El 24 de diciembre, el juez penal de Ejecución de 1º Turno, Martín Gesto Ramos, concedió la prisión domiciliaria a los militares José Nino Gavazzo y Ernesto Ramas, ambos condenados como autores responsables de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravado, en reiteración real, cometidos durante la dictadura. Además, Gavazzo fue condenado como coautor de los asesinatos del maestro Julio Castro y de María Claudia García de Gelman. Y en 1995 fue procesado por el delito de extorsión, luego de haber amenazado a una pareja de imprenteros para que terminaran un trabajo de falsificación de billetes por el que se les pagó con cheques robados.

Los dos militares cumplían su condena en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas debido a su estado de salud; antes habían estado en la cárcel de Domingo Arena.

Según declaraciones a Montevideo Portal del vocero del Poder Judicial, Raúl Oxandabarat, el juez concedió la prisión domiciliaria “por estrictas razones humanitarias, tomando en cuenta el estado de salud de las personas”. El vocero dijo que hubo “un criterio coincidente” entre un informe de la Cruz Roja sobre la situación de las personas privadas de libertad en el establecimiento de Domingo Arena, una pericia “aportada por los propios interesados” que realizó el ex médico forense Guido Berro y otra pericia realizada por una junta médica conformada por tres médicos forenses del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial. “Los tres informes son coincidentes en cuanto a la justificación de la prisión domiciliaria, y no habiendo ninguna discrepancia, el juez acepta estos argumentos y termina concediéndola”, explicó Oxandabarat. Gavazzo porta una tobillera electrónica para asegurar su control, pero Ramas no, porque su residencia es en Piriápolis y el dispositivo no tiene alcance hasta esa localidad.

El lunes 22 el fiscal de Corte, Jorge Díaz, se había pronunciado en contra del pedido de prisión domiciliaria para ambos militares, argumentando que “no surgen de autos informes periciales que aconsejen el beneficio peticionado”. Según Búsqueda, Díaz informó que no tuvo acceso al informe de la Cruz Roja que recomienda la prisión domiciliaria y que “tales extremos determinan la inviabilidad de un pronunciamiento respecto al planteo formulado, teniendo presente que el fiscal tiene la obligación de motivar sus dictámenes, debiendo contar para ello con los elementos que den fundamento a los mismos”. “Los documentos de Cruz Roja son reservados y hay que tratarlos en los ámbitos adonde la organización los deriva”, había explicado el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para evitar contestar una pregunta sobre el documento en octubre de 2014. En ese mes, el entonces presidente José Mujica había enviado una carta a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) pidiendo que se estudiara la posibilidad de otorgar la prisión domiciliaria a cinco de los presos de Domingo Arena, basándose en la recomendación de la Cruz Roja.

La sin razón

El integrante de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT Raúl Olivera escribió una columna (ladiaria.com.uy/AFTs) en la que señala que si bien el artículo 9º de la Ley de Humanización del Sistema Carcelario “estableció en su momento que el juez podía disponer la prisión domiciliaria a mayores de 70 años”, esa posibilidad no es aplicable “cuando el reo cometió homicidio con circunstancias agravantes o previstos en la Ley 17.510 (Estatuto de Roma), que establece, entre otros, los delitos de lesa humanidad”. Olivera además expresó que “estos dos reos, que por razones de la sin razón aún detentan el grado y los privilegios de su rango militar, en el mismo momento en que salían para sus domicilios continuaban cometiendo el delito de desaparición”. “Puede ser discutible jurídicamente que a la hora de tipificar un delito los jueces procesen o condenen a desaparecedores como homicidas, ignorando que la víctima continúa desaparecida. Lo que escapa a la razón -atributo para ser ecuánimes-, es que quienes saben y no dicen, por ejemplo, el destino cierto de los desaparecidos, se beneficien de supuestos gestos ‘humanitarios’”, agregó.

Hoy a las 18.00 se realizará un escrache frente al domicilio de Gavazzo, en Libertad y Francisco Soca, en protesta por la decisión.