“¿Alguien me puede fundamentar, si se quiere lograr un proyecto alternativo [en privación de libertad adolescente], qué tiene que ver la Policía?”, cuestionó la senadora frenteamplista Daisy Tourné el viernes 30 de octubre en “Los desafíos de la victoria”, un ciclo de charlas organizado por la Juventud Socialista del Uruguay que tuvo lugar en la sede del Partido Socialista (PS) y continuará en Durazno, Melo, Las Piedras y otras ciudades del país para analizar el sistema penal juvenil después de la ajustada victoria obtenida hace un año en el plebiscito que pretendía bajar la edad de imputabilidad.

La legisladora integra la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la cámara alta, que estudia el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para que el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) pase de estar bajo la órbita del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) a ser el Instituto Nacional de Construcción de Ciudadanía Adolescente (INCCA), un servicio descentralizado en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). La bancada del Frente Amplio introdujo algunos cambios al proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo.

Tourné criticó que el Ministerio del Interior (MI) forme parte del Consejo Honorario Nacional Consultivo del organismo. Dijo que intentó “sacar” a esa cartera gubernamental de dicha instancia y opinó que la creación de este tipo de comisiones asesoras “no sirve para nada. Es para delirar sobre la inmortalidad del cangrejo y para [obtener] un carguito”.

Consultada por el público presente en la charla, la senadora no pudo dar una fecha concreta en la que se podría aprobar la creación del INCCA, pero adelantó que seguramente no llevará ese nombre -“no podemos hablar de construcción de la ciudadanía dentro de una cárcel”- y criticó que el texto tuviera entre sus objetivos asistir “moral o materialmente” a los adolescentes “mientras se encuentran cumpliendo medidas socioeducativas dispuestas por la Justicia”. “¿Asistir según la moral de quién? ¿Qué pasó que en nuestro Ejecutivo hay alguien que me escribe este proyecto?”, cuestionó.

Para compensar la presencia de la Policía en el INCCA, justificada según Tourné porque “algunos dicen que ellos están en contacto con los menores delincuentes y otros dicen que así la Policía cambiará su lógica”, la parlamentaria detalló que propuso que entre los cometidos esté bajar el índice de reincidencia de los adolescentes.

“La primera impresión que tuve del proyecto es que era más cárcel para los jóvenes”. Por ello instó a priorizar las medidas alternativas a la privación de libertad: “Conversar y mediar es más positivo que encerrar y fragmentar gente”. Además, remarcó la necesidad de capacitar y evaluar en forma permanente a los funcionarios, que no sean sólo del INAU y “cuidar a los que cuidan”. “El proyecto no es malo, pero sigo preocupada por la gestión y la concepción política que está detrás. Que el Sirpa salga de la órbita del INAU para pasar al Mides puede ser para que tenga más grado de autonomía o para que el INAU se saque un problema de encima”, agregó. Por último, llamó a que la fuerza política de gobierno tome esto como un tema de agenda.

Tourné cerró la terna de oradores. Antes habían hablado Tatiana Antúnez por el PIT-CNT y Mauro Tomasini, coordinador del área de Seguridad Democrática y Derechos Humanos del Servicio Paz y Justicia (Serpaj). Antúnez recalcó el impacto que tuvo en la disminución de reincidencias cuando los adolescentes privados de libertad tuvieron oportunidades de trabajo mediante un convenio entre el Sirpa y la central de trabajadores. “Esos gurises nunca habían pasado por una experiencia laboral en su vida y lograron identificarse con un trabajador”, dijo, y subrayó que hay que modificar “la cantidad de horas que están encerrados con tan pocas actividades” y “atacar los problemas que tienen que ver con la exclusión y la pobreza” de estos jóvenes.

En discrepancia con el título de la charla, Tomasini planteó que el plebiscito en el que ganó el no a la baja “no fue una victoria”. “Se detuvo una de las formas más punitivas de controlar el delito. Ahora hay que discutir políticas de seguridad democráticas que reviertan la violencia institucional hacia niños, niñas y adolescentes”, sostuvo.

Asimismo, recordó que Serpaj tiene una postura minimalista y abolicionista respecto del sistema penal juvenil y adulto porque no cree en este tipo de resolución de conflicto, ya que el delito es una construcción, un devenir, y no un acto. Tomasini instó a analizar sociológica y políticamente el sistema penal, “quién entra y quién sale” de las cárceles, y buscar intervenciones comunitarias para resolver los conflictos, “juntar a víctima y ofensor” como trabajan en el proyecto Orejano de Cerro Largo.

“Quiero una intervención penal mínima en la resolución de los conflictos, y no creo que un chiquilín tenga que pasar por la privación de libertad para tener su primera experiencia laboral con un sindicato”, añadió, considerando en cambio que éstas deberían ser medidas sustitutivas a la prisión. Interpeló: “¿Estamos dispuestos a convivir con alguien que estuvo en privación de libertad?” y recordó que “producir comunidad es ser junto a otros”.

“Se puede y deberíamos cambiar. Si se agrandan las fuerzas punitivas, los derechos y lugares se reducen -continuó-. Debemos desterrar la enunciación de que ‘alguien tiene que sufrir o morir para que la sociedad viva’. La seguridad no tiene que ver sólo con el delito, sino con una narrativa social. El delito es una forma torpe de decir algo. Los niños que realizan un delito están intentando decirnos algo”.