“Total desacuerdo”
La Red pro Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que reúne a una veintena de instituciones vinculadas al trabajo social (entre otras, Aldeas Infantiles, CNS Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas y El Abrojo), manifestó ayer su “total desacuerdo con el retaceo al presupuesto del Sistema Nacional Integrado de Cuidados [SNIC]”. La red considera que la decisión de reasignar recursos “pone de manifiesto una clara contradicción con el discurso sobre los derechos al cuidado expresados en la campaña electoral”, y determina que “gran parte de sus objetivos no se podrán comenzar a instrumentar por la falta de recursos, dejando a las poblaciones vulnerables por su dependencia, exclusivamente en manos de las familias, especialmente de las mujeres”. Además, la red recuerda que “no es la primera vez que se pospone la asignación de recursos al SNIC frente a otras prioridades”, ya que “ello ocurrió en ocasión de la última rendición de cuentas”.
Anoche la bancada del Frente Amplio (FA) anunció que había llegado por consenso a un nuevo acuerdo sobre los fondos destinados al Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC). La propuesta inicial de la bancada frenteamplista, acordada el sábado, que implicaba reasignar 400 millones de pesos anuales en 2016 y 2017 desde el SNIC, respaldada por el Frente Líber Seregni (FLS) y el Movimiento de Participación Popular (MPP), fue fuertemente cuestionada el lunes por el grueso de los sectores restantes del FA, por la ministra de Desarrollo Social y por el presidente Tabaré Vázquez, que pidió durante la reunión del Consejo de Ministros que esta política contara con los recursos necesarios para funcionar.
Además de al gabinete, el tema llegó a la interna del FA. El lunes, durante la reunión ordinaria del Secretariado, integrantes de prácticamente todos los sectores del oficialismo, a excepción del FLS y el MPP, manifestaron su disconformidad con la decisión adoptada por mayoría en la bancada, en la medida en que comprometía a la principal política del gobierno para este período. No obstante, el Secretariado no llegó a emitir una declaración al respecto.
En tanto, ayer el secretario del SNIC, Julio Bango, se mostró sorprendido por la decisión de la bancada frenteamplista, pidió a los legisladores oficialistas que reconsideren su posición y dijo que éstos nunca se comunicaron con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social para conocer las consecuencias que podría acarrear el recorte de 400 millones de pesos anuales al sistema. Esto, sostuvo Bango, haría imposible ejecutar el programa de asistentes personales que iba a ser lanzado en 2016, dado que el SNIC quedaría sin un solo peso para implementarlo. El programa apunta a proporcionar, por medio de los asistentes personales, el cuidado de hasta 20 horas semanales para aquellas personas inhabilitadas para hacer actividades básicas por sí mismas, ya sea por su edad o por algún tipo de discapacidad. De esta forma se liberaría parcialmente a las familias que se encargan de los cuidados de estas personas. Según Bango, si la bancada entendió que no se iba a poder ejecutar este programa en 2016 fue porque le faltó información.
Bango informó que para fines de este año va a haber 850 asistentes profesionales formados, sumados a otros 500 que ya habían sido capacitados en 2014. La meta del programa, explicó, era llegar a atender a cerca de 2.000 personas con discapacidad severa en 2016.
Con este controvertido escenario en la bancada oficialista, el vicepresidente Raúl Sendic mantuvo reuniones con senadores y diputados, en un intento de que el plan contara con los recursos necesarios para funcionar. La propuesta que aprobó la bancada de diputados ayer reduce la quita de recursos para 2016 y 2017 de 400 millones de pesos anuales a 200 millones. Además, los diputados acordaron que en caso de que el SNIC requiera más recursos para su funcionamiento en 2017 (y una vez que se sepa cómo fue la ejecución de recursos en 2016), el programa podrá recibir 200 millones de pesos adicionales si fuera necesario, y éstos se reasignarían en la Rendición de Cuentas de 2016. En cuanto al dinero que iba a ser redirigido desde el SNIC a otros organismos, el menos privilegiado será la Administración Nacional de Educación Pública, que con la propuesta de reasignación original recibiría 475 millones de pesos, mientras que con la nueva el monto adicional que obtendrá se reducirá a 275 millones. El resto de los organismos que se habían beneficiado de esta redistribución de partidas no verán afectados sus ingresos adicionales.
