El canciller Rodolfo Nin Novoa saludó la decisión del gobierno argentino de ponerle fin a la exigencia de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones (DJAI), un mecanismo que había perjudicado notoriamente la venta de productos uruguayos en el vecino país.
La medida era esperada por el gobierno uruguayo y la reacción del canciller muestra la expectativa que existe en la administración de Vázquez con respecto al nuevo presidente argentino. “Los anuncios previos del ingeniero [Mauricio] Macri en la campaña iban en ese sentido, en una línea diferente a lo que venía desarrollándose en Argentina, que es parecida a lo que nosotros estamos reclamando, por lo menos en ciertos aspectos, de liberalización del comercio e instalación de una zona de libre comercio”, dijo Nin Novoa ayer, reclamando el cumplimiento del Tratado de Asunción, fundacional del Mercosur y que el año que viene cumple sus bodas de plata, “aunque todavía no tenemos esa zona de libre comercio”. Para el canciller, se trata de una “decisión auspiciosa”.
El jerarca recordó que Argentina ya tenía un dictamen de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que la condenaba a levantar las DJAI, un “obstáculo flagrante al libre comercio y al Tratado de Asunción”. “Ese dictamen de la OMC le viene bien al gobierno del ingeniero Macri, que lo que está haciendo es cumplir con esa sentencia, cosa que a mí me parece muy bien”, resaltó el canciller. Las DJAI fueron implantadas por el gobierno de Cristina Fernández en 2012 y perjudicaron las exportaciones uruguayas hacia ese país. En los últimos años las exportaciones de Uruguay a Argentina cayeron 32%, según datos de Uruguay XXI. En 2011 Uruguay había exportado productos a Argentina por un valor de 588 millones de dólares. La cifra se redujo en 2012 a 500 millones, en 2013 a 473 millones y en 2014 a 400 millones de dólares. Argentina, que en 2010 era el tercer principal destino de las exportaciones uruguayas y representaba 7,5% de éstas, bajó en 2014 al sexto lugar y a ocupar 4,4% de los destinos de venta de los productos del país.
La DJAI obliga a los importadores a presentar información sobre el destino de los productos que buscan ingresar a Argentina, además de sus datos y los de los exportadores. El trámite tiene que ser aprobado por varios organismos que participan en el sistema de DJAI, que tienen diez días para expedirse. Basta con la observación de uno de ellos para impedir o demorar la importación.
No intervengo
Nin Novoa realizó estas declaraciones a la entrada de un seminario organizado por el Colegio de Abogados sobre el principio de no intervención en las relaciones internacionales. Durante su presentación, el canciller dijo que el principio goza de “plena vigencia” en la economía uruguaya y que condena la intervención tanto de forma extrema como “indirecta”: ante presiones políticas, económicas o de otra índole. “No se puede imponer sistemas democráticos de un país a otro, cada uno tiene el sistema que cree que merece”, razonó el canciller.
También condenó las llamadas “intervenciones humanitarias”, ya que suponen violaciones al principio de no intervención. “Sí promovemos la protección de los civiles”, dijo Nin Novoa, asegurando que los cascos azules uruguayos son un “ejemplo del cumplimiento de esa tarea”, y su tarea no constituye una “intervención ni una ocupación, ya que se desarrollan en el marco de misiones de mantenimiento de la paz” y cuentan con el aval de la Organización de Naciones Unidas.
Luego de la exposición de Nin Novoa, el ex vicecanciller José María Gamio (1993-1995) también pidió prestar especial atención ante las “intervenciones humanitarias”: “Se usa la fuerza para que ‘los chicos no se mueran de hambre’, pero cuidado, los estados se manejan bajo el principio del interés nacional. Hay que cuidar que los derechos humanos no se usen como una pantalla”, advirtió el abogado, que culminó su exposición señalando que Irak está “peor” que antes de que lo invadiera Estados Unidos en 2003 y cómo también Libia empeoró su situación tras la primavera árabe y el derrocamiento de Muamar al Gadafi.
Luego llegó el turno del ex diputado y actual presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay, Felipe Michelini, que dijo que le preocupaban fundamentalmente las “violaciones sutiles” al principio de no intervención. Entre ellas, mencionó cómo Estados Unidos presionó a Uruguay para que éste no se adhiriera al Estatuto de Roma, y para hacer valer una “cláusula de inmunidad” para que este tratado no fuera válido para ciudadanos estadounidenses. Entre otras sutilezas, también mencionó el litigio que la tabacalera Philip Morris tiene con Uruguay: “Lo que esta empresa quiere es que las políticas públicas de salud las fijen las empresas y no los estados”.