A diferencia de la Comisión para la Paz (2000-2003), que estuvo conformada por miembros de los partidos políticos, del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y del PIT-CNT, y cerró su investigación con un informe sobre 260 denuncias de uruguayos detenidos-desaparecidos en Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y Brasil, el flamante Grupo de Trabajo (GT) no contará con integrantes del Poder Ejecutivo y, al entender de quien será el nuevo prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, esto le dará “mayor autonomía y herramientas para desarrollar sus tareas”.

El GT estará constituido de manera honoraria por la diputada Macarena Gelman; el senador suplente Felipe Michelini; Emilia Carlevaro, desde la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos; Susana Andrade, en representación de la comunidad afrouruguaya; el pastor metodista Ademar Olivera; Pedro Sclofsky, por la comunidad judía; y Mario Cayota, por la Iglesia Católica, personas “representativas de diversas sensibilidades culturales, religiosas y sociales” que cuentan con “trayectoria y compromiso” en la defensa y promoción de los derechos humanos, señala el documento que establece los objetivos centrales del grupo.

Aunque se formalizará a comienzos de marzo, tras el primer Consejo de Ministros del gobierno de Vázquez, que sentará las normas para cumplir los cometidos del grupo, Roballo detalló a la diaria que los integrantes del GT se pondrán en contacto en los próximos días para definir su funcionamiento y “ser ejecutivos” en su labor, como les exhortó el presidente electo.

Tendrán a su disposición al equipo de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, con sus recursos técnicos y administrativos, para trabajar en la búsqueda de toda la información existente sobre los detenidos-desa- parecidos uruguayos. Además de la anunciada digitalización de los archivos desclasificados, de los elementos generados en los procesos judiciales cerrados o en plena investigación, y de los que aún resta obtener de otros organismos del Estado (como las fichas del Hospital Militar o los libros de registro de los cuarteles militares), Roballo subrayó que se utilizará un software especial tanto para cruzar la información como para establecer “patrones de búsqueda” de los más de 200 casos de desapariciones forzadas que se deben resolver. En este sentido, el futuro prosecretario de Presidencia sostuvo que el GT “puede encontrar elementos de gran ayuda para aportar a los expedientes”.

“Se trabajará con un concepto amplio del término ‘archivo’”, indica el documento fundacional del GT. Sobre la base de casos concretos “se deberán iniciar investigaciones ordenadas que impliquen la obtención, estudio y sistematización de la información que surja de diversa documentación dispersa en diferentes instituciones públicas y privadas. A partir de esta información, se realizará la reconstrucción o ‘trazabilidad’ de los acontecimientos en cada caso”, añade el texto.

También deberán elaborar un informe sobre el estado de situación del acceso a la información que pueda contener elementos de interés para las investigaciones judiciales o extrajudiciales vinculadas al período de la dictadura. Relevarán y propondrán la reordenación de los criterios de acceso a la información, de acuerdo con la normativa vigente, para unificar la respuesta de los organismos del Estado.

Desde la Asociación de Madres y Familiares, Ignacio Errandonea remarcó la diferencia que representa el compromiso de Vázquez respecto de la coyuntura actual de dar acceso a esta información específica sobre los casos de desapariciones forzadas y otros delitos de lesa humanidad: “Tenemos expectativas respecto a la creación de este grupo de trabajo. Esta vez no se habla de ‘perdón’, sino de ‘verdad y justicia’, que es lo que queremos”. Añadió que, aunque son optimistas, mantienen cierto grado de escepticismo: “Se avanzó muy lentamente. Siempre hemos colaborado y por eso aceptamos esta nueva propuesta del gobierno”.

Mediante un comunicado, Familiares llamó a que el GT tenga un rol “proactivo” en la búsqueda de la verdad, “sin límites ni prejuicios en relación al universo que debe investigar e interpelar”, y que existan “mensajes inequívocos en la elaboración de políticas públicas en materia de derechos humanos” y se logre una “justicia integral”. Además, reiteraron su “honda preocupación” por la permanencia en el cargo del ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, y sobre “los alcances” de las recientes expresiones públicas del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, cuando al asumir su cargo dijo que era “poco optimista” respecto de encontrar más datos sobre desaparecidos.

Orden y acceso

El GT organizará el registro de los testimonios de toda persona que desee prestarlos voluntariamente en calidad de víctima, familiar, testigo o cualquier otra vinculación con los delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura, que tendrá las condiciones necesarias para su uso judicial.

Si las hubiere, el GT analizará las denuncias relacionadas a la existencia de documentación -a la que, por el motivo que fuere, aún no se haya logrado acceder- a fin de darles respuesta. También efectuará un seguimiento del cumplimiento de las sentencias dictadas contra el Estado y evaluará el cumplimiento de las leyes reparatorias.