La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el proyecto que quita de la órbita del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) al sistema de reclusión penal adolescente y crea el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), que se relacionará con el Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora resta que se vote en la cámara baja para que se ponga en marcha el segundo intento de cambiar el rumbo del sistema de encarcelamiento juvenil en los diez años que van del gobierno frenteamplista. El objetivo “esencial” de la nueva institución es “la inserción social y comunitaria de los adolescentes en conflicto con la ley penal mediante un proceso psicosocial, educativo e integral, que conlleve el reconocimiento de su condición de sujetos de derecho”. La futura ley contempla recomendaciones realizadas por organismos internacionales y nacionales.

El INISA dispondrá de los recursos del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), creado en julio de 2011, y tendrá como cometidos principales, entre otros: “propiciar un ambiente seguro en el que el respeto y la autoridad estén presentes de modo que los vínculos de confiabilidad puedan ser reparados”, y “promover vínculos y relaciones” entre los jóvenes y sus familias o cercanos para que signifiquen “un sostén” mientras cumplen su pena y después. Por otro lado, el proyecto estipula que para asegurar el cumplimiento de los objetivos mencionados, el instituto deberá desarrollar diversos programas: de diagnóstico y derivación; educativos; técnicos psicosociales; de seguridad y traslado; instrumentar, vigilar y evaluar las medidas alternativas a la privación de libertad así como las privativas.

Respecto de la especialización y requisitos de los funcionarios, se establece que desde los profesionales y técnicos hasta los administrativos y auxiliares de servicio deberán “acreditar competencias específicas en cuanto a formación profesional y experiencia en el desempeño del cargo”, y además estipula que se evaluará anualmente “el desempeño profesional y el equilibrio psicofísico del personal en atención directa de los adolescentes”.

Qué decir

En el debate que se dio en el Senado -que más que debate fue una puesta a punto de las diversas visiones que convergieron en la aprobación del proyecto- la frenteamplista Daisy Tourné señaló que la Comisión de Población y Desarrollo modificó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, empezando por el nombre del instituto, que era de Construcción de Ciudadanía Adolescente, porque entendieron que no era “pertinente” a los objetivos propuestos y que el actual “está más pegado a visiones contemporáneas del tratamiento de estos problemas”. Por otro lado, aseguró que los legisladores no pueden perder el control de “la gestión que vendrá”. “Muchos de los objetivos y paradigmas implícitos serán realidad si la gestión es acorde con la ley, si no será letra muerta y volveremos a una práctica que no nos ha dado resultado”, aseguró. A su vez sostuvo que debe ser entendida como una “herramienta” para garantizar la reinserción social de los chiquilines, porque no se trata de “sacarse de encima y encerrar”, sino de “hacerse cargo”.

Al respecto, el colorado Pedro Bordaberry dijo que “el encierro es una pésima solución”, pero que no conoce otra para “proteger a las víctimas o a las posibles víctimas que ésa”: meter tras las rejas a quien “exhibe conductas peligrosas y gravísimas”, “sacarlos mientras trabajamos en su reeducación para que no sigan cometiendo delitos”. En cuanto a la creación del INISA, advirtió que en la papeleta por el sí a la baja de la edad de imputabilidad se incluía una disposición transitoria de creación de un servicio descentralizado dedicado exclusivamente a la internación y reclusión de los delincuentes menores de 18 años, y preguntó: “¿No estaremos votando algo que la ciudadanía rechazó el año pasado? Porque al rechazar la papeleta rechazó esta solución”, aseguró.

Desde el Partido Nacional, Verónica Alonso dijo que “históricamente ha habido problemas en el INAU” y que no empezaron el 1º de marzo de 2005. Sin embargo, aseguró que “se han agudizado” y que muchas de las soluciones propuestas han fracasado. Recordó la administración de Ruben Villaverde, que “se caracterizó por la violación de los derechos humanos de los menores”, y exhortó a que “más que un cambio de nombre, haya uno de fondo”.