El 25 de abril de 2013, a la mañana siguiente de la publicación de su carta abierta, Kike Álvarez encontró su perfil cargado de notificaciones. Conocidos y extraños le comentaban su llamamiento a los cineastas de Cuba para actuar sobre “una inquietud que nos concierne a todos: el presente, el futuro y la escritura de la historia del Cine Cubano” (http://ladiaria.com.uy/UJM).

Hacía un tiempo, como parte de la “actualización económica”, había sido orientada la reestructuración del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC). El gobierno formó un Grupo de Trabajo Temporal (GTT) en el que sólo incluyó a dos cineastas: Manuel Pérez Paredes y Jorge Luis Sánchez. El resto eran funcionarios. “Que nos convoquen los que pueden. Los que tienen un Premio Nacional de Cine que los reconoce, pero también los compromete con la continuidad de una cinematografía que necesita refundarse sobre sus cimientos. Si no hay asamblea de cineastas, nunca más tendremos derecho a ejercer sobre nuestro destino, quiero decir, el destino del Cine Cubano”, concluía Álvarez, director de Jirafas (2013) y Venecia (2014).

Comenzaron las listas masivas de correos en pos de una reacción. Acordaron verse las caras: fijaron fecha, lugar y hora. Más de 100 cineastas asistieron la mañana del 4 de mayo de 2013 al Centro Cultural Fresa y Chocolate, administrado por el ICAIC. Hablaron “a camisa quitada”, como pidió Álvarez. Primero hubo que hacer catarsis, pero luego comenzaron a llegar a acuerdos. Podría pensarse que ahí comenzó todo. Pero no fue así.

Del 59 a un plan en espera

“Es el cine el más poderoso y sugestivo medio de expresión artística y de divulgación”. Así dice la primera ley cultural de la Revolución Cubana, que determinó el surgimiento del ICAIC el 20 de marzo de 1959. A sólo tres meses del triunfo del pueblo cubano liderado por Fidel Castro, e incluso antes de la promulgación de la reforma agraria, ya se firmaba esa ley para el desarrollo cultural, incluyendo la creación de Casa de las Américas y de la Imprenta Nacional. Uno de sus considerandos dice: “El cine debe conservar su condición de arte y, liberado de ataduras mezquinas e inútiles servidumbres, contribuir naturalmente y con todos sus recursos técnicos y prácticos al desarrollo y enriquecimiento del nuevo humanismo que inspira nuestra Revolución”.

El ICAIC asumió, con los pocos recursos de un país pobre, la producción nacional de audiovisuales casi en su totalidad. Es, como fue en Cuba toda, un modelo centralizado. Se concibió la producción a partir de la independencia del cine con orientación mercantil de Hollywood, buscando, por el contrario, la “formación de la conciencia”, “educar”, “liquidar la ignorancia”. Sólo en 1959 se produjeron nueve películas, en su mayoría dedicadas a exaltar y narrar la épica revolucionaria. En los años 80 el ICAIC mantuvo un promedio de 15 producciones anuales, gran parte de ellas, documentales. Incluso en los peores años del Período Especial en Tiempos de Paz de los 90, aunque esa producción bajó muchísimo, osciló entre cuatro y nueve películas y documentales por año.

Pero después de 2012 se apreció una ruptura. Según la página que contiene la filmografía completa del ICAIC (http://ladiaria.com.uy/UJN), fueron 19 las producciones de ese año (ocho de ellas de ficción), y en los siguientes el número cayó a cuatro, tres y finalmente una en 2015. Aunque el ICAIC tuvo otros largometrajes -que no están en su página- compitiendo este mes en el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, las cifras hablan de una industria marchita.

Esas pocas películas cubanas, obviamente, no son todas las que se han estrenado este año, ni el pasado, ni el anterior. Hubo otras seis en concurso, realizadas independientemente del ICAIC; obras que han sido el rostro del cine cubano a nivel internacional pero se hicieron sin amparo legal por parte de Cuba.

¿Qué está ocurriendo?

En 2008, un grupo de cineastas presentó el documento “Propuestas para una renovación del cine cubano”, aprobado en el VII Congreso de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Durmió cinco años en una gaveta. Recién fue retomado en mayo de 2013, en la primera reunión de los movilizados por el llamado de Álvarez.

Se trataba de “la necesidad de reconocer a las productoras independientes y la diversidad del cine cubano”, cuenta Arturo Arango, guionista y miembro del G20, un grupo de trabajo que representa a aquellos más de 100 cineastas, y que se formó desde el comienzo para trabajar de un modo más práctico. En el documento del GTT creado por el gobierno, “desde el mismo nombre estaba errado el planteamiento -dice Magda González, también del G20, con larga experiencia de trabajo en la televisión y a punto de terminar su primer film-. No se debía hablar sólo de la ‘transformación del ICAIC’, pues el ICAIC ahora mismo no es el cine cubano”.

El G20 logró, tras exigirlo, trabajar en conjunto con el grupo del ICAIC. No se pusieron totalmente de acuerdo, dice Arango, pero sí pudieron negociar un documento “muy maduro y completo” sobre las políticas que debían ser implementadas para comenzar un proceso de cambio. Su contenido, luego de discutirse “párrafo a párrafo en la asamblea de cineastas”, fue entregado hace más de un año al gobierno. Pero las respuestas recibidas instan a esperar, alegando que no es “el momento adecuado”.

¿Qué piden los cineastas?

Quieren, en primer lugar, una ley de cine que legitime y regule toda la actividad alegal que se realiza fuera del ICAIC, y que es mucha. Este punto englobaría el resto de las demandas.

“La principal es que se legalicen las productoras independientes, lo cual implica hacer un registro de ellas”. Pero en un país donde la actividad privada se habilita fundamentalmente en el sector gastronómico y de servicios, previendo desde cooperativas a pequeños negocios, no hay empresas privadas de mayor porte reconocidas legal y políticamente, aunque de hecho algunas existan. En todo caso, ninguna figura del marco jurídico vigente se adecua a la actividad de una productora de cine.

Quieren, además, un registro del patrimonio fílmico de la nación. “La producción de los 90 está dispersa, por ejemplo, y hay obras que no se sabe a dónde fueron a parar. Muchos cineastas dejan sus audiovisuales en casa, o se los llevan consigo si se van del país”, dice el crítico de cine Gustavo Arcos. Habla muy en serio, sabe que se está perdiendo la memoria cinematográfica cubana porque no hay obligación de archivarla en un solo sitio. “Los daños que están ocurriendo para la cultura y el Estado cubano son enormes”, dice Arango.

Piden también “un Fondo de Fomento al Cine Cubano al que accedan todos los autores en igualdad de derechos y condiciones, en convocatoria abierta y ante un jurado independiente, cuyos parámetros de selección sean la calidad y factibilidad integrales de los proyectos”, según el primer documento de trabajo que publicaron tras la creación del G20 (http://ladiaria.com.uy/UJO). Aspiran a que el financiamiento para comenzar una película se otorgue con criterios artísticos y no de contenido, políticos.

Con ademán cansado, Fernando Pérez interrumpe el trabajo en su próximo film. Es una de las voces más respetadas del cine cubano la que ahora explica, desde una pequeña oficina: “estamos reclamando la participación para hacer las cosas como se deben hacer”.

“Nosotros tenemos un rostro, decimos honestamente nuestras ideas. Queremos escuchar a los que no comparten esas ideas, y el por qué, pero no sabemos qué personas son ni de dónde vienen, todo es abstracto”, apunta. “Podemos dialogar todo el tiempo, seguir proponiendo, pero queremos pasos concretos. Porque la vida es la que determina las leyes, no al revés”, agrega. “Tenemos que saber que va a ser un camino largo, y prepararnos. De la persistencia nuestra es que va a haber entonces logros. Si flaqueamos, nos volvemos escépticos...”.

Desde la mañana siguiente a la publicación de la carta de Álvarez han transcurrido más de dos años y medio. Los cineastas no han obtenido aún resultados concretos.