Una carta firmada por los seis ministros de los Tribunales de Apelaciones de Familia (TAF) sostiene que existen irregularidades en los procesos penales previstos en el Código de la Niñez y Adolescencia para adolescentes que cometan infracciones. La misiva fue enviada en diciembre de 2014 a la SCJ por los ministros de TAF (Carlos Baccelli, Eduardo Cavalli, Lilian Bendahan, María del Carmen Díaz, Eduardo Martínez y Loreley Pera) y se difundió el miércoles en el portal de Caras y Caretas.

El texto enumera “importantes yerros” en juzgados del interior del país y en la labor de los defensores públicos. Entre sus puntos más salientes destaca que en audiencias preliminares en una causa por infracción no siempre están presentes todos los sujetos procesales (el juez, el fiscal, el adolescente y su defensor); que no se brinda al adolescente un conocimiento cabal de sus derechos y el motivo de su detención; que se solicita al presunto adolescente infractor que “ratifique lo declarado ante la Policía”; que se instruyen casos “como si fueran presumarios penales de adultos, con prácticas que remedan la década de los ochenta del siglo pasado, antes de la vigencia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la reforma del artículo 113 del CPP [Código del Proceso Penal]”, y que las actas están redactadas “a veces con distinto tipo de escritura, lo que denota que se reciben en lugares y por personas diferentes, siendo incongruente con la unidad del acto y la presencia en más de un lugar de los sujetos procesales”.

Fuentes judiciales recordaron que la presencia de fiscales en audiencias por causas de menores infractores es obligatoria y subrayaron que, en tanto la carta de los ministros de TAF “refleja irregularidades muy graves”, se debería señalar “dónde sucedieron esos hechos”.

En diálogo con la diaria, el abogado Martín Fernández, del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), consideró que la emisión del texto de los seis ministros “está bien”, ante la “reiterada constatación de falencias en los procesos de adolescentes infractores”. “Estos perjuicios afectan las garantías del menor que está en juicio”.

Respecto de las críticas a los defensores públicos señaladas, el abogado, que también se desempeña como docente de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, remarcó que se necesita contar con una “defensa técnica” y con mayor especialización de jueces, fiscales y defensores. Consideró que para ello se requieren más instancias de capacitación que las que ya se han brindado, y pensar en la calidad de trabajo de quienes llevan adelante estas instancias judiciales en materia adolescente: “modificar las prácticas, antes que sumar más personal”, considerando que los juzgados del interior son “multimateria” y eso es un “problema”.

“La escasez de recursos, sumada a la urgencia con que deben resolverse los casos, puede generar un ambiente favorable” para que se cometan irregularidades en estas audiencias, añadió. En este sentido, Fernández recordó que los tribunales que tienen competencia especializada en menores infractores tienen sede en Montevideo, así como la apelación se realiza en la capital del país.

A esto debe agregarse que los fallos de las apelaciones pueden demorar entre cuatro y seis meses desde que llega el caso al tribunal correspondiente, decisiones que terminan en nulidad: “Es llamativo que en apelaciones automáticas se detecten nulidades o se llegue a pronunciamientos absolutorios por falta de prueba sin que los Sres. Defensores hayan asumido mínima actitud procesal de contestación ante la pretensión de la Fiscalía o de crítica de las sentencias de primera instancia”, señala la carta de los ministros de Apelaciones en Familia.

Desde la Fiscalía de Corte, el secretario letrado Fernando Romano indicó que en esa dependencia “carecen de información” respecto de la posible ausencia de algún fiscal en audiencias preliminares con adolescentes que podrían haber cometido una infracción, y añadió que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, solicitará a la SCJ una copia de la carta que los ministros de los TAF le hicieron llegar a la corporación, ya que el contenido que conocen hasta el momento es el que trascendió en la prensa.