Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) presentaron el estudio “Información para la Acción: Acceso a la información pública sobre Salud Sexual y Reproductiva (SSR) en Uruguay”. El documento deja en evidencia varias carencias, entre ellas, la dificultad en la implementación de los servicios de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que se debe, entre otros factores, al alto porcentaje de ginecólogos objetores de conciencia; la frecuente violencia obstétrica; los insuficientes servicios de salud de atención en situaciones de violencia sexual o de género hacia las mujeres; el escaso trabajo con varones en el campo de SSR.
Respecto al acceso a la información, se afirma que tanto el Ministerio de Salud Pública (MSP) como la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) otorgaron información “incompleta e insuficiente”.
El informe comienza destacando que Uruguay ha sido reconocido internacionalmente por los avances en salud y los derechos sexuales y reproductivos, pero que las leyes alcanzadas ahora deben materializarse. En ese sentido, señalan problemas para la implementación a raíz de la reglamentación, y ponen como ejemplo que en Young, Mercedes y Salto es imposible conseguir asesoramiento médico y el correspondiente medicamento para realizarse un aborto dado que el 100% son objetores de conciencia; concluyen que el contenido de la ley IVE “no reconoce el derecho pleno de las personas a decidir, sino que opta por una visión tutelante y controladora del ejercicio de estos derechos”.
Los resultados arrojados por el Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de MYSU volcados en el informe, destacan que la cifra oficial de 30% de profesionales objetores de conciencia al año de implementación de la ley de IVE no tiene medios de verificación y difiere notoriamente con los hallazgos del Observatorio, que identificó 100% de objetores en algunos departamentos.
Uno de los índices que preocupa es el de cesáreas, ya que “supera ampliamente” los porcentajes esperables estimados por la Organización Panamericana de la Salud. El informe destaca que un aspecto a tener en cuenta es que “la cesárea es un acto médico en Uruguay, por el que los profesionales de la ginecología reciben una remuneración aparte de su salario habitual”. Sobre el número de abortos realizados y registrados se señala que en una reunión mantenida en febrero de 2015 con el MSP, quedó claro que no está definido quién “colecta los datos de aborto legal” y por ende esa información no está disponible.
Otra de las preocupaciones que se plantea en el informe es la ausencia de información de ASSE (o la no disposición a brindarla, se aclara) sobre infecciones de transmisión sexual, VIH, diversidad sexual, violencia basada en género, y cáncer génito-mamario, lo que “supone diversas dificultades para evaluar cómo funciona el servicio y las posibilidades de mejorarlo”.