La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) definió sanciones para seis implicados en los hechos de corrupción que terminaron con el procesamiento con prisión del dirigente Heber Tejeira, sin prisión para Alfredo Silva, quien fue representante de los trabajadores en el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), y los de otros empleados y empresarios. Según explicó a la diaria el secretario general de la FFSP, Pablo Cabrera, se definió la expulsión de un funcionario involucrado y se esperará a que Tejeira salga de la cárcel para poder continuar con el trámite de su expulsión de acuerdo con el “debido proceso”, porque al estar privado de libertad no se lo puede notificar de la sanción y tampoco tiene lugar para presentar sus descargos.

En el caso de Silva, la FFSP resolvió suspenderlo durante cinco años. También se dispuso la suspensión de tres funcionarios más, todos implicados en el accionar de la empresa Buena Estrella, que brindaba servicios a distintos prestadores públicos de salud. Cabrera dijo además que el directorio de la federación no pudo alcanzar la unanimidad en las resoluciones sobre las sanciones, pero sostuvo que esto es algo “natural” ante la “complejidad” de la situación. De todas formas, indicó que la totalidad del directorio estuvo de acuerdo en cuanto a la gravedad de los hechos por los que la Justicia terminó procesando a los trabajadores de la salud.

El tema había sido derivado a la Comisión de Ética de la FFSP, que a mediados de enero cerró un escueto informe en el que recomendaba la suspensión de todos los funcionarios implicados por un período de entre dos y diez años. El directorio de la federación tomó el informe como principal insumo a la hora de definir las sanciones.

Los hechos

La investigación judicial pudo comprobar que los trabajadores de la asociación civil Buena Estrella, que brindaba servicios de limpieza en el hospital Maciel, registraban su asistencia en el hospital pero lo que hacían en realidad era cumplir horas de capacitación en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Pese a que esas horas debían correr por cuenta de Buena Estrella, las pagaba ASSE, y en total fueron 75.000 dólares que ASSE pagó sin tener que hacerlo. De acuerdo con lo que concluyó el fiscal del caso, Gilberto Rodríguez, tanto Silva como Tejeira actuaron en la conformación de Buena Estrella, a la que además “respaldaron en diversas gestiones” para lograr “vincularla contractualmente en diversas instituciones sanitarias, como el Instituto Nacional del Cáncer, el Hospital de Pando y el de Rivera”. El fiscal también señaló que los dirigentes aportaron información de interés para que la empresa licitara con buenos precios, “realizando ofertas que resultaran inmejorables y así ser contratada, en ocasiones incluso, mediante contratación directa”.

Además, la investigación comprobó que Tejeira recibió giros de varias empresas que prestaban servicios a ASSE, en “retribución a la intervención que lograba” para ellas, y, de acuerdo al dictamen de Rodríguez, también amenazaba a las empresas con “generar conflictos sindicales”. Los empresarios pagaban coimas para evitar problemas internos o para acelerar los trámites de pago en beneficio de sus firmas.

Preocupados

Ante estos hechos, que rápidamente tomaron estado público e incluso generaron la interpelación de la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, y de la directora de ASSE, Beatriz Silva, el 21 de julio del año pasado una mesa representativa del PIT-CNT resolvió crear una comisión para definir el nombre del próximo representante de los trabajadores en ASSE, en sustitución de Alfredo Silva, que será propuesto al Poder Ejecutivo. Cabrera se mostró preocupado por este tema, porque para el dirigente sindical lo principal es cumplir con la ley de descentralización de ASSE, que indica que su directorio está compuesto por cinco directores en igualdad de condiciones y que uno de ellos será el representante de los trabajadores. Desde la destitución de Silva, ese cargo no se ha ocupado, y en la FFSP no saben cuándo podrá llegarse a una propuesta, porque el tema “depende del PIT-CNT”, explicó Cabrera.

Según añadió, el futuro director de ASSE por los funcionarios deberá ser trabajador en cualquiera de las dependencias del organismo público y estar afiliado al sindicato, lo que para Cabrera genera que “el universo de selección se acote bastante”. Según añadió, el tema fue discutido “con preocupación” en el último Secretariado Ejecutivo de la central sindical.