“Estamos tratando de gastar todos los cartuchos posibles para poder presentarnos a la licitación”, dijo a la diaria el dirigente del comité de base del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) de Fripur, José Umpiérrez, al ser consultado sobre los planes de los trabajadores del Frigorífico Pesquero del Uruguay (Fripur) que pasaron al seguro de paro el 18 de agosto, días después de que los hermanos Alberto y Máximo Fernández comunicaran al titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ernesto Murro, que cerrarían su empresa.

El proceso de liquidación comenzó el 10 de setiembre y desde entonces corren los 90 días para la venta de los activos de la empresa. De las 960 personas -en su mayoría mujeres jefas de hogar- que quedaron sin trabajo, hoy quedan 600 en seguro de paro: “Algunos renunciaron, otros negociaron una especie de despido y otros consiguieron trabajo”, expresó Umpiérrez.

Los que siguen a bordo se reunirán mañana en asamblea con una escribana para conformar la cooperativa y realizar la elección de autoridades, paso “necesario” para presentarse a la licitación, cuyo plazo cierra el 10 de diciembre. El capital inicial de esta cooperativa se conformará con los créditos laborales que se les adeudan por dos años a los trabajadores, por licencias y salarios vacacionales no gozados, pero éstos no llegan a los 15 millones de dólares de base de la licitación, por lo que aspiran a conseguir un socio capitalista para “una gestión en conjunto a largo plazo”.

Los trabajadores habían presentado una propuesta al Banco República para que éste se hiciera cargo de la administración, mientras que ellos se ocuparían de la producción. Sin embargo, el banco de capital estatal rechazó la oferta porque ésta se encontraba fuera de sus posibilidades de gestión, por lo que se encuentran trabajando en un plan de negocios alternativo, con la ayuda de un grupo de economistas, ingenieros y abogados puestos a disposición por el MTSS, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, la Universidad de la República y el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. “En estos días nos encontramos diagramando los costos necesarios para poner en funcionamiento el proyecto”, dijo Umpiérrez, quien aseguró que “es viable” y que “hay capitalistas interesados”.

El 10 de diciembre se licitará un paquete que incluye 16 barcos -“de los cuales hay cuatro en condiciones de trabajar”, según Umpiérrez-, la planta ubicada en la calle Rondeau, una cámara frigorífica ubicada en una manzana anexa, una estructura que comprende una imprenta, una barraca y un espacio para almacenamiento de materiales, otra planta ubicada en el Cerro, 80% de las acciones de una empresa que se había abierto en Argentina y los permisos para comerciar allí. “Lo que nosotros queremos es que se agarre todo -lo haga un interesado o nosotros-, porque si se va a remate, se parte el paquete por piezas y ahí perdemos todo”, afirmó.

Umpiérrez sostuvo que la demanda de pescado “está firme”, que “hay mercados que se están abriendo” como Rusia, China y Japón; además, confía en que el negocio sea rentable “por el valor agregado que se le puede hacer a la materia prima en la planta”.

El viernes 27, los trabajadores -instalados en una carpa en las inmediaciones del Palacio Legislativo- organizarán un festival en la Plaza 1º de Mayo con bandas y murgas, con el que apuntan a “recibir donaciones de alimentos no perecederos para los compañeros necesitados” y “darle un poco de vida al conflicto”.