La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes se encontraba, al cierre de esta edición, en un cuarto intermedio previo a finalizar la votación del proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal. Los cuatro partidos de la oposición con representación parlamentaria ya adelantaron que no apoyarán la iniciativa.

Ayer el debate en la bancada oficialista estuvo nuevamente regido por temas relacionados con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Así como el martes la bancada acordó restituirle 200 de los 400 millones de pesos para el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, ayer los legisladores oficialistas pidieron un cuarto intermedio en plena votación presupuestal para buscar un acuerdo en torno a una serie de artículos que apuntaban a presupuestar a aquellos funcionarios contratados mediante tercerizaciones con organizaciones no gubernamentales, que son alrededor de 1.000. Al cierre de esta edición, los legisladores del FA buscaban un acuerdo para este tema.

Ayer la comisión aprobó varios de los artículos más controvertidos del proyecto, que habían sido desglosados de la primera votación que se hizo el lunes en este cuerpo.

Entre los principales temas que se acordó en el oficialismo, se resolvió votar la incorporación de la Dirección Nacional de la Policía Caminera a la Guardia Nacional Republicana. Varios sectores de la fuerza política, como el Partido Socialista (PS), el Partido Comunista del Uruguay, la Liga Federal Frenteamplista (LFF), Ir y el Partido por la Victoria del Pueblo, pidieron libertad de acción para este tema, pero la bancada del FA optó por mandatar a sus legisladores. Al momento de la votación, el diputado Sergio Mier (LFF) se retiró de sala y su par Gonzalo Civila (PS) fundamentó en contra de la iniciativa pero votó a favor.

Una situación similar ocurrió con la eliminación de la exoneración de 18% a la contribución inmobiliaria para predios rurales. Esta vez el sector que pidió libertad de acción fue el Frente Liber Seregni, pero la bancada igualmente mandató a sus legisladores a apoyar la iniciativa.

Los legisladores del FA también decidieron eliminar el aumento salarial de 23.000 pesos previsto para los directores de las unidades ejecutoras del Mides.

Otro de los acuerdos de la bancada del FA refiere a la sustitución de la Dirección General de Bioseguridad, inicialmente prevista en el artículo 260 dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por una Dirección General de Control e Inocuidad Alimentaria. La diferencia pasa, como el cambio de nombre sugiere, por que las competencias en las políticas de bioseguridad permanecerán en la órbita del gabinete de bioseguridad, creado por medio de un decreto y con la participación de otras carteras.

En tanto, los legisladores oficialistas acordaron no modificar el artículo 677, a pesar de que sus disposiciones habían generado dudas en varios parlamentarios del FA. El texto establece que las sentencias que obliguen al Estado al pago de montos por reclamos salariales se efectivizarán solamente una vez que estén previstos en una norma presupuestal. Este artículo es visto como una posible solución ante la posibilidad de tener que responder a los aumentos reclamados por funcionarios del Poder Judicial.

Tampoco hubo cambios en el artículo 140, que establece que 50% de las vacantes producidas en soldados de primera y equivalentes del Ministerio de Defensa Nacional serán suprimidas, hasta que se logre alcanzar un ahorro de poco más de 8.800.000 dólares. El monto de dinero será destinado a financiar aumentos salariales de entre 800 y 2.000 pesos al personal subalterno de las fuerzas armadas. El artículo había causado la disconformidad del diputado frenteamplista Víctor Semproni.

Su propia medicina

Otros artículos en los que hubo cambios fueron los 425, 438 y 439, que refieren a los medicamentos de alto costo. La modificación más importante, aprobada por los legisladores del FA, se da en el artículo 425, que limitaba la responsabilidad del Estado y de las instituciones de salud a brindar aquellas prestaciones y medicamentos que están contenidos en el Formulario Terapéutico Médico (FTM) o en los Programas Integrales de Atención a la Salud (PIAS). Muchos pacientes que reclaman al Estado por medicamentos o procedimientos por fuera de estos programas presentan acciones de amparo ante la Justicia, en base al artículo 44 de la Constitución, que establece la obligación del Estado de suministrar los medicamentos a quienes no cuentan con los medios para obtenerlos. En los últimos tres años y medio hubo 145 fallos judiciales a favor de los pacientes, por montos totales de entre 12 y 13 millones de dólares. Para legisladores de la oposición y juristas, este artículo era inconstitucional por ir contra el artículo 44, y obligaba a que quienes quisieran presentar acciones de amparo tuvieran que presentar recursos de inconstitucionalidad para poder accionar.

La nueva redacción señala que le compete al Poder Ejecutivo “regular” estos programas y definir “las prestaciones, estudios, procedimientos diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación, medicamentos y vacunas que forman parte de los mismos”, y no menciona explícitamente el FTM ni los PIAS. El diputado Luis Gallo (FA) explicó que como la nueva redacción hace referencia al Poder Ejecutivo en lugar de al Estado, elimina la posibilidad de inconstitucionalidad, y esto “permite a los usuarios presentar recursos de amparo; exactamente igual que ahora, el derecho a ir a la Justicia no se pierde”.

El diputado del Partido Nacional Martín Lema manifestó su preocupación por la nueva redacción el martes, durante la Comisión de Salud Pública. Además de reiterar la postura de su partido de que estos artículos no deberían incluirse en la Ley de Presupuesto, dijo que el texto igualmente puede “limitar” la responsabilidad del Estado.