de reunión. Construyen las bases organizacionales -con el acompañamiento de los técnicos- al mismo tiempo que las materiales: por lo general comienzan fabricando bloques y espacios comunes, merenderos y salones comunales. Luego pasan a construir sus casas y las de aquellas personas que no pueden hacerlo por sus propios medios. Las prioridades se definen en función de las situaciones más críticas.

En asamblea

Caía una noche fría de invierno. Los vecinos de Primero de Mayo fueron llegando a la asamblea. 19 mujeres, tres varones, cuatro técnicos y siete niños. Varios participantes habían faltado y eso era motivo de enojo para los presentes. Uno de los temas centrales fue discutir caso a caso si se llegaba a culminar con las metas en el plazo determinado, y, si no ocurría, por qué. Algunos estaban trancados por falta de materiales, otros por dificultades puntuales de las construcciones, otros estaban esperando las herramientas. No faltaba quien respondiera que tal persona no llegaba por falta de voluntad, “por pelotudo”, se les escapaba. Varios sí alcanzarían las metas en el tiempo previsto y entonces los técnicos proponían evaluar cómo lo habían logrado. Estaban también los casos de quienes se habían “bajado del plan” por enojo, porque todo insume más tiempo de lo previsto. Los vecinos plantearon también su molestia porque quienes ya habían terminado sus casas dejaron de ayudar, cuando ellos los habían apoyado; expresaron que hay menos personas para las obras y para las sereneadas, y que muchos de los que tienen las casas no habían completado las horas. Los técnicos explicaron que en esos casos, cuando lleguen los títulos de propiedad no se les van a asignar las casas. “¡Ah, sí!”, comentó una vecina con desconfianza. También se trató el tema de la regularización de los servicios de UTE, que ya instaló los contadores, y los vecinos padecían por aquellos días la realidad de las facturas. Los técnicos dijeron que los funcionarios de UTE habían ido y volverían para dar oportunidades de refinanciar las deudas, pero alguien se quejó: “15.000 pesos, ¡ni en pleno Pocitos pagás eso!”.

Técnicos y participantes tienen intercambios cotidianos y directos, pero además hay instancias de coordinación y discusión general: una vez por semana se desarrollan las reuniones de obra -en las que participan los técnicos y delegados- y de forma mensual o quincenal las asambleas generales, que integran al resto de los vecinos. Carteleras y papelógrafos dan cuenta de los avances de obra y de los pendientes. El intercambio no es sencillo y está atravesado por necesidades impostergables.

Las familias suelen tener muchos hijos y a menudo las mujeres son las jefas de hogar. Fueron convocadas por programas del Mides o por organizaciones sociales. En otros casos, como en los de Covisocial y Verdisol, las reuniones previas de los vecinos los condujeron hacia el plan. Las casas que dejan o dejarán soy muy precarias, muchas veces están en zonas inundables o no tienen baño, como en el caso de las construidas por la organización Techo (Un Techo para mi País). Algunas familias vivieron desde siempre en la zona, otras personas provienen del interior del país; ése es el caso de Andrea, de La Cachimba, que en 2001 llegó a la capital huyendo de la crisis salteña, y el de Gabriel, que en 2002 se mudó con su esposa desde Tacuarembó a Vista Linda (Progreso, Canelones) y poco después se enteró de que vendían terrenos en Primero de Mayo y compró uno a medias con su hermano: “Con sacrificio veníamos de Progreso en bicicleta con mi señora, pedaleando, y empezamos a construir”. Cuenta que ahora está ampliando la primera construcción. Hay también casos de quienes se quedaron sin empleo y no pudieron seguir pagando un alquiler, o quien tuvo un conflicto familiar y se quedó en la calle; hay madres adolescentes y quienes prefirieron mudarse a un asentamiento con tal de que sus hijos pudieran estudiar. Para muchos, haberse mudado a esos lugares no fue lo mejor -las calles eran de tierra y no entraban ambulancias, policías ni taxis, recuerdan los vecinos de La Cachimba y Primero de Mayo-, pero “de a poco vamos saliendo”, aseguran.

“Hay quienes me dicen: ‘Si no fuera por el Plan Juntos, no tendrías tu casa’, pero no es así, a mí nadie me regala nada”, reclamaba una vecina enojada por las demoras en la entrega de materiales, pero más molesta con quienes no reconocen su esfuerzo. No es menor que el plan defina a los vecinos como participantes y no como beneficiarios.

La hermana Macarena Alvariza, misionera franciscana del Verbo Encarnado, trabaja desde hace 12 años en La Cruz de Carrasco, ha acompañado el proceso de los vecinos de Covisocial y también integra la Fundación Plan Juntos. Comparte el enfoque del plan porque apuesta a la participación: “Trabajar con el vecino no es una cosa sólo asistencial, como entregar una casa pronta. Eso es algo que ya vimos de otros planes y, en cierta forma, sentimos el fracaso. Tal vez en el momento resolvían el problema puntual de la vivienda, pero sin cambiar a fondo las posibilidades de trabajo, de inserción social, educativa, y terminaba siendo un parche en la vida de esas familias. Sentimos cómo le cambia al vecino el hecho de poder cumplir un horario: cumplir con ciertas reglas comunitarias hizo que aprendieran a insertarse en otros trabajos”.

“Aprendí a bolsear, a ayudar a levantar paredes, a hacer lechado, contrapiso, a llenar platea, entrepiso”, detalló Miriam, de Luis Batlle Berres, y una de sus compañeras añadió que también cargan bloques y pórtland. “Ahora pueden trabajar mujeres en la construcción, está bueno”. “Está bueno porque aprendés de todo un poco. Nos hace más compañeras, antes éramos vecinas nada más”, comentaron Marisel, Virginia, Gabriela y Andrea, integrantes de la comisión barrial de La Cachimba. La misma apreciación hacen vecinos de otros barrios: “Antes había una comisión pero estaba en el aire, no era algo bien; ahora conocés a los vecinos, te marca. Estaría bueno que no se perdiera eso cuando se vaya el plan”, comentan los de Primero de Mayo.

Cal y arena

“Lo difícil es que las cosas son lentas porque la base es trabajo voluntario y hay poco trabajo profesional”, comentó Mujica entre los vecinos de Luis Batlle Berres durante el Día del Voluntariado Juvenil. Las demoras en la concreción de obras son uno de los principales motivos de disconformidad en los barrios. “Se hicieron desear bastante, era un proyecto de ocho meses y se extendió por casi dos años porque faltaban materiales o no había mano de obra, siempre pasaba algo, los trámites de OSE, UTE”, comentó María Ramírez, una de las primeras participantes de Luis Batlle Berres. El desánimo aparece como causa y consecuencia. “Nos presentaron un proyecto y lo fueron modificando, entonces muchos se bajaron. Capaz que si la gente se pusiera más las pilas… éramos un grupo de 20 y pico y venían diez personas. Lo que pasa es que decían que iban a estar prontas para una fecha y después la corrían, a mí me tiraba abajo, te imaginás que en junio vas a tener tu casa y después te dicen que está para diciembre”, reflexionó María, de 20 años, que tiene una hija de cinco años y otra de uno y medio. De todos modos, su balance es positivo: “Para no tener dónde estar, yo estoy agradecida”.

Financiamiento

Al hacer la enumeración de los recursos, el presidente del Plan Juntos, Carlos Acuña, mencionó en primer lugar los aportes presupuestales: 105 millones de pesos anuales (cinco millones de dólares) en 2011 y 2012. A partir de ese año se duplicó el presupuesto, que pasó a ser de 205 millones de pesos anuales para 2013, 2014 y 2015. En segundo lugar destacó los aportes de los vecinos con sus horas de trabajo -700.000 horas hasta diciembre de 2013- y los terrenos, porque en la mayoría de los proyectos desarrollados hasta ahora las casas están en suelos de los beneficiarios. Acuña colocó en tercer lugar los aportes de la sociedad civil -donaciones y legados-, y los convenios firmados con instituciones. También hay donaciones en efectivo, que en total constituyeron 1.700.000 dólares. Entre los aportes que hacen las personas, se destacan los 5.800.000 pesos que ha donado Mujica de su salario. Las empresas contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas y del Impuesto al Patrimonio que donan dinero en efectivo al Plan Juntos pueden solicitar beneficios tributarios por 81,25% de lo que donen. Acuña destacó también el aporte de los organismos estatales: las transferencias del MVOTMA, que son cada vez mayores, las del Mides, por medio de sus programas sociales, y las de las intendencias. También se cuentan los aportes de los entes públicos al momento de regularizar los servicios y de ANCAP, que entrega el cemento. Otros organismos han donado terrenos y han colaborado con el movimiento de basura y tierra en La Cachimba y Luis Batlle Berres. “Es hacer la vaquita: sumar, sumar, sumar, y esto tiene mucho que ver con la palabra ‘juntos’, porque si no lo hacemos así, es imposible seguir avanzando”, expresó Acuña.

Respecto de los cambios sobre la marcha, participantes de Primero de Mayo dijeron que las primeras casas se revocaban e hidrofugaban pero, luego, cuando “de arriba” -en alusión a las autoridades del plan- se dieron cuenta del material invertido, se dispuso que no se revocara ni hidrofugara más, y que sólo se bolseara.

El tema de la “fuga de materiales” no es menor. “Hemos construido pa’ pobres techos que son mansiones para uno”, expresó, en pocas palabras, uno de los obreros contratados, que pidió “más rigor”: “Si tenés que llevarte tres bloques, no te lleves cinco”, sentenció.

En Primero de Mayo hubo un robo el 18 de julio. No era el primero y el faltante fue significativo, por lo que las autoridades suspendieron todas las tareas en el barrio hasta que los vecinos devolvieran parte del dinero. Se organizaron, pidieron harina y Royal en todas las casas del barrio, cocinaron, vendieron pasteles y empanadas y juntaron víveres para rifar una canasta. En dos semanas recaudaron 30.131 pesos y una semana después se reactivaron las obras, contaron María y Wilmar. Cerca de 30 familias no participaron en la colecta, 90% de sus casas estaban terminadas; se decidió que quedarán fuera del plan, y ya no se les entregará materiales.

“Son seres humanos y no son angelitos, son hijos de nuestro pueblo, tienen los defectos y las virtudes que tenemos todos en la sociedad, pero hay que buscar que funcionen colectivamente, porque ahí se controlan entre ellos mismos, se ponen horas, vigilan, cuidan los materiales y vamos mejorando”, expresó Mujica en una recorrida por Villa Ilusión.

Dónde irá a parar

“Es un proyecto sociohabitacional, no somos un plan de vivienda, no estamos para hacer casas, si bien es la parte fundamental”, remarcó Mario Carrero, presidente de la Fundación Plan Juntos. El programa Salud Bucal, que la fundación desarrolla con la Facultad de Odontología de la Universidad de la República, fue una de las acciones insospechadas del plan, puesto que surgió a pedido de los vecinos de Villa Ilusión, que expresaron dificultades para conseguir trabajo por tener los dientes en muy mal estado. El proyecto ha atendido a 1.500 participantes del área metropolitana y en setiembre se extendió al interior del país. La fundación también ha organizado clubes de fútbol, viajes al mar, talleres de percusión, cursos de capacitación en construcción y mecánica.

“La gran meta es que al final del período el Plan Juntos sea asumido efectivamente como política de Estado”, remarcó Acuña, y Carrero aclaró: “Cuando se plantea la institucionalización se está hablando de que el plan deje de ser el buque insignia del presidente Mujica”, que lo trascienda. Los integrantes de la fundación defienden que continúe teniendo la institucionalidad de hoy. “Mario Carrero es el Paul McCartney de los barrios”, dice Acuña, para explicar que no se puede entrar a los barrios si no es con llaves como ésa, o con el respaldo de Mujica. Defienden la articulación que puede hacerse desde Presidencia, aunque no siempre funciona: por ejemplo, Verdisol comenzó pidiendo arreglos en las calles y alumbrado público y todavía no se ha podido articular.

El programa de gobierno del Frente Amplio propone que el plan sea incorporado al Plan Quinquenal de Vivienda. “Yo creo que es muy difícil que una estructura estatal pueda hacer las cosas que puede hacer el Plan Juntos. La veo difícil, por lo que implica la institucionalidad del gobierno central, por la metodología de trabajo, la forma de involucrarse, de trabajar en el territorio”, había dicho el titular del MVOTMA, Francisco Beltrame, a la diaria durante el cierre del trabajo en Verdisol.

“Tiene mucho más que ver con el Mides que con la cuestión de la vivienda en sí”, expresó Mujica durante su visita a la obra de Ciudad del Plata, el 5 de setiembre. Como sea, el mandatario remarcó que es una herramienta “para mantener y mejorar”.