La Unidad Penitenciaria Nº 4 de Santiago Vázquez, todavía conocida por la sigla de su denominación anterior, Comcar, alberga a 3.600 personas privadas de libertad. De ellas sólo 750 reunieron las condiciones para inscribirse en alguno de los cursos de la Comunidad Educativa del penal y, en los hechos, son bastante menos los que efectivamente concurren. A mediados de este año la situación llegó a su punto máximo: los docentes concurrían a dar clases y, donde debía haber 30 o 50 estudiantes, había uno. La principal barrera fue, y es, que faltan operadores penitenciarios para asegurar el traslado de reclusos desde los módulos a la Comunidad Educativa.
Nueve personas privadas de libertad resolvieron reunirse para reclamar a las autoridades que les fueran dadas las condiciones para poder asistir a clase. Formaron un grupo que se autodenominó Plenario Nacional Educativo y nombraron como presidente a Edgardo Escobar, estudiante de primer año de la Facultad de Psicología y tutor de analfabetos, como vicepresidente a Julio López Pacheli, estudiante de secundaria y bibliotecario de la Comunidad Educativa, y como secretario a Francisco Mellado, estudiante de secundaria y tutor de historia. la diaria concurrió al penal hace un mes y allí conversó con estudiantes, docentes y referentes de la Comunidad Educativa.
Los tres referentes del grupo defendieron portar la condición de “nacional” en el nombre, para que, si alguno de ellos fuera trasladado, pudiera mantenerse en el grupo y promover la organización en el nuevo recinto. Por otra parte, defendieron su autodenominación y hacer un proceso gradual de apertura a otros reclusos, considerando que no buscaban confrontar, sino ayudar a buscar soluciones.
Pidieron una reunión a las autoridades de la cárcel, de la Comunidad Educativa, del Consejo de Educación Secundaria (CES) y operadores. El primer encuentro fue el 22 de setiembre. Los estudiantes concurrieron con demandas pero también con propuestas: que operadores de los que sabían que estaban dispuestos a llevar y traer reclusos al centro de estudio fueran reasignados para esa función; que personas privadas de libertad que estuvieran en módulos de confianza colaboraran con los operadores en el traslado de reclusos de los sectores de máxima seguridad; nombrar referentes en cada módulo que agilizaran la tarea de los operadores que fueran a buscarlos y organizaran el control de asistencia y el apoyo en los estudios, entre otras propuestas.
Si bien las autoridades del CES y de la Comunidad Educativa estaban al tanto del problema de inasistencias, que ya llevaba tres meses, fue esa reunión la que empezó a destrabar la situación. Algunas de las propuestas no fueron aceptadas. La Comunidad Educativa se comprometió a agregar tres operarios. Hasta ahora se ha añadido uno, lo que ha permitido que concurran entre 350 y 400 estudiantes. Pero el proceso no ha sido fácil. El 13 de octubre se realizó la segunda reunión, en la que las autoridades les darían respuestas a los estudiantes. Pero ellos no fueron citados y Escobar, el presidente de la agrupación, fue trasladado a Punta de Rieles. Alguno de los jerarcas criticó que se denominaran Plenario Nacional. Tres días después los estudiantes se asesoraron con una abogada y cambiaron el nombre de Plenario Nacional por Mesa Representativa Estudiantil del Comcar, con la posibilidad de armar a futuro una federación de estudiantes entre las mesas estudiantiles de los diferentes centros penitenciarios.
Día a día
La mayoría de los estudiantes de la Comunidad Educativa del Comcar, alrededor de 400, realizan cursos de secundaria, mientras que los que cursan primaria son alrededor de 160, explicó Esteban Rodríguez, director de la Comunidad Educativa. Otros asisten a actividades no formales, como el taller de audiovisual del Ministerio de Educación y Cultura, a cursos de artesanías y a un taller de música dictado por personas privadas de libertad. Durante el primer semestre el Instituto de Empleo y Formación Profesional dio un curso de albañilería.
La presencia de la UTU es prácticamente nula, y ése es uno de los grandes reclamos de los estudiantes. Esa carencia fue reconocida por Rodríguez, quien dijo que se debe contar con la infraestructura necesaria para montar cursos relacionados con oficios. También piden mayor presencia de cursos de la Universidad de la República.
Otro de los reclamos de los estudiantes es que las listas sean armadas y actualizadas por docentes o por un funcionario administrativo de la educación, y no por autoridades penitenciarias.
Sandra Gardella, coordinadora del programa Educación en Contextos de Encierro del CES, también expresó en diálogo con la diaria que “falta un recurso humano de mando medio: alguien que esté en el lugar, que sea dependiente del CES y que pueda ser el mediador de muchos problemas que hay a nivel docente, de documentación y de los estudiantes, no sólo de sus trayectorias, sino a veces a nivel vincular”. Este año el CES realizó a nivel nacional un llamado para que cada una de las 23 unidades de educación cuente con un profesor referente territorial, que asumiría esa tarea; si bien el llamado está en curso, Gardella adelantó que algunas unidades quedaron desiertas porque no se presentaron interesados. Según Gardella, la figura de ese profesor -cuyo llamado solicitaron que vuelva a realizarse a comienzos de 2016- permitirá “resolver problemas con la lógica pedagógica del programa, ya que a veces se resuelve con lógicas penitenciarias”.
Paradigma represivo
Por una razón u otra, los cursos no parecen estar priorizados. Docentes del Comcar con los que dialogó la diaria explicaron que este año los problemas de asistencia se debieron a la falta de operadores, pero que en 2014 los cursos se vieron interrumpidos porque a mitad de año se empezó a construir en el centro educativo la segunda planta, sin que se ofreciera un lugar alternativo donde dar clases. Los estudiantes opinaron que no pueden estudiar y trabajar a la vez porque los horarios no lo permiten, y que todo está hecho para favorecer al que trabaja. Si bien criticaron que los reclusos que trabajan no siempre reciben un peculio, explicaron que si trabajan se pueden llevar leche y carne para la celda o son trasladados casi de inmediato a módulos más abiertos, algo que no les ocurre a los que estudian, por más que tengan excelentes notas y procesos educativos. “En las cárceles tiene mucho más peso el trabajo físico que estudiar, eso es un rol histórico”, explicó Óscar Rorra, docente de Filosofía del Comcar, que subrayó que “hay dos paradigmas: uno es el de la rehabilitación -por medio de la educación, el deporte, el trabajo- y otro es el de la represión, que es al que se está acostumbrado y para lo que se hicieron las cárceles. Eso está en lucha constante y gana la represión, el paradigma de la seguridad”. Uno de los reclusos comentó: “Los estudios no importan; si hiciste de tercero a sexto, si tenés excelentes notas y los profesores dicen que sos un alumno ejemplar... nunca vinieron a preguntar eso, al contrario; a las personas que venimos haciendo un proceso de estudio acá adentro nos han sacado de los mejores módulos para llevarnos a los peores, y nunca nadie nos dijo por qué, y eso que venimos en un proceso de educación constante. Acá progresás si trabajás en el polo, vas todos los días y decís amén”.
En todo el país
La reeducación de las personas privadas de libertad es un derecho consagrado en la Constitución, pero no hace mucho que la educación formal llegó a las cárceles uruguayas. En 2002 se firmó el primer convenio para que el Consejo de Educación Secundaria comenzara a dictar cursos a personas privadas de libertad; el trabajo se inició con casos puntuales y fundamentalmente en Montevideo y San José, y recién desde 2012 tiene alcance nacional.
Sandra Gardella, coordinadora de Educación en Contextos de Encierro, el único programa de la Administración Nacional de Educación Pública que tiene coordinación en cárceles, dijo que hay alrededor de 2.300 estudiantes. En diálogo con la diaria, Gustavo Belarra, subdirector técnico del Instituto Nacional de Rehabilitación, comentó que en la medida en que se pueda, se aumentará ese número de estudiantes entre la población carcelaria. Insistió en la necesidad de mejorar el perfil de empleo y mencionó un programa piloto que comenzaron a desarrollar en Las Rosas, Maldonado, que va en ese sentido. Para mejorar la realización de actividades socioeducativas, sociolaborales y recreativas, Belarra comentó que se está trabajando con compromisos de gestión mediante los cuales el equipo de dirección de la unidad penitenciaria cobra por superar las metas establecidas.
Respecto del Comcar, Belarra reconoció las dificultades para el traslado de los estudiantes debido a la falta de operadores, y aseguró que “la dirección de la unidad Nº 4 está haciendo un esfuerzo muy importante en la redistribución de personal. Esperemos que tenga resultados”, confió.